La disputa entre grupos del crimen organizado por el control del trasiego de drogas y tráfico de personas en los límites entre Baja California y Baja California Sur se ha intensificado, generando una crisis de inseguridad que mantiene en alerta a comunidades rurales del municipio de San Quintín.
La información recabada con residentes y agentes de investigación asignados a las delegaciones del sur, informaron que los enfrentamientos entre facciones vinculadas a Los Chapitos y La Mayiza se concentran en las rutas que cruzan el Paralelo 28, límite entre los dos estados.
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La Chapiza está dirigida por los hermanos Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “Chapo” Guzmán, exlíder de la agrupación, quienes iniciaron un sangriento pleito por la supuesta traición que derivó en la captura en los Estados Unidos del capo Ismael “Mayo” Zambada.
Como resultado de esta ruptura criminal se esperaba el inicio de una guerra por el control de las operaciones delictivas en el estado fronterizo de Baja California.
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Desde entonces, los grupos rivales han incursionado en territorios de La Chapiza mediante diversas estrategias, que van desde hacerse pasar por prestadores de servicios de empresas privadas hasta simular ser servidores públicos, con el objetivo de burlar los filtros de seguridad impuestos por el grupo contrario.
En el caso del sur y norte de Baja California y Baja California Sur, a finales del 2024 comenzó la llegada de grupos armados que, por las condiciones del terreno desértico y el clima extremo, reclutaron criminales jóvenes y foráneos principalmente de los estados de Sinaloa y Durango.
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El pasado 1 de junio, siete jóvenes originarios de Bahía de los Ángeles, en el Golfo de California, estaban siendo buscados por sus familiares, luego de que Edgar Alberto Díaz Zurita, alias el Chino Díaz, presunto jefe de plaza de Los Chapitos en esa delegación, los reclutó para llevarlos a la Misión San Borja en la costa del Pacífico.
Después de ese día nadie supo más de ellos hasta que una llamada de agentes federales alertó sobre la presencia de restos humanos en estado de putrefacción en un punto medio conocido como Misión San Borja. Ahí estaban los siete cuerpos de los jóvenes de 17 hasta 21 años. Todos tenían lesiones por disparo de arma de fuego y sus cuerpos estaban sepultados.
Tras el hallazgo de los cadáveres, la fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, informó que por las características de la agresión era evidente que se trataba de la participación de grupos criminales. Mencionó que desde entonces ya estaban trabajando de manera coordinada con la Procuraduría en Baja California Sur en asuntos de peritaje de los distintos homicidios ocurridos en la franja.
Fuentes de la Fiscalía informaron que la violencia ha dejado un número indeterminado de homicidios dolosos, donde los cuerpos han sido localizados en áreas despobladas del desierto, mientras que de otros no vuelven a tener información.
FAMILIAS SUSPENDEN CLASES EN JESÚS MARIA MIENTRAS CAPOS PATRULLAN
Habitantes de la delegación de Villa Jesús María reportaron la presencia de hombres armados a bordo de camionetas, el pasado 11 de diciembre, que por algunas horas recorrieron el poblado ubicado estratégicamente en la frontera estatal.
Testigos afirmaron que eran al menos diez sujetos haciendo recorridos; algunos intercambiaron palabras con residentes, a quienes les explicaron que el conflicto “no era con la población civil ni con la autoridad”, sino una disputa por la plaza en Baja California Sur, atribuida a gente ligada a Ismael “Mayo” Zambada.
Pese a estos intentos por calmar a la población, el temor se extendió entre los habitantes que, como medida preventiva, decidieron suspender las clases el viernes 12 de diciembre.
Esta decisión fue tomada por la comunidad ante la falta de condiciones de seguridad, según se expuso en la Mesa de Seguridad.
La región ya había sido escenario de hechos similares en distintos eventos sucedidos en el 2025, pero en noviembre, cuando circularon audios de un enfrentamiento armado en la zona de El Arco, también en la delegación de Villa Jesús María, donde se escuchan consignas entre ráfagas de disparos alusivas a ambos grupos criminales.
Las brechas que conectan rancherías como El Paraíso, La Libertad, San Pedro, Las Palomas, Santa Cruz, El Cañón, Santa Margarita y Pozo Alemán, hasta los límites con Guerrero Negro, han sido identificadas como corredores estratégicos para el crimen organizado, utilizados para el tráfico de drogas, personas y productos marinos, tanto por vía terrestre como aérea, mediante pistas clandestinas en zonas con escasa o nula vigilancia.
De acuerdo con reportes preliminares, en el lugar quedaron al menos cinco vehículos abandonados y una persona sin vida. En este altercado, las autoridades sólo reconocieron a una persona fallecida, cuyo cuerpo fue trasladado por la Unidad de Homicidios a la cabecera municipal para su identificación.
Autoridades castrenses informaron que se trató de un enfrentamiento entre elementos de la Sedena con personas armadas, pero las imágenes captadas en videos reflejan que se trató de un altercado entre sicarios donde hubo al menos 15 hombres lesionados.
Además de las personas que integran las filas de las organizaciones criminales, cuentan con sistemas de alta tecnología, ya que es una región donde no hay señal de comunicación, por lo que se transportan con sistemas de circuito cerrado, como consta en las imágenes satelitales.
En una de esas imágenes, se pueden ver los vehículos destrozados por las balas, y los heridos fueron levantados por el grupo armado que emboscó.
La seguridad en toda esa área está a cargo de oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), con una base instalada en el Paralelo 28, donde a diario transitan integrantes de ambos grupos delictivos. De norte a sur, también hay filtros de seguridad de la misma defensa nacional.
La infraestructura castrense en ese punto clave donde conviven los capos, ha generado señalamientos de un presunto apoyo logístico para el cruce de vehículos, algunos con blindaje artesanal, y armamento, que ha sido recuperado por la autoridad estatal cuando se registran enfrentamientos armados.
