El exdirector de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ensenada, Gabriel Lima Melgar, no asistió a la primera audiencia a la que fue citado por Sindicatura Municipal para que presentara la pruebas a su favor en el caso de un intento de soborno a la codirectora de ZETA, Adela Navarro Bello, en las oficinas del Semanario el lunes 15 de diciembre de 2025.
Una semana después de que entregara “de parte de la alcaldesa” un sobre lleno de billetes de 500 pesos (que le fue regresado), el lunes 22 de diciembre, el exdirector de Comunicación Social fue citado a declarar ante la Sindicatura Municipal, en la carpeta de investigación que le iniciaron posterior a la publicación del texto “Billetes”, en la columna DICHOZ Y HECHOZ de ZETA, donde se describe el intento de soborno de Lima a nombre de la alcaldesa Claudia Agatón.
Publicidad
De acuerdo con el síndico procurador Eli Oviedo, la inasistencia de Lima Melgar no representa un riesgo para el proceso, pero sí una posibilidad menos para que él ofrezca pruebas a su favor.
“Lo cierto es que el día de hoy era la oportunidad que tenía dentro de la investigación para desvirtuar los señalamientos o declarar sobre lo ocurrido”, dijo el síndico, y reconoció que esa no es una conducta común entre los servidores públicos.
Por su parte, la presidenta municipal, Claudia Agatón Muñiz, reaccionó (el mismo viernes 19 de diciembre) ante la publicación de la información en la edición impresa de ZETA, con un comunicado de prensa en el cual se deslindó de los actos cometidos por su director de Comunicación Social, y anunció la salida de Lima del ayuntamiento.
Publicidad
Sin embargo, en el comunicado la alcaldesa, descartó que su gobierno tenga intenciones de iniciar una investigación para dar con el origen de los recursos económicos con que Lima Melgar viajó hasta las oficinas del Semanario ZETA en Tijuana para entregar en efectivo.
Incluso, en el mismo comunicado, Agatón presumió haber tenido una llamada telefónica con la codirectora, Adela Navarro Bello, en la que se desmarcó de los actos cometidos por su director de Comunicación (el intento de soborno), aunque no se comprometió a investigarlo.
Publicidad
Esa llamada tuvo lugar la mañana del 19 de diciembre. Agatón Muñiz, de entrada, afirmó a la codirectora de ZETA: “Oye… No, lo que pasa, lo que sí te quiero decir, porque sí quiero sobre todo seguir conservando ese acercamiento contigo, es que Lima no me dijo nada”.
La Codirectora del Semanario respondió: “Pues, fue muy enfático”.
Agatón insistió: “Nada. Lima se ofreció a ir físicamente porque iba a revisar el 26, como habíamos quedado por teléfono. Ahorita acabo de hablar con él. Ahorita le dije: ‘Pero ¿por qué…?’. ‘No, pues es que a mí se me hizo fácil, no’.
“Él fue muy enfático. Muy, muy, enfático que era de tu parte”, afirmó Navarro Bello en relación al origen del sobre con los billetes de 500 pesos.
La alcaldesa continuó: “…que es la ruta de ella financiera para el 26 (convenio), güey. ‘Sí, pero se me hizo fácil’, me dijo. Pues sí güey, pero pues la morra no se maneja así, o sea, parece que no la conoces. No… ‘es que yo pensé que esto, pues le pido una disculpa’; sí, güey, pero ya la ofendiste. Años tiene ella ahí con su ruta formal y todo.”
“Oye… ‘No, yo ya no te dije nada’, me dijo, porque, pues, ‘yo ya no sabía qué podía pasar’. Pues sí, pero mira… ahorita tengo que cambiarlo, no lo puedo dejar ahí. Y parece nuevo, digo, pues tienes que tener mucho cuidado Lima, eso no lo puedes hacer, menos en esas circunstancias, ¿no?”.
“O sea, yo lo mandé porque él, de hecho, le dije: ‘Puedes ir tú a hacer esto: llévale esto, llévale la canasta de mi parte’. Ah, sí, pues entra. Y ya, ni siquiera sabía que iba con su hijo, ni siquiera sabía que iba a hacer eso, pues ahorita acabo de hablar con él, le dije: ‘No, güey, no hagas eso’”, explicó Agatón en la conversación telefónica con la codirectora.
Ante la información de que fue el propio Gabriel Lima quien refirió, frente a su hijo, a quien llevó a las oficinas de ZETA, que el sobre era de parte de ella, Agatón insistió: “No, no, no, no, no fue de mi parte, no fue de mi parte. Ni siquiera sé qué cantidad, ni nada; no, desconozco completamente la verdad. O yo me acabo de enterar ahorita, ahorita, ahorita que agarré y abrí el este que me lo mandaron; dije, ah, caray”.
En la misma conversación telefónica, Navarro Bello le preguntó a la presidenta municipal de Ensenada: “¿Y vas a investigar de dónde proviene el recurso?”.
“No tengo dinero yo, de verdad, no tengo dinero yo; ha sido una ruta bien descalabrada. Y obviamente, pues allá la información yo hice mi corte y dije: ‘Yo hasta aquí respondo, y además lo dejamos allá en lo Nacional’”, fue como la alcaldesa esquivó el cuestionamiento de la codirectora de ZETA.
Ante la insistencia de si iba a realizar alguna investigación, la alcaldesa respondió: “Te dejo eso a ti”.
ANTES DE QUE LLEGARA SINDICATURA, LIMA SALIÓ DE LA OFICINA CON DOS CANASTAS NAVIDEÑAS
La salida del entonces director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ensenada, Gabriel Lima, fue rápida y sin despedidas, apenas unos minutos antes de que personal de la Unidad Investigadora de la Sindicatura Municipal llegara a él para notificarlo.
El viernes 19, el día de la publicación, llegó Lima a la hora habitual y hasta las 11 de la mañana permaneció activo, dando indicaciones y trasladándose entre su oficina y el edificio de la Presidencia Municipal.
Ese viernes, los empleados del área lo esperaban al mediodía, ya que él mismo los había invitado a un brindis navideño en el comedor. Sin embargo, como a esa hora, fue visto descender al sótano del edificio y solicitó a dos de los compañeros que le bajaran a su vehículo las dos grandes canastas navideñas que le habían sido obsequiadas el mismo día en su oficina. Así fue su salida, sin despedidas.
Dos días después de dejar el cargo, Gabriel Lima se comunicó con sus excompañeros de trabajo mediante un mensaje enviado a un grupo de WhatsApp, en el que se despidió y señaló que su hijo Santiago había sido expuesto de manera indebida en medios de comunicación.
Esto lo publicó a pesar de que fue el propio funcionario, su padre, quien por razones que se desconocen, llevó al joven a las oficinas del Semanario ZETA; de hecho, en la imagen publicada se ve cómo entra el funcionario y detrás de él su hijo, a quien también le permitió entrar a la reunión con la codirectora en la sala de entrevistas del Semanario, dejándole con ello que estuviera presente para ser testigo de una acción que actualmente es objeto de investigación por parte de las autoridades.
El mensaje de Lima fue el siguiente:
“Hola buen día a todos los de este grupo, solo quiero agradecerles todo el apoyo que me dieron este año y medio que fui el director… créanme que siempre quise ayudarlos y apovarlos en todo lo que estuviera en mis manos. Si me voy triste por la manera que se condujeron y exhibieron a mí y a mi hijo, es lo más vil y no le deseo le pase nunca a nadie. Dios sabe cómo Fueron las cosas y con eso me quedo… creo ustedes también saben cómo Fueron. Solo quiero decirles que apesar de todo lo que estoy viviendo confio mucho en Dios y él es el que me da las fuerzas y por algo pasan las cosas Donde esté y donde ande próximamente se los haré saber y cuentan conmigo… Recuerden siempre algo… todas las cosas pasan para bien, con un propósito aunque no lo entendamos Dios nos está librando de algo y tenemos un Dios que es bueno. Bendiciones y que tengan felices fiestas con sus seres queridos y amigos… y no olviden que lo más importante es su familia.
“Atte Su ex jefe Lima” [sic].
TODA INVESTIGACIÓN SURGE DE UNA SOSPECHA FUNDADA
Ante la negativa del síndico procurador, Eli Oviedo, de dar a conocer cuáles serían las posibles faltas administrativas o penales en las que habría incurrido el director de Comunicación Social, bajo el argumento de que aún no se cuenta con información suficiente, abogados especialistas coinciden en que toda investigación debe partir de una sospecha fundada.
Para el abogado Guillermo Rivera Millán, director general del despacho De La Peña-Rivera y director general de Justicia Cívica que Transforma a México, el caso tiene diversas aristas y no se limita únicamente a la posible participación de un funcionario público en un acto sujeto a la sindicatura.
“Lo primero que debe preguntarse es por qué tipo de faltas administrativas (simples o graves) se abrió la investigación”, señaló.
De acuerdo con el catálogo de conductas previstas en la Ley de Responsabilidades Administrativas, un servidor público puede incurrir, por acción u omisión, en faltas como cohecho, peculado o desvío de recursos públicos.
Dado que el caso involucra a periodistas, también podrían configurarse conductas como uso indebido de información, abuso de funciones, conflicto de interés, corrupción o tráfico de influencias.
Además, advirtió que existe una vertiente penal, ya que el Código Penal del Estado contempla un capítulo específico sobre delitos de corrupción de servidores públicos, los cuales se persiguen de oficio, aun cuando no exista denuncia por parte del ofendido.
Incluso, el propio municipio podría presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por posibles actos o conductas delictivas previstas en la legislación penal estatal.
En términos generales, esta situación pondría en duda el actuar del área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ensenada.
“En ese sentido, me parece que tendría que realizarse una investigación mucho más amplia, particularmente sobre las contrataciones que ha llevado a cabo el municipio y en las que haya participado este funcionario. Habría que revisar el manejo de los recursos, la transparencia y si existieron actos de soborno, corrupción, uso indebido o contrataciones irregulares con dinero público; lo cual pondría en entredicho todo el esquema de comunicación social, contratación de publicidad, medios y periodistas”, afirmó.
Recordó que el Semanario ZETA ha publicado información cuya repercusión no se limita al ámbito municipal de Ensenada, sino que alcanza el plano estatal e incluso federal.
Añadió que dicho medio suele difundir investigaciones relacionadas con el crimen organizado, materia de competencia federal, por lo que tanto el municipio de Mexicali como el Poder Ejecutivo estatal podrían dar vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Secretaría de la Honestidad de Baja California, para descartar la existencia de actos u omisiones que involucren responsabilidades estatales o federales.
Desde su perspectiva, la Sindicatura Municipal debió identificar desde un inicio los indicios del tipo de conducta presuntamente cometida y su posible tipificación como infracción administrativa sujeta a investigación.
Advirtió que, si la investigación se limita a una sola conducta, será únicamente esa la que la Sindicatura indague.
El hecho de que el expediente se haya iniciado de oficio no impide que otras autoridades, el propio Semanario ZETA o terceros presenten denuncias por conductas adicionales, lo que podría derivar en nuevos procedimientos administrativos o denuncias penales.
IMPLICACIONES LEGALES Y MORALES
De acuerdo con el abogado, la inacción de las autoridades en este caso podría tener serias implicaciones para la libertad de expresión.
En el ámbito de las políticas públicas, señaló que durante la actual administración se ha cuestionado el presunto silenciamiento de medios y la presión ejercida para reducir la libertad de expresión, por lo que este hallazgo pone en entredicho el manejo de la contratación de periodistas, publicidad y medios de comunicación.
“Máxime considerando el amplio presupuesto que tienen los gobiernos municipal y estatal para contratar publicidad, definitivamente este tema tendría que investigarse a fondo”, subrayó.
A su juicio, este caso “abre la caja de Pandora”, ya que obligaría a revisar no sólo al municipio de Ensenada, sino también a los siete municipios del estado, al gobierno estatal y a los organismos descentralizados y autónomos.
Respecto al manejo de dinero en efectivo, indicó que se trata de un tema prioritario, pues los recursos públicos no se entregan en efectivo, sino que están previamente etiquetados y autorizados. En este punto, consideró que correspondería a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) atender esa vertiente de la investigación.
Finalmente, Rivera Millán subrayó que hoy más que nunca es urgente transparentar los métodos de contratación de los medios de comunicación y promover reformas que establezcan reglas claras.
“No se puede jugar con la información que se le brinda a la ciudadanía, ni especular sobre su manejo, y menos desde el servicio público. Es momento de discutir una modificación a la Ley de Periodismo de Baja California, y establecer candados que protejan la autonomía e independencia de los medios y del ejercicio periodístico”, concluyó.
