Jueza dicta prisión preventiva justificada a César Duarte por lavado de dinero

La jueza de control María Jazmín Ambriz López dictó prisión preventiva justificada al ex gobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras una audiencia de más de 14 horas que concluyó el 10 de diciembre de 2025 a las 2:00 de la madrugada, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al ex mandatario el presunto desvío de 96 millones 685 mil 254 pesos del erario estatal a dos empresas de su propiedad, de los cuales 73 millones 925 mil 995 pesos fueron supuestamente introducidos al sistema financiero mediante ocho operaciones. El ex gobernador permanecerá recluido en el Penal del Altiplano mientras se desarrolla el proceso.

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Duarte Jáquez ingresó formalmente al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano” a las 01:40 horas del 9 de diciembre de 2025, luego de ser detenido el día anterior a las 14:43 horas en la lateral del Periférico de la Juventud, en la colonia Jardines de San Francisco, en la ciudad de Chihuahua. La audiencia inició con dos horas de retraso respecto a la hora programada de las 9:00 horas.

Según la imputación de la FGR, entre junio de 2011 y noviembre de 2014, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua transfirió los recursos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, de las cuales Duarte Jáquez fungía como accionista mayoritario. Diversos depósitos se realizaron desde la “cuenta deudora” para gastos de emergencia del estado, mecanismo que permitía liberar el dinero sin justificación.

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La Fiscalía de Asuntos Relevantes de la FGR, encabezada por Manuel Granados Quiroz, presentó 120 datos de prueba, entre los que se incluyeron dictámenes periciales, declaraciones ministeriales, actas constitutivas y comprobantes de operaciones bancarias. Según la indagatoria, testigos declararon que los pagos se realizaban con base en contratos ficticios ejecutados por instrucciones de Duarte Jáquez, tanto de manera personal como a través de terceros, entre ellos Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien simultáneamente ocupaba cargos en el Gobierno estatal y en las empresas del ex gobernador.

Hermosillo Arteaga fungió como director del Fideicomiso para la Promoción de Actividades Productivas y director general de Administración de la Secretaría de Finanzas estatal, al tiempo que era oficial, accionista de Financiera de la División del Norte y representante legal de Unión Ganadera.

Según la FGR, las empresas de Duarte Jáquez transfirieron tres cuartas partes de los recursos desviados a razones sociales como Acala, Pavimentos y Servicios de Parral, y Valles Baca Hermanos, así como a otras empresas de su propiedad como El Saucito de Balleza e Hidroponia de Parral. Algunos depósitos fueron triangulados hacia su esposa Bertha Olga Gómez Fong.

El ex mandatario se reservó su derecho a declarar. Durante la manifestación de sus datos generales, indicó ser mexicano de nacimiento y padecer cierto grado de discapacidad de movimiento derivado de una cirugía de columna vertebral y cervicales. Al señalar que hablaba la lengua tarahumara o rarámuri, la jueza Ambriz López decretó un receso para gestionar un traductor, aunque posteriormente Duarte Jáquez aclaró que no era necesario intérprete porque hablaba y entendía perfectamente el español. “Dije que hablo el dialecto tarahumara porque he convivido con ellos toda la vida”, expresó el ex gobernador.

Al inicio de la audiencia, el abogado Carlos Ríos solicitó la cancelación de la orden de aprehensión, argumentando que la nota diplomática 03890 del 8 de noviembre de 2024, mediante la cual México solicitó a Estados Unidos autorización para procesar a Duarte Jáquez por esta nueva imputación, no existía en la carpeta de investigación. Asimismo, señaló que la nota diplomática de respuesta del Gobierno estadounidense, fechada el 2 de diciembre de 2025, carecía de número, sellos de recepción, apostilla, número de causa penal y nombre del funcionario firmante. “A Duarte lo pretenden llevar a proceso con una nota diplomática que no tenemos y una autorización que no tiene sellos”, declaró Ríos.

La jueza Ambriz López determinó que no tenía atribución para cancelar una orden de captura librada por otro juzgador y que dicha impugnación debería presentarse ante un tribunal de apelación. La juzgadora también consideró legal la detención del ex gobernador.

La orden de aprehensión fue librada el 16 de mayo de 2024, pero las autoridades federales tardaron más de un año y medio en ejecutarla debido a que Estados Unidos demoró un año y dos meses en otorgar el permiso para procesar al ex mandatario por esta imputación, distinta a la que motivó su extradición. El Gobierno de Estados Unidos concedió la autorización el 4 de diciembre de 2025.

Esta imputación tiene su origen en una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 12 de junio de 2019, ampliada el 12 de mayo de 2022. La audiencia para determinar si Duarte Jáquez será vinculado a proceso se realizará durante el fin de semana del 14 y 15 de diciembre de 2025.

Duarte Jáquez, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, fue extraditado desde Estados Unidos el 2 de junio de 2022 para enfrentar un proceso por peculado y asociación delictuosa en el fuero común. Permaneció recluido en el Penal de Aquiles Serdán hasta junio de 2024, cuando le fue modificada la medida cautelar para continuar su proceso en libertad con brazalete de localización. En 2023, con autorización de Estados Unidos, fue vinculado a proceso por otro peculado de 120 millones de pesos.