El ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, fue inhabilitado por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), por un periodo de tres años, derivado del proceso de contratación y firma del contrato con la empresa Next Energy, para la construcción de la planta fotovoltaica que no se llevó a cabo.
Hay que recordar que la administración del entonces morenista, ahora petista, signo un contrato con la empresa regiomontana para construir una planta solar de energía, la cual costaría alrededor de 40 mil millones de pesos.
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El Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 117/IPRA/2022 concluyó emitir una sanción en contra del político tijuanense por el delito de abuso de funciones, derivado de las acciones realizadas para contratar a la empresa, lo cual se hizo mediante una iniciativa presentada ante el Poder Legislativo, que tras su aprobación se colocó en el decreto 88.
“El presunto responsable en su declaración rendida por escrito (visible a fojas 1998 a la 2028 de autos) en la audiencia inicial de veintisiete de julio de dos mil veintidós, al referirse a la imputación contenida en el IPRA, admitió expresamente que el trece de julio de dos mil veinte en su calidad de Gobernador del Estado, por conducto del Secretario General de Gobierno, presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Baja California para que directamente o a través de entidades paraestatales, celebre un contrato plurianual para el suministro calificado de energía eléctrica derivada de una planta generadora de energía solar fotovoltaica”, refiere el documento donde se agrega que mediante el Secretario General de Gobierno, se llevó a cabo el procedimiento el 29 de octubre del 2020.
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La sanción decretada el 8 de diciembre por Leticia Castro Figueroa, Primer Secretaria de Acuerdos de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, quien determinó que Bonilla Valdez participó directamente en el procedimiento que concluyó en la contratación irregular realizada por el gobierno bonillista.
Al ser cuestionada por ZETA, Gabriela Monge, titular de la Secretaría Anticorrupción, confirmó la sentencia emitida por el tribunal y asaguró que tanto Bonilla como su equipo cercano tenía 5 procedimientos vinculados a presuntas irregularidades, mismas que datan del año 2022.
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Cabe señalar que la sanción aún puede recurrirse ante instancias superiores, pero en tanto, el petista está imposibilitado para ocupar cargos públicos de este momento hasta el 2028, lo que le impediría competir por un cargo de elección popular en 2027, si se mantiene la sentencia hasta entonces.
