La Fiscalía General de la República (FGR) informó, el 18 de diciembre de 2025, su postura respecto a la solicitud realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para transparentar la situación jurídica de Raúl Rocha Cantú, empresario y propietario de la franquicia Miss Universo. El organismo constitucional autónomo precisó que se encuentra en proceso de revisión de los expedientes relacionados con el ciudadano mencionado para proporcionar la información correspondiente bajo los principios de legalidad y debido proceso.
Esta respuesta institucional surge luego de que la presidenta de la República, durante su conferencia matutina del día 17 del mismo mes y año, fuera cuestionada sobre los antecedentes legales del empresario. La mandataria nacional instó a la FGR a informar si existen investigaciones vigentes o mandamientos judiciales pendientes en contra de Rocha Cantú, con el objetivo de garantizar la transparencia en relación con figuras de alta visibilidad pública y empresarial en el país.
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Según el comunicado oficial de la FGR, la institución se comprometió a entregar un reporte detallado que aclare si el titular de la organización de certámenes de belleza tiene carpetas de investigación abiertas o registros de antecedentes penales. El organismo subrayó que el manejo de dicha información se realizará con estricto apego a las reservas de ley que protegen los datos personales y el curso de las indagatorias en trámite.
Raúl Rocha Cantú ha estado vinculado a diversos sectores empresariales en México, y recientemente adquirió relevancia internacional tras asumir la propiedad total de la organización Miss Universo. Respecto a la petición del Ejecutivo Federal, la FGR señaló que “se actuará conforme a derecho y se informará de manera puntual sobre los registros que obren en esta fiscalía respecto al ciudadano en cuestión”, garantizando que no habrá opacidad en el proceso.
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El caso ha generado interés público debido a menciones previas en diversos espacios informativos sobre presuntos nexos o investigaciones pasadas relacionadas con el robo de combustible o “huachicol”, así como con el tráfico de armas. No obstante, hasta el momento, la Administración encabezada por Sheinbaum Pardo ha mantenido una postura de neutralidad, limitándose a requerir que la autoridad ministerial competente verifique y publique el estatus legal actual del empresario involucrado.
La entrega del informe por parte de la FGR permitirá determinar si existen impedimentos legales o procesos jurisdiccionales que deban ser del conocimiento de la opinión pública. La institución federal no fijó una fecha exacta para la presentación final de los resultados de esta revisión, pero aseguró que la prioridad es resolver la solicitud de la titular del Poder Ejecutivo Federal para mantener la integridad de las instituciones y la claridad informativa.
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