La Fiscalía General de la República (FGR) promovió una demanda de extinción de dominio para que el Estado mexicano se quede con mil 595 millones de pesos, equivalentes a 87 millones de dólares, por sospechas de lavado de dinero vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El monto representa el triple de lo obtenido mediante esa figura jurídica durante todo el sexenio anterior.
Según lo reveló el diario Reforma, el 14 de diciembre de 2025, la demanda fue presentada el 4 de noviembre del mismo año, contra dos empresas jaliscienses, Agro Corona y Comercializadora Llanos Azules, así como contra cinco personas físicas: Oscar Antonio Álvarez González, Ignacio Corona Vizcaíno, Ignacio Corona Orozco, Luz María del Socorro Orozco Gómez y Silvina González Cobián.
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Álvarez González fue detenido el 11 de septiembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuando llegaba procedente de Barcelona, España. Las autoridades lo acusan de delincuencia organizada y de lavar dinero para los líderes del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, mediante un esquema de compra de propiedades y empresas de los sectores tequilero y ganadero.
De Corona Vizcaíno, Corona Orozco, Orozco Gómez y González Cobián no existen referencias públicas sobre vínculos con el CJNG. Corona Vizcaíno, residente de Ciudad Guzmán, fue director de Tequilera El Triángulo, maquiladora con sede en Sayula, Jalisco, con capacidad de producción de hasta 100 mil litros diarios de tequila.
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Según registros judiciales, Corona Orozco fue incluido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su lista de personas bloqueadas el 6 de septiembre de 2024, derivado de avisos y reportes de operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes. El 23 de agosto del mismo año, la UIF había presentado denuncia penal por lavado de dinero contra Corona Orozco y otras personas ante la FGR.
Previo a la demanda de extinción, la FGR había solicitado en abril de 2025 el aseguramiento del dinero ante otro juzgador. Desde entonces, los afectados promovieron amparos para defender sus cuentas bancarias, todas abiertas en HSBC, salvo la de Álvarez González, radicada en Actinver. Corona Orozco logró una suspensión contra el bloqueo de la UIF, aunque el aseguramiento judicial representa una medida distinta. Las suspensiones obtenidas por algunos afectados únicamente les permiten acceder a fondos adicionales a los demandados por la FGR.
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La extinción de dominio es un juicio civil que no requiere sentencia penal por algún delito para que el dinero sea incautado en favor del Gobierno Federal. Entre 2019 y 2024, la FGR obtuvo el equivalente a 572 millones de pesos mediante procesos de extinción de dominio, según un informe presentado en enero de 2025.
Por su magnitud, el caso resulta comparable con el del traficante de precursores químicos Zhenli Ye Gon, a quien le fueron decomisados 206 millones de dólares y 17 millones de pesos en efectivo en una mansión de Las Lomas, en la Ciudad de México, en 2007. Aquel aseguramiento equivalió a dos mil 238 millones de pesos. En esa época no existía la extinción de dominio, por lo que fue necesario un proceso penal para decretar el decomiso del dinero, que se distribuyó entre la entonces Procuraduría General de la República (PGR), el Poder Judicial de la Federación y la Secretaría de Salud.
