La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó, el 13 de diciembre de 2025, que la investigación penal contra María Amparo Casar Pérez, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), fue judicializada desde septiembre pasado bajo la conducción del ex fiscal general Alejandro Gertz Manero, y no de la actual titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos.
En un comunicado, la FGR precisó que el Ministerio Público Federal analiza la indagatoria para verificar que haya sido integrada conforme a derecho, luego de que el asunto fue llevado ante un juez federal meses atrás. “El Ministerio Público Federal analiza detalladamente la indagatoria, a efecto de verificar que haya sido integrada conforme a derecho, una vez que fue judicializada en el mes de septiembre y no recientemente, como algunas versiones lo han señalado erróneamente”, señaló la dependencia.
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La Fiscalía rechazó que exista una persecución política o actuación por consigna en el caso de la presidenta de MCCI, quien fue citada a audiencia inicial para el 16 de diciembre de 2025 ante Diana Selene Medina Hernández, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. Casar Pérez será imputada por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, derivado del cobro de una pensión vitalicia otorgada por PEMEX tras la muerte de su esposo.
“La FGR trabaja para realizar investigaciones en el marco de la ley, sin sesgos de ningún otro tipo que no sea el marco jurídico, con la finalidad de respetar los derechos de todas las personas. Es absolutamente falso que esta institución trabaje por consigna, como dolosamente se ha señalado en algunas publicaciones en redes sociales”, subrayó la institución.
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La diligencia judicial se llevará a cabo por solicitud de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de la FGR, que pretende que Casar Pérez sea vinculada a proceso por esta conducta, sancionada con 6 meses a 12 años de prisión y multa de 30 a 150 días de salario.
Según los antecedentes del caso, el 10 de enero de 2005 PEMEX otorgó a la analista política una pensión vitalicia por el fallecimiento de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, y desde entonces los pagos se realizaron de manera ininterrumpida hasta marzo de 2024, cuando la empresa productiva del Estado suspendió los depósitos de los que son beneficiarios Casar Pérez y sus dos hijos.
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La presidenta de MCCI presentó un amparo contra la suspensión de la pensión, lo que generó una reacción tanto de PEMEX como del Gobierno Federal. El 5 de abril de 2024, la empresa productiva del Estado presentó una denuncia penal contra Casar Pérez ante la FGR, y 10 días después inició la carpeta de investigación correspondiente.
El Gobierno Federal además demandó a Casar Pérez por 31 millones de pesos y publicó un micrositio con documentos sobre el caso de la muerte de su esposo, así como datos personales. En su conferencia matutina del 3 de mayo de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la presidenta de MCCI de haber modificado el acta de defunción de su esposo -de suicidio a accidente- cuando cayó de la Torre de PEMEX, con el fin de cobrar una pensión mensual de 123 mil pesos.
