La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, de haber sobornado con 10 millones de pesos a la actual mandataria estatal, María Eugenia Campos Galván, y señaló que esa relación de complicidad permitió que la justicia chihuahuense le concediera la libertad provisional en junio de 2024.
Durante la audiencia de imputación celebrada el 9 de diciembre de 2025, en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Manuel Granados Quiroz, fiscal de Asuntos Relevantes de la FGR, argumentó que existía un riesgo elevado de que Duarte Jáquez pudiera darse a la fuga debido a que contaba con una red de cómplices en la entidad norteña, entre quienes incluyó a la gobernadora Campos Galván.
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“Un claro ejemplo de esta red a favor del justiciable es su afinidad y cercanía con la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien, por cierto, fuera parte del esquema de cohecho denominado la ‘nómina secreta’, en la que ella resultó vinculada a proceso en la causa penal 2821/2020, ya que el hoy justiciable la sobornó con 10 millones de pesos. ¿Así o más clara la complicidad existente entre el señor Duarte y la actual gobernadora?”, expuso Granados Quiroz.
El fiscal sostuvo que la red creada por el ex mandatario durante su gestión tenía la capacidad y el alcance necesarios para proveerlo de ayuda económica y personal con el fin de huir y permanecer oculto, lo que representaba un riesgo elevado de sustracción a la acción de la justicia. “Esto ya se pudo ver con toda claridad de la manera tan expedita en la que fue liberado”, agregó.
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La juez federal María Jazmín Ambriz López impuso a Duarte Jáquez la prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, aunque descartó el señalamiento respecto a la presunta complicidad con la gobernadora por considerarlo subjetivo.
La denominada “nómina secreta” fue un esquema mediante el cual Duarte Jáquez presuntamente desvió 360 millones de pesos en favor de líderes políticos y sociales, según investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua difundidas en mayo de 2017. Por este asunto, Campos Galván fue procesada por el delito de cohecho, aunque el Tribunal Superior de Justicia estatal revocó su vinculación a proceso en septiembre de 2021, un día antes de que tomara posesión como gobernadora.
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Durante la audiencia, Granados Quiroz también acusó que la juez de control Hortensia García Rodríguez fue “premiada” con el nombramiento de magistrada después de haber concedido la libertad provisional a Duarte Jáquez en junio de 2024. García Rodríguez accedió a la magistratura mediante elección popular.
“Esta forma tan expedita de ser liberado habla precisamente de esa relación que tiene él, a través de la gobernadora, con todos los poderes estatales; es decir, con el fiscal del estado, con la juez que permitió esa modificación de la medida cautelar, quien resultó premiada por esa situación”, señaló el fiscal.
Granados Quiroz indicó que el proceso penal contra Duarte Jáquez en Chihuahua no había podido llegar a etapa intermedia después de más de tres años debido a la “complicidad institucional” a su favor. Como ejemplos, mencionó que la Fiscalía estatal no se opuso a la solicitud de libertad provisional del ex mandatario cuando cumplió dos años en prisión, y que el Registro Público de la Propiedad de Chihuahua se negó a proporcionar información sobre los bienes del ex gobernador bajo el argumento del “secreto profesional”.
El fiscal calificó la imputación de lavado de dinero contra Duarte Jáquez como “uno de los más grandes escándalos en el país que jamás se hayan vivido en los últimos años”, junto con casos emblemáticos como el del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa.
Hacia el final de la audiencia, el ex mandatario chihuahuense tomó la palabra y acusó al senador Javier Corral Jurado, su sucesor en la gubernatura, de estar vinculado con intereses del narcotráfico. Duarte Jáquez afirmó que era objeto de una persecución política orquestada por Corral Jurado y aseguró contar con un video en el que uno de los operadores políticos del senador advierte que, si él ingresaba al penal del Altiplano, lo iban a matar.
“Yo sí puedo acusar que los intereses que motivan a Javier Corral en la persecución que me dio son precisamente los del narcotráfico. A mí me han acusado de todo, menos de haber respaldado las actividades de esa naturaleza”, declaró Duarte Jáquez.
El ex gobernador argumentó que durante su administración trasladó a cientos de reos de las prisiones estatales de Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc y Parral hacia penales federales, principalmente al Altiplano, con el objetivo de recuperar el control de los centros penitenciarios. La juez Ambriz López pidió a las partes que se abstuvieran de realizar acusaciones sin pruebas y posteriormente dictó la prisión preventiva justificada contra el ex mandatario.
