Con la llegada de Víctor Castro Cosío al Gobierno de Baja California Sur crecieron delitos que no se presentaban en la comunidad, como el cobro de piso y extorsión a pescadores, comerciantes y otras actividades del sector productivo de las que se apropió el crimen organizado.
El panorama de impunidad y el aparente desinterés de las autoridades locales para enfrentar el crecimiento de la delincuencia, ha levantado la preocupación en diversos sectores de la sociedad, incluyendo a la Iglesia. El Obispo Coadjutor de la Diócesis de La Paz, Miguel Ángel Espinoza Garza levantó la voz para señalar que el problema de la violencia y la extorsión no es sólo un tema de seguridad, sino una crisis que ha penetrado a la población.
Publicidad
“Creo que todos podemos percibir que la situación de violencia y de inseguridad que hay en nuestro estado no ha podido disminuir; al contrario, algunos factores también externos. El problema que hubo en Culiacán y todo eso, nos ha afectado y sabemos de problemas de asesinatos en el estado: sigue habiendo cobro de piso a los pescadores, sabemos que hay desapariciones de personas, sabemos que también hay la trata de personas y turismo sexual”, expuso el Obispo Coadjutor de la Diócesis de La Paz.
La huella del crimen organizado al frente de las pesquerías es muy notoria en Baja California Sur; no da pie a desconfiar en la palabra de los pescadores sobre la intromisión de “la maña” y/o “la empresa” en el control de los productos del mar.
Tal es el enfrentamiento en el mes de mayo del 2025 en Puerto San Carlos, municipio de Comondú, que culminó con la muerte de siete personas: tres elementos de seguridad privada de una cooperativa pesquera y cuatro civiles armados, luego de que un cooperativista de la región se cansó del cobro de piso y usó guardias de seguridad armados para defender su empresa, lo que culminó con un enfrentamiento armado.
Publicidad
Otro caso fue el asesinato del comerciante Jorge Chávez, de Mariscos Selectos Marsel, el pasado 25 de julio de este año en el municipio de La Paz; el vendedor de productos presuntamente se negó a pagar piso y fue ejecutado cuando se encontraba a las afueras de la bodega de almacenamiento.
Ese problema del cobro de piso, se hizo a un lado por la Mesa de Seguridad, descuidándose; hoy el problema regresó a las calles, con balaceras y ejecutados, como la masacre del 19 de noviembre en la colonia Miramar INVI del municipio de Loreto, donde murieron siete integrantes de una familia (dentro de las víctimas, un niño de 10 años).
Publicidad
“Fue ahí un conflicto, que es lo que queremos que la Secretaría de Seguridad Pública Nacional vea el origen; a mí no me interesa que se baje y decir: ‘No, pues bajamos 400 por ciento’, porque al paso que vamos, a eso llegaremos; no se trata de eso. Se trata de que Baja California Sur y el país salgamos de esta situación de violencia, por eso queremos que haya una estrategia especial, sobre todo para estos dos municipios”, sostuvo Víctor Castro Cosío.
Sin embargo, al gobernador del Estado ya se le olvidó que en los pueblos pesqueros de Baja California Sur se sigue padeciendo y enraizando el crimen organizado en las actividades económicas primarias, como la pesca.
Las familias de pescadores siguen temiendo que los hombres del mar salgan a trabajar y un día ya no regresen, y no precisamente por un accidente marítimo, sino por la simple presencia de hombres armados que se apropiaron de la actividad económica principal de toda la Pacífico Norte.
“Desde Isla Natividad, Guerrero Negro y otros puntos costeros en el norte hasta San Carlos (en Comondú), los pescadores hemos sido presas del narco; según el Gobierno iba a abrir carpetas de investigación contra todos los grupos que se apropiaron de la venta de productos del mar, y es fecha que seguimos en la espera. Si no tenemos una economía fuerte es por culpa de ellos que dejaron que los delincuentes se nos subieran, ahora ya no podemos con la carga. Es llevar el sustento a nuestras casas, costear el alza de combustible, la comida y también dejar nuestras ganancias con manos ajenas”, denunció Juan Luis, pescador de la Pacífico Norte.
El Gobierno del Estado ha justificado, según los pescadores, con que no hay denuncias por el cobro de piso y extorsión que ejercen contra los productores primarios, sin embargo, ellos reconocen, que “quién en su sano juicio se va a imponer a toda una organización en la que también hay policías de su lado”.
Afirman que la autoridad se excusa con que nadie les pide una cuota para dejarlos trabajar, cuando los mismos pescadores dicen que el asunto no es así, nunca lo fue.
“No se trata de pagar porque nos dejen trabajar, y eso lo sabe el mismo Gobierno; estos (el narco) son truchas: no exigen cuotas, el piso, como dicen; ellos te orillan a que les vendas el producto a ellos, pero tienen el precio muy castigado, lo pagan a la mínima de su valor, ni lo que cuesta en temporada de abundancia.
—¿Qué pasa si no quieren venderles a ellos?
“No, es obligatorio; si no, te tablean, en el mejor de los casos, porque pueden desaparecerte y así no hay evidencia”, reiteró el pescador.
El enfoque en minimizar las cifras -o negarlas-, en lugar de atender las causas que llevaron a la incursión del crimen organizado en la vida productiva, ha creado un terreno fértil para el recrudecimiento de delitos como el cobro de piso.
El Obispo Coadjutor enfatiza que la lucha contra el crimen organizado y la extorsión requiere coordinación real y voluntad política entre los tres niveles de gobierno para combatir la impunidad. A pesar de este llamado, la respuesta de las autoridades locales ha sido insuficiente.
“A veces en los discursos del Gobierno Federal pareciera que es un discurso muy positivo, pero vemos problemas de violencia, de secuestro, de cobro de piso, económicamente las cosas tampoco parece que van del todo bien. Entonces, es una invitación que hacíamos los obispos a que como gobierno y sociedad, y todas las instituciones trabajáramos más juntos, con mayor diálogo, con mayor apertura, tratando de incluir a todos”, añadió el obispo Miguel Ángel.
La extorsión en la entidad ha ido en aumento, afectando la economía y la confianza en el Estado de Derecho. Esto es consecuencia directa de la inacción de las autoridades al problema cotidiano de los ciudadanos.
Por ello, el obispo reiteró que el gobierno no puede estar divorciado de su pueblo, y sí debe trabajar de la mano para poder erradicar la violencia, pero no dividiendo.
“No hay cosas que le tocan nada más al Estado, y el Estado no puede estar divorciado de la sociedad civil; somos un solo país, somos un solo pueblo. Como ciudadanos podemos pedirle al gobierno respuestas, soluciones a los problemas que nos quejan”, manifestó Espinoza Garza.
EL RIESGO DE NO CONTENER AL CRIMEN ORGANIZADO
Pese a los llamados desde la iglesia a principios del 2022, de voz del obispo Miguel Ángel Alba Díaz, sobre el cobro de piso a pescadores, quien dijo en ese entonces que “pretenden el control absoluto de nuestras comunidades, les quitan a nuestros pescadores el fruto de su pesca y les dan a cambio migajas de dinero”, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), respondió mediante el oficio SADAI/429/2022, firmado por el entonces subprocurador de Atención de Delitos de Alto Impacto, Bernardo Soriano, que tras una “exhaustiva búsqueda” no se pudo encontrar “registro alguno de carpetas de investigación”, lo que confirma que no se tomó en cuenta el llamado de la iglesia y mucho menos la voz de pescadores.
La llegada de grupos criminales externos para pelear la guerra entre células delictivas del Cártel de Sinaloa, ha ido mutando el delito; según expertos en delincuencia organizada, esto se debe a que nuevos grupos delincuenciales que se asientan en una localidad, establecen su centro de operaciones y buscan generar economía, y la única forma es delinquiendo.
La entidad pasó una crisis de inseguridad en 2017, el peor momento de su historia con Carlos Mendoza Davis como gobernador, cuando las ejecuciones alcanzaron las 788 víctimas del crimen organizado; la curva se aplanó en el 2021 y la estrategia local fue reconocida por el entonces Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde entonces, las fuerzas de seguridad local no se fortalecieron, no hubo capacitación y la estrategia se tomó como letra muerta; hoy de nuevo están pagando las consecuencias, con un crimen organizado metido en la pesca, en la venta de alcohol, y diversas actividades económicas que antes pertenecían a la sociedad sudcaliforniana.
“Baja California Sur, mi estado, un estado que en el 2015-2016 tuvimos violencia, la recuperamos gracias al apoyo de la Marina y la coordinación con la iniciativa privada. Pero desde que pasó eso no se fortalecieron las policías locales y estatales; no pasó, ¿y qué está pasando hoy en el 2025 en Baja California Sur?, tenemos a los criminales tomando las calles, pidiéndole piso a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores, a los comerciantes que se ganan la vida dignamente día con día, que han decidido ya cerrar sus negocios porque no quieren estar hincados ante el crimen organizado”, lanzó Susana Zatarain, senadora del Partido Acción Nacional (PAN) por Sudcalifornia.
Lo adelantó en su momento Gerardo Vázquez Alatriste, experto en delincuencia organizada, quien en la época más violenta de Baja California Sur, 2017 y 2018, dijo a ZETA que los gobiernos y la Mesa de Seguridad debe prevenirse y adelantarse a lo que va a traer la ola de violencia a la entidad.
Vázquez mencionaba que la presencia de grupos delincuenciales externos a la entidad, traería personas con necesidades, con adiciones y actividades delincuenciales, las cuales arraigarían al estado y las pondrían en marcha para subsistir como grupos de la delincuencia organizada, labores como el robo, venta de droga, tráfico de armas y cobro de piso.
“Que la experiencia le sirva a la autoridad para generar nuevos proyectos de seguridad, para irnos adelantando y no esperar a que se nos vengan las consecuencias, porque eso sería terrible. Todos ellos que se quedaron y que fueron traídos para esta pelea, son adictos y de alguna manera van a buscar para sus vicios, y no saben hacer otra cosa que delinquir y a eso se han quedado; vieron una puerta que les genera recursos, y aunado a ello la impunidad seguirán hasta que sean detenidos y desarticuladas las bandas”, sostuvo el especialista.
La exigencia de detener a delincuentes que están afectando a la economía de la entidad, es, según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estatal, la de seguir un compromiso del sector privado y gobierno para sostener la seguridad y seguir atrayendo la inversión.
“El compromiso que tiene el centro empresarial con las autoridades de hacer coordinación, y poder estrechar esfuerzos, y que la seguridad se siga dando para que se genere la confianza en la inversión, y que genere confianza en la empleabilidad del estado”, recordó Paul Valdiviezo, presidente de la Coparmex en la entidad.
NULO COMBATE A LA EXTORSIÓN
A Baja California Sur poco le interesa poner tras las rejas a los delincuentes, no existe ni siquiera las ganas de investigarlos y darles seguimiento. Mientras a nivel Federal implementan acciones de inteligencia y tecnología para ir desarticulando a las bandas de extorsionadores que operan desde los penales federales.
“Se ha detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56 por ciento del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar. Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Por ello se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales”, argumentó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.
Durante el 2025, Baja California Sur registró una tasa de 12.28 extorsiones por cada 100 mil habitantes, ubicándose en el 6to. Lugar a nivel nacional. La entidad se encuentra solo por debajo de los estados como: Morelos (1), Guanajuato (2), CDMX (3), Colima (4) y Nuevo León (5).
La extorsión ha mostrado un notable incremento en 2025. En los primeros diez meses del año, se contabilizaron 111 casos, lo que supone un aumento del 54.17 por ciento respecto a las 72 extorsiones registradas durante el mismo periodo pero del 2024.
De enero del 2024 a octubre del 2025, de las 204 denuncias que se levantaron oficialmente según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el gobierno de Víctor Castro sólo ha judicializado dos carpetas de investigación por el delito de extorsión, detalla la Procuraduría, siendo una efectividad apenas del 1.5 por ciento. Además, hay cero personas vinculadas a proceso y la mayoría de las investigaciones permanecen en trámite y algunas archivadas.
En cuanto al reporte del Tribunal Superior de Justicia del Estado por el número de sentencias condenatorias y absolutorias de personas acusadas por extorsión, la cifra es ridícula: del 2015 al 2025 sólo una persona ha sido condenada por este delito y fue en el año 2017.
Por otro lado, entre el 2005 y el 2018, han sido puestas en libertad 28 personas del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz por el delito de extorsión, contra 16 que fueron puestas en libertad del Cereso de San José del Cabo en el municipio de Los Cabos, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
