El Gobierno de Estados Unidos impuso el 11 de diciembre de 2025 nuevas sanciones contra tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, así como contra un empresario panameño y seis compañías navieras vinculadas al transporte de petróleo venezolano, en una nueva escalada de presión contra el mandatario sudamericano. La medida se produjo un día después de que fuerzas estadounidenses incautaran un buque petrolero sancionado frente a las costas venezolanas.
Según un comunicado del Departamento del Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a Efraín Antonio Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, los tres emparentados con Cilia Flores, esposa del presidente venezolano. Campo Flores y Flores de Freitas, conocidos como los “narcosobrinos”, fueron detenidos en Haití en 2015 por narcotráfico y condenados en un tribunal de Nueva York en 2016. La administración del expresidente Joseph Robinette Biden, Jr. les concedió un indulto en octubre de 2022 como parte de un intercambio de presos que involucró a siete ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.
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“Estas sanciones tienen como objetivo a tres sobrinos de Maduro, dos de los cuales son narcotraficantes convictos”, señaló un comunicado del Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés). La dependencia indicó que ambos hombres regresaron a Venezuela tras su liberación y que, hasta 2025, continuaron con actividades de narcotráfico. Malpica Flores, el tercer sobrino sancionado, fungió como vicepresidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y fue sancionado originalmente en 2017, aunque el Gobierno de Biden le retiró las sanciones en 2022 para facilitar un acuerdo con Maduro respecto a la celebración de elecciones democráticas.
Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de EE. UU., declaró que “Nicolás Maduro y sus criminales asociados están inundando a Estados Unidos con drogas que envenenan a nuestro pueblo”, y añadió que las sanciones buscan deshacer “el fallido intento de la Administración de Biden de llegar a un acuerdo con Maduro que permitió su control dictatorial”.
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El paquete de medidas punitivas también incluyó al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, acusado de facilitar envíos de productos petroleros en nombre del Gobierno venezolano, así como a seis compañías navieras internacionales con sede en jurisdicciones offshore: Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Full Happy Limited y otras tres registradas en las Islas Marshall e Islas Cook. Las embarcaciones White Crane, Kiara M, H. Constance, Lattafa, Tamia y Monique fueron identificadas como propiedad bloqueada. Según el Tesoro, los registros muestran operaciones realizadas en 2025 con maniobras deliberadas para evadir los controles impuestos sobre PDVSA desde 2019.
La jornada previa, el 10 de diciembre de 2025, fuerzas de Estados Unidos interceptaron y confiscaron un buque petrolero sancionado frente a las costas venezolanas, según informó Pamela Jo Bondi, fiscal general de EE. UU. La funcionaria precisó que la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de EE. UU., con apoyo del Departamento de Defensa, ejecutaron una orden de incautación contra el buque cisterna utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán.
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El Gobierno venezolano denunció el mismo 10 de diciembre de 2025 lo que calificó como un “robo descarado” del buque petrolero, según un comunicado de la Cancillería venezolana. La incautación se produjo en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe, donde el portaaviones USS Gerald Ford y decenas de cazas, además de miles de marines, operan en la región.
En paralelo, el Gobierno de Colombia abrió la puerta a otorgar asilo político a Maduro Moros. Rosa Virginia Villavicencio Hernández, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Colombia, afirmó el 11 de diciembre de 2025 que su país no descartaría brindar protección al presidente venezolano si este acordara dejar el poder como parte de un proceso de transición negociada. “Si esa salida implica que él deba vivir en otro país o pedir la protección, pues Colombia no tendría por qué decirle que no”, declaró la canciller colombiana en una entrevista con Caracol Radio.
Villavicencio Hernández indicó que la posición de Colombia responde a principios de responsabilidad regional y a la necesidad de buscar salidas negociadas a la crisis venezolana, aunque consideró improbable que Maduro Moros eligiera a Colombia como destino. “Aunque no creo que eligiera a Colombia, yo pienso que elegiría algún sitio más distante y más tranquilo”, añadió la funcionaria.
El presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, ha clamado por una transición democrática en Venezuela y aseguró el 10 de diciembre de 2025 que “es hora de una amnistía general y de un gobierno de transición” en el país vecino. Colombia no reconoció las elecciones de 2024 en las que Maduro Moros fue declarado ganador por tercera ocasión consecutiva, aunque mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela.
Las tensiones entre Washington y Caracas se han intensificado desde octubre de 2025. El 18 de octubre de dicho mes y año, Maduro Moros afirmó que el plan de defensa ante las “amenazas” estadounidenses se encontraba activo en todo el país, tras completar ejercicios militares en los 24 estados venezolanos. El 24 de octubre del mismo mes y año, el presidente venezolano acusó a Estados Unidos de “inventar una guerra” en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe.
El 16 de noviembre de 2025, el presidente Donald John Trump señaló desde Florida que Estados Unidos “podría tener algunas conversaciones” con Maduro Moros, abriendo una posible vía diplomática mientras EE. UU. reforzaba su presencia militar en la región con la llegada del portaaviones más avanzado de su flota naval. El 3 de diciembre del mismo mes y año, Maduro Moros confirmó que sostuvo una llamada con Trump y calificó el intercambio como “cordial” y “de respeto”.
El papa León XIV instó el 2 de diciembre de 2025 al Gobierno estadounidense a no intentar derrocar al mandatario venezolano mediante la fuerza militar. El pontífice expresó su posición durante una conversación con periodistas en un vuelo de regreso a Roma, en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe.
Las operaciones militares de EE. UU. en la región han dejado más de 80 personas fallecidas desde principios de septiembre de 2025, según informes que señalan la destrucción de más de 22 embarcaciones relacionadas con narcotráfico. La administración Trump elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro Moros desde inicios de agosto del mismo año.
