El 4 de diciembre de 2025 se supo que el Gobierno de Estados Unidos canceló la visa a Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), funcionario responsable de indagar prácticas de contrabando, subvaluación de mercancías y el denominado huachicol fiscal en el país. La medida, confirmada por autoridades diplomáticas estadounidenses, se ampara en la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU. y forma parte de una estrategia de revisión de visados ordenada por la administración del presidente Donald John Trump.
Márquez Hernández respondió a la cancelación mediante un posicionamiento escrito en el que aseguró que se trata de un procedimiento administrativo y personal que no afecta sus responsabilidades como servidor público. El funcionario añadió que cuenta con la posibilidad de presentar nuevamente su solicitud dentro de los procedimientos consulares establecidos.
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El caso de Márquez Hernández representa el primer funcionario de alto nivel del Gobierno Federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al que se le suspende el visado estadounidense. Hasta antes de esta cancelación, los casos confirmados públicamente correspondían a servidores o exservidores de nivel estatal o municipal.
A lo largo de 2025, diversos medios de comunicación difundieron información respecto a presuntas irregularidades que involucrarían al director de Investigación Aduanera de la ANAM. Uno de los principales señalamientos se centra en la empresa Aledo S.A. de C.V., de la cual Márquez Hernández es apoderado legal y cuyo domicilio fiscal coincide con el de otras dos empresas cuya representación legal recae en otro funcionario de la misma agencia.
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Según información ya publicada, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investigó y sancionó a Aledo con un crédito fiscal de 109 millones de pesos, tras concluir mediante la auditoría folio CGA2000285/20 que diversas operaciones facturadas por esa empresa por la importación de bienes en 2019 carecían de materialidad, por lo que se trataría, con alta probabilidad, de actividades simuladas y posible lavado de dinero.
El grueso de dichas operaciones, amparadas en 109 facturas cuyo objeto fue la importación de materiales textiles, se realizó con la empresa colombiana Materias y Suministros S.A., también conocida como Materias Primas y Suministros LTDA o Matsum S.A., la cual figuró en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. De acuerdo con investigaciones estadounidenses, Matsum formaba parte de la red de lavado de recursos de la familia Rodríguez Orejuela, quienes encabezaron el Cártel de Cali, responsable del tráfico de aproximadamente 80 por ciento de la cocaína hacia territorio estadounidense. En 2014, la OFAC desincorporó a varias empresas de su lista negra tras considerar que el Cártel de Cali se encontraba prácticamente desarticulado luego del deceso de integrantes clave de la familia Rodríguez Orejuela.
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El SAT también documentó que entre enero y marzo de 2019, Aledo S.A. de C.V. recibió 94 millones de pesos de la empresa Confecciones de Exportación S.A., con sede en Nicaragua. Estas operaciones tampoco contaron con soporte documental ni materialidad comercial.
En su declaración de situación patrimonial y de intereses, presentada el 8 de abril de 2025, Márquez Hernández reportó un ingreso mensual de 116 mil pesos como director general de Recaudación en la ANAM. En dicho documento también declaró la posesión de cuatro relojes cuyo costo supera el millón de pesos cada uno, pagados de contado: uno adquirido el 20 de agosto de 2012 por un millón 133 mil 458 pesos; otro el 22 de mayo de 2015 por un millón 144 mil 141 pesos; un tercero el 11 de noviembre de 2016 por un millón 511 mil 909 pesos; y un cuarto el 22 de marzo de 2017 por tres millones 784 mil 502 pesos.
Cuestionada respecto a los señalamientos contra el funcionario en una conferencia matutina, Sheinbaum Pardo indicó que correspondía a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la definición sobre estos hechos.
Respecto a la relación con la compañía Aledo, el equipo de Márquez Hernández emitió un posicionamiento previo en el que confirmó que el funcionario tiene un poder legal de esa empresa, pero atribuyó dicha situación a que el despacho para el que trabajaba fue contratado por la compañía. El funcionario negó tener un rol directivo o administrativo en dicha empresa.
Antes de su nombramiento en la ANAM, Márquez Hernández ocupó diversos cargos en la administración pública. Fue jefe de unidad de Conciliación y Defensoría en la Procuraduría del Trabajo del entonces Distrito Federal del 19 de mayo de 2014 al 10 de abril de 2017. Entre febrero de 2012 y mayo de 2014 se desempeñó como abogado especializado en la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También fungió como asesor parlamentario en la V Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entre enero de 2010 y febrero de 2012.
El 14 de octubre de 2025, la agencia Reuters informó que bajo la directriz de la administración Trump el Gobierno estadounidense había cancelado las visas a 50 políticos y funcionarios mexicanos en los meses previos. Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés), reiteró en distintas ocasiones que contar con una visa de viaje a EE. UU. es un privilegio, no un derecho.
La cancelación de la visa a Márquez Hernández se suma a una creciente lista de figuras públicas mexicanas a las que el Gobierno estadounidense retiró su permiso de ingreso. Entre los casos confirmados públicamente se encuentran: Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California; Carlos Torres Torres, exesposo de la mandataria estatal; Héctor Fernando Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero; Juan Francisco Gim Nogales, alcalde de Nogales, Sonora; César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora; Óscar Castro Verdugo, alcalde de Puerto Peñasco, Sonora; Sonia Villarreal Pérez, funcionaria en Coahuila; Mario Alberto López Hernández, diputado federal; y Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito.
Alcalde de San Felipe también confirma revocación de visa
José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe, Baja California, confirmó el 4 de diciembre de 2025 que el Gobierno de EE. UU. revocó su visa de turista. Según informó el edil morenista a través de redes sociales, la notificación ocurrió el 2 de diciembre del mismo mes y año, cuando intentó ingresar a territorio estadounidense en el cruce fronterizo hacia Calexico, California.
El alcalde indicó que fue retenido por varias horas en instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), donde le habrían mencionado la existencia de “antecedentes y vínculos”, aunque públicamente negó conocer detalles sobre las razones de la medida.
“Es importante precisar que, hasta este momento, no he recibido información oficial sobre la causa o el motivo que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión, similar a lo sucedido con diversos actores públicos en el país y en nuestro estado”, publicó Dagnino López.
El hecho se produjo poco después de que el presidente municipal compareció ante el Congreso local para presentar la Ley de Ingresos de San Felipe para el ejercicio 2026. “Entiendo que este tipo de situaciones puede generar dudas o inquietudes, por lo que reitero mi compromiso con la legalidad, la transparencia y la responsabilidad pública. Me encuentro realizando las gestiones necesarias para conocer el origen de esta determinación y, en su momento, proceder conforme a lo que establecen las leyes y los procesos diplomáticos”, añadió el funcionario.
Dagnino López aseguró que la revocación de su visa no interfiere con sus funciones ni con las actividades institucionales que lleva a cabo en beneficio del municipio.
El alcalde ha sido señalado públicamente por presuntos vínculos familiares con líderes de grupos dedicados a la pesca ilegal. Según reportes periodísticos, uno de sus hermanos se casó con una hermana de Óscar Parra Aispuro, alias “El Tekolín” o “El Parra”, señalado como líder del denominado “Cártel del Mar”. Dagnino López, originario de Guasave, Sinaloa, fue uno de los promotores de la municipalización de San Felipe y se convirtió en su primer alcalde electo bajo la reforma local.
A finales de octubre de 2025, la Embajada de EE. UU. en México informó que las visas otorgadas por ese país pueden cancelarse en cualquier momento cuando se determine que su titular ya no cumple con los requisitos para conservarla, incluso sin que exista una condena penal. Las autoridades estadounidenses raramente ofrecen explicaciones formales sobre los motivos específicos de estas cancelaciones, que a menudo se realizan al amparo de la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad por “actividades contrarias al interés nacional de Estados Unidos”.
