Nunca como ahora, muchos sectores productivos del país han estado tan vulnerados. No sólo deben invertir considerables sumas de su recurso económico para protegerse ante la inseguridad y la violencia, como adquisición de equipos de vigilancia, contratación de seguridad personal, instalación de perímetros seguros, sino que también deben reservar parte de la ganancia para pagar a aquellos que, dentro de algún orden de gobierno, o la criminalidad organizada, exigen una parte del negocio.
En Baja California, son cada vez más frecuentes las denuncias ciudadanas sobre este ilícito. Desafortunadamente, no sólo implicando a células delictivas en el mismo, sino a oficiales, agentes, inspectores, funcionarios municipales, estatales o federales, esos que han llegado al servicio público para servirse a costa del ciudadano que realiza una actividad lícita, solicita un permiso, una anuencia, una norma o acude a una oficina pública para cumplir con leyes y reglamentos.
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Terrible ejemplo de ello han sido sectores como el de pescadores, distribuidores, vendedores y compradores de mariscos, toda la cadena productiva padece la extorsión, el cobro de piso y la corrupción. Las células criminales los obligan a comprarle a determinado distribuidor, los narcotraficantes les cobran piso por laborar en lo que consideran “su territorio”, y los gobiernos los dejan solos, mayormente por complicidad deshonesta, al no realizar inspecciones, y permitir que supuestas empresas se dediquen a monopolizar el negocio, incluso sin estar debidamente registradas ante federación, estado y municipio.
Los yonkeros o vendedores de partes de autos usados también han sido víctimas de la extorsión y el cobro de piso. En las páginas de ZETA se ha dado cuenta de sus denuncias, como aquella que refirieron, con pruebas e imágenes, el cobro de piso por parte de un cártel de la droga que exige, de manera mensual, 650 dólares a cada yonke por “protección”, recogiendo de dinero lícito más de 95 mil dólares al mes tan sólo en ese sector.
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Porque cuando los comerciantes de partes de autos usados se negaron a darle 650 cada uno al cártel, los criminales asesinaron, incendiaron, amenazaron. Y cuando se dio parte a la autoridad estatal con denuncias ciudadanas, no atendieron el caso justificando que no “había denuncias presentadas”. Como si las víctimas, asediadas por los criminales, le tuviesen la confianza a la FGE para confiarles lo que sucede, lo que es evidente ante el acoso de la criminalidad.
Además, también llegan los servidores públicos por su mochada. En menor cantidad. No los 650 dólares que exigen los narcotraficantes, pero sí de tres a cuatro mil pesos por inspector municipal o estatal, para no cerrarles el negocio por cualquier falta inventada o maximizada para extorsionar al comerciante.
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Así sucede también en la Central de Abastos de Tijuana, y seguramente no es la única distribuidora en el Estado en pasar por esas condiciones de inseguridad y violencia, donde los criminales les dejan volantes a los comerciantes, notificándoles que, a partir de determinada fecha, les cobrarán piso a cambio de protección, que deberán entregar una suma de dinero mensualmente para garantizar su seguridad. Y luego reciben la visita de inspectores municipales que les piden cuatro mil o cinco mil pesos para no clausurarles el negocio por faltas al reglamento ¿Cuáles? Las que sean.
Y tanto la FGE está enterada del cobro de piso, como el alcalde de las extorsiones de sus inspectores; pero ninguno, ni fiscalía ni alcaldía, hacen algo, toman acciones para proteger a los comerciantes, para darles seguridad para el desarrollo de sus negocios, para promover su actividad en un ambiente de tranquilidad en el que se puedan desarrollar, y no desviar recursos para darle la cuota al narco y el moche al inspector.
Por similar contexto criminal pasan los locatarios de mercados en delegaciones municipales en Tijuana, en Rosarito, en Ensenada, en Tecate y Mexicali, así como los comerciantes establecidos o los desarrolladores, que han de soltar miles de billetes verdes; normalmente el pago se lo solicitan en dólares, para que les liberen un permiso, aunque hayan cumplido con los requisitos de Ley y pagado los derechos en cajas oficiales con recibos de por medio.
Los transportistas también se quejan de la extorsión y el cobro de piso. Algunos criminales, como en Tecate, se han apoderado de carreteras por las que ubican obstáculos, y quien quiera transitarlas debe pagar una cuota, así como en caseta de peaje. O en la entrada de Tijuana, donde policías e inspectores se ubican no para mantener el orden y la seguridad, sino para cazar incautos a los que quitarles una parte del dinero para permitirles realizar su labor.
Las concesiones para rutas de transporte masivo que se otorgan a empresas que cumplen con las exigencias de los funcionarios; los choferes de Uber que tienen que sobrevivir al ataque del narco y la mordida oficial; los vendedores de comida que deben pagar una cuota para no ser molestados en su establecimiento; incluso las tiendas dentro de las escuelas, que deben pagar una especia de cuota de concesión para obtener el espacio y continuar vendiendo alimentos a los estudiantes.
Y ahora los importadores de pinos navideños, que se quejan de la extorsión por parte de funcionarios federales, quienes deberían apoyarles en el trámite, inspeccionarlos, supervisarlos, pero que optan por cobrar una módica cuota de entre 300 y 400 dólares para permitirles el libre paso de su producto de importación.
Realmente es terrible la condición de inseguridad en la que se desarrollan la mayoría de los sectores productivos en Baja California, pero el ambiente se torna peor cuando a la amenaza y el cobro de piso, se suma la extorsión oficial, de aquellos que deberían protegerles, supervisarlos y regularlos. Y todo, ante la inacción de los titulares de los gobiernos, y fiscalías, sea por incapacidad o por complicidad.
