El 23 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno Federal no aplicará el cobro del impuesto a los videojuegos violentos, pese a que dicha medida fue incluida y aprobada por el Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos. Desde el Palacio Nacional, la titular del Poder Ejecutivo Federal justificó la decisión administrativa al señalar la inviabilidad técnica para su ejecución y la ausencia de criterios claros para determinar qué contenidos digitales deberían ser objeto del gravamen.
Sheinbaum Pardo explicó que, aunque la Administración federal intentó retirar la propuesta durante el proceso legislativo, el impuesto permaneció en el documento final. No obstante, las autoridades hacendarias optaron por no ejercer el cobro debido a las complicaciones operativas para clasificar los materiales. La mandataria nacional cuestionó la capacidad para definir con precisión la violencia en los contenidos y la falta de una autoridad específica encargada de dicha determinación.
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“Yo pedí que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de Ingresos, pero tomamos la decisión de que no se cobre, porque es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. ¿Quién va a determinar esa circunstancia? Entonces decidimos que no se cobre el impuesto”, declaró la presidenta de la República durante su conferencia matutina.
En lugar de la recaudación fiscal, el Gobierno de México desplegará campañas de concientización y prevención enfocadas en la juventud. Según la funcionaria federal, estas acciones buscarán informar sobre los riesgos de adicción, el gasto económico y la promoción de conductas violentas asociadas al consumo de ciertos videojuegos en línea, alineándose con la estrategia nacional para la construcción de la paz.
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El impuesto suspendido planteaba una tasa adicional, equiparable al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicable a la venta, descarga o uso de videojuegos clasificados como violentos. Desde su aprobación, la medida generó cuestionamientos técnicos respecto a los parámetros de clasificación y advertencias sobre posibles afectaciones generalizadas a la industria del entretenimiento digital y a los consumidores, sin garantías de un impacto real en la reducción de la violencia.
Respecto a la cancelación del cobro, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), respaldó la postura del Ejecutivo. A través de sus redes sociales, el líder partidista calificó el gravamen original como una “ocurrencia” y celebró que la medida no se implemente. “Hoy el tiempo nos dio la razón”, afirmó Álvarez Máynez.
