El Congreso de la Unión aprobó el 10 de diciembre de 2025 el incremento e imposición de aranceles a mil 463 fracciones arancelarias correspondientes a productos provenientes de China y otros países sin tratado comercial vigente con México. La medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y se prevé que genere una recaudación de hasta 70 mil millones de pesos durante su primer año de aplicación, según estimaciones de Marcelo Luis Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).
La Cámara de Diputados avaló el dictamen con 281 votos a favor de legisladores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que 149 legisladores del Partido del Trabajo (PT), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se abstuvieron. Movimiento Ciudadano (MC) emitió 24 votos en contra. El Senado de la República ratificó la reforma esa misma noche con 76 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones.
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Los nuevos gravámenes, que oscilan entre el 5 y el 50 por ciento dependiendo del tipo de mercancía, afectarán a sectores como el textil, con 706 fracciones arancelarias modificadas; la industria del hierro y acero, con 249; la automotriz, con 94 fracciones para autopartes y 13 para vehículos ligeros; así como plásticos, calzado, electrodomésticos y juguetes. De las mil 463 fracciones arancelarias contempladas, 316 no contaban con ningún impuesto de importación, por lo que tributarán por primera vez.
Sheinbaum Pardo aseguró el 11 de diciembre de 2025 que el incremento arancelario no está orientado específicamente contra China, sino hacia países con los que México no mantiene un tratado comercial vigente. “No busca generar conflicto con otros países, sino fortalecer la economía nacional”, declaró la titular del Poder Ejecutivo Federal durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
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El Ministerio de Comercio de China rechazó la medida y exigió a México “corregir cuanto antes tales prácticas unilateralistas y proteccionistas”. Un portavoz de la dependencia, citado por la agencia Xinhua, advirtió que los nuevos aranceles “socavarán sustancialmente” los intereses comerciales de China y otros socios comerciales del país. El Gobierno del gigante asiático recordó que en septiembre de 2025 abrió una investigación sobre barreras al comercio y la inversión contra México, pesquisa que “prosigue su curso”.
Los gravámenes afectarán a importaciones provenientes de China, India, Corea del Sur, Vietnam, Tailandia, Indonesia, Brasil, Taiwán, Turquía, Rusia, Nicaragua y Emiratos Árabes Unidos, entre otras naciones. China será el país más afectado por la medida, dado que México importó productos chinos por un valor de 130 mil millones de dólares durante 2024, la segunda cifra más alta después de las compras a Estados Unidos.
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Ebrard Casaubón señaló que los aranceles no están dirigidos a ningún país en específico, sino que responden a la necesidad de proteger la producción nacional frente a prácticas de comercio desleal y competencia desigual. La iniciativa fue presentada originalmente por la SE en septiembre de 2025 con tasas de hasta 50 por ciento, pero enfrentó resistencia en el Congreso, por lo que la mayoría de los porcentajes fueron reducidos a entre 20 y 35 por ciento; solo en casos excepcionales, como vehículos chinos, se mantuvo el gravamen de 50 por ciento.
José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), anticipó que en 2026 el comercio internacional estará regido por una estrategia de aranceles por socio comercial, mientras que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se mantendrá como un acuerdo general con “matices bilaterales”. Analistas han señalado que la medida representa un alineamiento de México con Estados Unidos, su principal socio comercial, de cara a la revisión del tratado comercial prevista para el próximo año.
Óscar Ocampo García, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió que los aranceles podrían generar disrupciones en las cadenas de suministro e impulsar la inflación en un momento de desaceleración económica. “La verdadera razón tiene que ver con Estados Unidos, con la próxima revisión del T-MEC, con las negociaciones para obtener reducciones y exenciones de los aranceles que México enfrenta actualmente para acceder al mercado estadounidense”, declaró el especialista.
La reforma se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, específicamente con su eje “Economía moral y trabajo”, que impulsa el fortalecimiento de la industria nacional, la recuperación de capacidades productivas y un modelo económico más equilibrado frente a importaciones de bajo costo. Legisladores de la oposición advirtieron que la medida tendrá un impacto inflacionario y trasladará costos al consumidor final, particularmente en productos derivados de autopartes, plásticos, textiles, vidrio y acero.
