La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el 4 de diciembre de 2025 la reforma a la Ley de Aguas Nacionales con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, tras una sesión de aproximadamente 24 horas continuas marcada por acusaciones, insultos y empujones entre legisladores. La minuta fue turnada al Senado de la República, donde se prevé su aprobación sin modificaciones.
La votación en contra provino de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), además de la diputada petista Patricia Galindo Alarcón. Las abstenciones correspondieron a la legisladora del Partido del Trabajo (PT) Aracely Cruz y a la diputada independiente Araceli Mendoza Arias.
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La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acumuló alrededor de 70 modificaciones respecto a la propuesta original. Morena y sus aliados aprobaron un paquete de 18 reservas adicionales a las 50 que previamente habían incorporado para atender, según argumentaron, las demandas de los productores agrícolas.
Entre los cambios más relevantes destacan la ampliación de sanciones para delitos en materia de agua, la transformación de las transmisiones de derechos en “reasignaciones de volúmenes de agua” y la extensión de dos a tres años del plazo previo al término de vigencia para solicitar prórrogas de concesiones. Además, se exceptuó de sanciones a quienes alteren, desvíen u obstruyan cauces, vasos, corrientes o flujos de agua para uso agropecuario familiar.
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El artículo segundo transitorio restableció la retroactividad de la reforma al disponer que, en tanto no se emitan las disposiciones reglamentarias respectivas, se seguirán aplicando las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del decreto, “con excepción de las transmisiones y cambios de uso”.
El diputado priista Emilio Lara calificó la reforma como un “Frankenstein legislativo” y advirtió que, pese a las modificaciones, el ordenamiento no garantiza la certeza de las concesiones y herencias, pues para ello habría sido necesario reformar el artículo 22, que prohíbe la transmisión de derechos de agua.
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Durante el prolongado debate, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez, acusó que la reforma no fue consultada con los pueblos indígenas, lo que constituiría una violación a la Constitución. “No hay consulta, ese es el tema, no los consultaron. Esta ley es inconstitucional por esa sola razón”, declaró Moreira Valdez.
El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Adán Augusto López Hernández, confirmó que la Cámara alta se allanará a la minuta enviada por los diputados y solicitará la dispensa de trámites para que pase directamente al pleno sin ser procesada en comisiones. “Sí, nos vamos a allanar, sí. Salvo algún cambio de última hora en las reservas que faltan por discutirse y votarse, hasta este momento estamos en conformidad”, señaló López Hernández en entrevista.
El senador tabasqueño indicó que se requerirán las dos terceras partes de los votos para aprobar la dispensa de trámites y expresó su confianza en reunirlas. “Creemos que esa debe ser la redacción final”, afirmó.
López Hernández sostuvo que detrás de la inconformidad de los campesinos existen intereses políticos y acusó a José Luis Luege Tamargo, quien fue director de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, de ser un “acaparador” del recurso hídrico.
El legislador relató que, cuando se desempeñaba como titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), recibió un expediente sobre una concesión en la desembocadura del río Pánuco que beneficiaba a Luege Tamargo. Según López Hernández, dicha concesión fue otorgada una semana antes de que concluyera el gobierno del que Luege Tamargo formó parte. “Para que se den una idea de cómo trafican con el agua”, advirtió el coordinador morenista.
