Un juez federal autorizó el 10 de diciembre de 2025 ampliar por tres meses el periodo de investigación complementaria en el proceso penal que enfrenta el boxeador Julio César Chávez González, acusado de delincuencia organizada y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La audiencia se desarrolló en el Centro de Justicia Penal Federal de Hermosillo, Sonora, donde el pugilista compareció de manera presencial.
El juez de Distrito Édgar Alejandro Domínguez Villapudua avaló la solicitud de ampliación tanto de la Fiscalía General de la República (FGR), como de la defensa del boxeador. La nueva fecha para la audiencia intermedia quedó fijada para el 24 de febrero de 2026. Con esta determinación, Chávez González permanecerá bajo libertad condicional con las restricciones previamente impuestas: prohibición de salir del país y de acercarse a los agentes ministeriales que participaron en las indagatorias.
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La sesión tuvo una duración aproximada de diez minutos y transcurrió de manera técnica, sin mayores intervenciones. La FGR solicitó ampliar el plazo de tres a seis meses, argumentando diligencias pendientes, entre ellas requerimientos a autoridades de Estados Unidos. La defensa, encabezada por Rubén Fernando Benítez Álvarez del Castillo, respaldó la petición al señalar que requiere más tiempo para analizar dictámenes periciales y verificar la autenticidad de audios obtenidos mediante intervenciones telefónicas.
Durante su intervención en la audiencia, Chávez González rechazó los señalamientos en su contra. “Que investiguen lo que tengan que investigar, no van a encontrar nada”, declaró el pugilista.
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El proceso se enmarca en el expediente 15/2023, donde figuran 14 imputados. El 23 de agosto de 2025, el juez Enrique Hernández Miranda determinó vincular a proceso al boxeador por presuntos vínculos con la facción de “La Chapiza” del Cártel de Sinaloa, encabezada por Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”. La FGR presentó 21 datos de prueba para sustentar la imputación, entre ellos intervenciones telefónicas desde 2019, conversaciones de 2022 donde se le menciona como “camarada” de “El Nini”, informes del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) respecto a presunto tráfico de armas, así como el hallazgo de una bata de boxeo autografiada en una propiedad cateada del presunto criminal.
La defensa de Chávez González ha desestimado varios de los elementos probatorios al considerarlos de bajo rigor o sin valor directo, argumentando que la narrativa fiscal se basa en referencias sin contexto verificable.
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Los antecedentes del caso iniciaron el 2 de julio de 2025, cuando el boxeador fue arrestado por autoridades migratorias estadounidenses (ICE, por sus siglas en inglés) en California, después de su pelea frente a Jake Paul. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE. UU. lo catalogó como inmigrante ilegal y un riesgo para la seguridad, al detectarse irregularidades en su solicitud de residencia permanente. Tras permanecer 46 días bajo custodia, Chávez González fue deportado por la garita Dennis DeConcini en Nogales la noche del 18 de agosto de 2025 y trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11 de Hermosillo.
Pese al proceso judicial, el boxeador sinaloense de 39 años de edad mantiene su actividad deportiva. Según el pugilista, tiene programada una pelea para el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí de San Luis Potosí, donde enfrentará al argentino Ángel Julián Sacco. En declaraciones recientes, Chávez González afirmó que no planea retirarse del boxeo por su edad. “No me voy a retirar por una edad o por un número, me voy a retirar el día que ya me sienta listo para irme”, señaló el excampeón mundial peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).
El caso se desarrolla en el contexto de la investigación federal contra la estructura criminal liderada por “El Nini”, considerada brazo operativo de los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.
