Representantes de algunas funerarias en Tijuana, protestaron el 16 de diciembre por una “competencia desleal” fomentada por la Fiscalía General del Estado (FGE), quien desde septiembre supuestamente designó solo a una funeraria, en este caso la Funeraria Santana, como el espacio para el almacenamiento de cuerpos y tramitadora para la liberación de cadáveres, lo que ha disminuido su operatividad junto las ganancias.

“El otro día a mí me pasó un caso que liberé dos cuerpos y me decían: ‘No, Ale, tráeme uno ahorita y otro mañana’, pues ¿cómo uno ahorita y otro mañana?, si ya traigo los dos y ahorita son las liberaciones. O sea, ¿por qué te lo tienen que liberar en una funeraria Fiscalía, si es un reconocimiento médico que ya te lo liberó el hospital? Esto no se había dado nunca. Ellos (funeraria) prestan sus instalaciones y realmente es la Fiscalía quien está dentro de la funeraria para poder darte la liberación en un lugar inapropiado, porque no es una institución de gobierno”, explicó Alejandra Alamillo, de la Funeraria de la Cruz.

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Un ejemplo de la supuesta competencia desleal, denuncian, es la desinformación en la operación de la Funeraria Santana, la cual libera cuerpos de nueve de la mañana a tres de la tarde a otras funerarias, a menos que sus servicios sean contratados, lo que la mayoría de las veces acaba pasando, pues la familia, en su dolor, no quiere mayor desgaste en tramitología.

“Lo que realmente nos afecta a nosotros es el pisar una casa funeraria con las familias y con los finados, porque nos tienen con horarios restringidos, porque no nos están dando como viene siendo el lugar adecuado, la competencia leal; viene siendo una competencia desleal el que yo tenga que pisar una casa con una familia que ya abordé, con un servicio que ya prácticamente es de la funeraria, y tener el riesgo de que llegando, ahí te lo quiten”, manifestó Alejandra Alamillo.

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Esto, señaló Alejandra, ha provocado la caída de sus servicios y ganancias hasta en un 90 por ciento, teniendo que despedir empleados, pasando de 15 a sólo cuatro, pues la nómina ya no es sostenible.

Debido a la situación, los funerarios inconformes pidieron un acercamiento con la fiscal general, Ma. Elena Andrade Ramírez, y con la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda para encontrar soluciones que no afecten sus negocios.

En respuesta al tema, la FGE compartió que sostuvo una reunión de trabajo con representantes de funerarias “para fortalecer la coordinación en los procedimientos de aviso y liberación de cuerpos en casos de muertes violentas”, acordando que se “notificará de manera clara los horarios de atención y el procedimiento oficial para la liberación de cuerpos, así como la identificación obligatoria del personal funerario, mediante gafete y uniforme”. Además, se estableció que no se permitirá presionar a las familias para la firma de contratos funerarios.

No obstante, según información obtenida por ZETA, en dicha reunión, que se celebró el viernes 12 de diciembre, únicamente participaron 24 de las 29 funerarias que operan en la ciudad, esto porque son las que se encuentran regularizadas; mientras que las otras cinco que se manifestaron, al no estar reguladas, no fueron convocadas, y por ello tampoco pueden almacenar ni tramitar la liberación de cuerpos. Ernesto Eslaava