23 mdp en gastos médicos mayores

Jueces, magistrados, consejeros y administrativos de primer nivel, tienen en el Poder Judicial un servicio de “Gastos Médicos Mayores”, que representa un costo de 23 millones de pesos

El pasado mes de septiembre, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) anunció a través de un comunicado de prensa que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspenderían el servicio de gastos médicos mayores para los integrantes del máximo órgano colegiado jurisdiccional del país, como un mensaje de austeridad hacia la sociedad.

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Tanto los integrantes del consejo como de la Suprema, anunciaron que, a partir de ese momento, cualquier medida o atención de salud sería cubierta mediante los servicios que proporciona el ISSSTE.

Ese mensaje de austeridad, que puede ser considerado populista, pero también tiene un afán de congruencia, no permeó de la misma forma a los funcionarios jurisdiccionales locales, o al menos a los de Baja California, quienes optaron por desentenderse de este acto de congruencia.

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En enero de este 2025, el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, signó un contrato con la empresa Grupo Nacional Provincial (GNP), con el que garantizan el servicio de atención de gastos médicos mayores para jueces, magistrados, integrantes del Consejo de Administración y administrativos de primer nivel del Poder Judicial del Estado, como una prestación que cubren mediante el apartado 14412 por concepto de “Gastos Médicos Mayores”.

El contrato (que abarca todo el año) tiene un costo para las arcas estatales de 23 millones 685 mil 319.08 pesos, dado que el servicio no es contratado de manera individual o colectiva por los funcionarios, sino que es pagado directamente con cargo al recurso del Poder Judicial del Estado.

Para los más de 100 jueces, 17 magistrados, tres consejeros y personal administrativo que está incluido dentro de este esquema del Poder Judicial, representa un beneficio importante que discrepa totalmente con la naturaleza de la reciente reforma judicial, donde la austeridad es una de las principales vertientes.

No conforme con ello, los nuevos 11 jueces -designados de manera directa por el Poder Judicial- también fueron incluidos en estos nuevos gastos médicos mayores, por lo que se solicitó una ampliación presupuestal al Congreso del Estado, no sólo para sus salarios y prestaciones generales, sino también para recibir este beneficio que bien podrían cubrir ellos con su salario de manera individual; o bien, mediante un convenio para que le sean retenidas las aportaciones para cubrir con dicho beneficio. Pero no, el Poder Judicial dirigido por Alejandro Isaac Fragozo López, pretende mantener los privilegios históricos para sus compañeros y trabajadores, pues, además, no hubo un compromiso por reducirse el sueldo -al menos- para equipararlo con el de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, que sería el equivalente de los ministros con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ya sabíamos que el Poder Judicial local negoció bien sus privilegios con el Poder Ejecutivo a cambio de mantenerse -la mayoría de ellos- laborando en la institución, pero hay algunos elementos que, por congruencia, tendrían que eliminar ellos mismos.

Habrá que ver si para el 2026 el Consejo de Administración autoriza nuevamente este beneficio, o bien, decide usarlo en beneficio de los justiciables.