El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil confirmó, el 25 de noviembre de 2025, la sentencia de 27 años y tres meses de prisión contra el expresidente Jair Messias Bolsonaro por su participación en una trama golpista para revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2022. La decisión dejó sin efecto los últimos recursos de la defensa y abrió la vía para la ejecución plena de la condena dictada por la Primera Sala del STF.
Según las resoluciones del máximo tribunal brasileño, Bolsonaro fue hallado culpable de los delitos de intento de golpe de Estado, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal armada, daño calificado contra bienes públicos y deterioro de patrimonio histórico protegido. Además de la pena de prisión en régimen cerrado, la sentencia contempló su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante un periodo posterior al cumplimiento de la condena.
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La Primera Sala del STF había sentenciado a Bolsonaro, el 11 de septiembre de 2025, a 27 años y tres meses de prisión, por mayoría de cuatro votos contra uno, al concluir que encabezó una organización integrada por militares, policías y funcionarios que buscó impedir la transición de poder al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. En esa misma causa, siete excolaboradores del exmandatario también recibieron penas que superaron, en la mayoría de los casos, los 20 años de cárcel.
En paralelo, la situación personal de Bolsonaro se complicó, el 22 de noviembre de 2025, cuando fue detenido en Brasilia por riesgo de fuga mientras cumplía prisión domiciliaria. La Policía Federal de Brasil informó que el exmandatario dañó, con un equipo de soldadura, la tobillera electrónica con la que era monitoreado. Bolsonaro alegó que actuó bajo un episodio de “paranoia” y “alucinaciones” asociados, según dijo, al tratamiento médico que recibía.
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Desde el 4 de agosto de 2025, Bolsonaro había permanecido bajo arresto domiciliario por órdenes del STF, que consideró que el exmandatario representaba un riesgo para las investigaciones en su contra. Tras la detección del presunto intento de fuga, el Supremo determinó su traslado a una instalación de la Policía Federal en Brasilia, donde quedó recluido en una celda especial.
El 24 de noviembre de 2025, la Primera Sala del STF reunió la mayoría necesaria para rechazar las últimas apelaciones interpuestas por la defensa de Bolsonaro respecto a la sentencia de septiembre. Los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino y Cristiano Zanin votaron en contra del recurso y concluyeron que no existían omisiones ni errores que justificaran una revisión de la condena original.
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La defensa del expresidente anunció que solicitaría que la pena se cumpliera en régimen de arresto domiciliario por motivos de salud, al argumentar que Bolsonaro, de 70 años de edad, arrastraba secuelas físicas desde el ataque con arma blanca que sufrió en 2018, durante la campaña presidencial de ese año, y que había sido sometido a varias cirugías posteriores. El STF debía resolver en las siguientes semanas la petición de modificación de régimen presentada por sus abogados.
