El Colegio de Abogados Emilio Rabasa se pronunció porque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acuda a Tijuana luego de que la semana pasada la abogada Emilia Ortega Aceves fue asesinada a mano armada en la colonia Altamira.
“Solicitamos al gobierno de la república la urgente presencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch”, manifestó este lunes 24 de noviembre el organismo presidido por Mario Alessandrini Pérez.
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El Colegio recalcó que el homicidio de Ortega Aceves “es la cresta de la peligrosidad e impunidad que prevalece en Baja California”. Calificó de incompetentes y frívolas a las autoridades en turno y estimó que en razón de esas particularidades el rumbo en la entidad no se ha rectificado.
Señaló que al inicio de la presente administración, encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda, se modificó la Constitución de Baja California en un afán de nombrar a Ricardo Iván Carpio Sánchez titular de la Fiscalía General del Estado, a quien el organismo atribuyó “nulos resultados y turbias relaciones”.
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Consideró que María Elena Andrade Ramírez, quien reemplazó a Carpio Sánchez en la FGE, “hizo crecer la impunidad al orden del 95% sin atender la corrupción institucional” y que la gobernadora ha venido simulando una reducción en la comisión de delitos. A propósito, asentó: “el maquillaje de cifras para aparentar una disminución delictiva que no existe es asombrosamente cómplice de la delincuencia”.
La asociación civil acusó desatención en materia de personas desaparecidas y aseguró que la atención a las víctimas del delito no es prioridad en BC.
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“En materia de prevención del delito, estatal y municipal, se ha privilegiado el amiguismo, la inexperiencia, la opacidad de los nombramientos y he allí las consecuencias: el índice delictivo creciente en todos los municipios, la nula contención delictiva en el primer nivel de competencia, la consecuente saturación del siguiente eslabón que es la Fiscalía y un Poder Judicial que actúa más para beneficiar al delincuente que a la víctima con un presidente proclive al Poder Ejecutivo, más que a atender las necesidades de los justiciables, en donde se vive una lamentable artritis judicial”, estableció el Emilio Rabasa A.C.
El organismo propuso que el Congreso del Estado auspicie una audiencia pública en aras de “concientizar la magnitud del problema y plantear soluciones”.
El 13 de noviembre Marina del Pilar Ávila Olmeda, declaró en conferencia semanal que García Harfuch no visitará en próximas fechas Baja California, aun cuando existía la posibilidad de que se desplazara a la entidad.
Explicó que en razón del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado por el Gobierno Federal a raíz del asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Alberto Manzo Rodríguez, García Harfuch se vería impedido de visitar el estado.
