La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó, el 14 de noviembre de 2025, confirmó que existía una orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente del ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), supuesto segundo tirador en el caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, asesinado el 23 de marzo de 1994, en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que el caso estaba en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual debería informar respecto a los avances del proceso.
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Asimismo, la mandataria nacional acusó que Genaro García Luna -titular de la ahora extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012-, fue quien rescató a Sánchez Ortega en 1994, cuando el ex funcionario federal era subdirector operativo del CISEN.
“Es un caso que tiene la Fiscalía General, en efecto es la orden de aprehensión al segundo tirador. Lo que mencionó el presidente [Andrés Manuel] López Obrador en su mañanera, es que este segundo tirador presuntamente lo había sacado de Lomas Taurinas, García Luna como agente del CISEN. Entonces es un personaje de García Luna y lo tiene la Fiscalía, la Fiscalía tendrá que informar”, enfatizó Sheinbaum Pardo.
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El 9 de noviembre de 2025, Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca de Lerdo, a pedido de Sánchez Ortega -quien se reservó su derecho a declarar durante la audiencia, en la cual compareció por videoconferencia, al interior del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1, “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, EDOMEX-, determinó que a más tardar a las 11:50 horas del día sábado 15 del mismo mes y año, resolvería si le inicia un proceso, por presuntamente ser el segundo tirador en el magnicidio de Colosio Murrieta.
Asimismo, al final de la audiencia, el supuesto ex agente del CISEN pidió duplicar de 72 a 144 horas el plazo legal para definir su situación jurídica, por el delito de homicidio calificado, el cual es considerado grave y con prisión preventiva en el sistema de justicia tradicional, bajo el que se tramitó su caso.
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Según el Registro Nacional de Detenciones (RND), Sánchez Ortega fue detenido a las 16:37 horas (tiempo local), del sábado 8 de noviembre de 2025, en la calle de Los Reyes, de la colonia Los Reyes, Tijuana, Baja California, con base en una orden de aprehensión girada un día antes de su captura por el juez Niño Jiménez. Luego fue trasladado vía aérea a Toluca de Lerdo.
La FGR logró esta orden de aprehensión hasta su tercer intento, ya que en los años previos otro juez federal negó dos veces el mandato de captura, al considerar que las nuevas pruebas esenciales estaban inducidas por la Fiscalía General de la República o eran circunstanciales.
El 24 de noviembre de 2023 y el 5 de enero de 2024, Jesús Chávez Hernández, entonces titular del Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, negó la orden de aprehensión contra Sánchez Ortega, por carecer de elementos.
La FGR sólo impugnó el segundo revés, pero el 1 de agosto de 2024, los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Toluca de Lerdo, confirmaron por unanimidad la negativa de captura, al carecer de méritos.
El pasado 25 de septiembre de 2025, más de un año después, la FGR volvió a pedir la captura del ex agente del CISEN. En su último revés judicial, la Fiscalía General de la República había presentado 9 tomos de su averiguación previa y esta vez consignó 11.
Niño Jiménez ordenó la captura el viernes 7 de noviembre de 2025, y al día siguiente, la Policía Federal Ministerial capturó a Sánchez Ortega, en lo que fue su segunda detención en más de tres décadas por el caso Colosio.
Sánchez Ortega fue detenido por vez primera unos minutos después del magnicidio de Lomas Taurinas, el 23 de marzo de 1994. La Policía Municipal de Tijuana lo capturó, porque su chamarra blanca estaba manchada de sangre. Poco después, daría positivo a la prueba de radizonato de sodio.
La Fiscalía General de la República afirmó, en un comunicado emitido el 29 de enero de 2024, que tenía pruebas de que el agente del ahora extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, fue un segundo tirador en el asesinato de Colosio Murrieta.
La institución de procuración de justicia también afirmó que García Luna era entonces subdirector operativo del CISEN y en “evidente encubrimiento delictivo”, liberó y “rescató” a Sánchez Ortega, horas después del asesinato de Colosio Murrieta.
La Fiscalía dijo que 20 días atrás, Jesús Alberto Chávez Hernández, titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado De México, con sede en Toluca, “actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR”.
“En este caso, el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”, enfatizó la FGR.
La Fiscalía precisó que las pruebas presentadas en contra del citado agente del ahora extinto CISEN, “demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos”.
“Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima. Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma.
“Un gran número de testimonios señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a la víctima. Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima”, refirió la FGR.
Además, la Fiscalía señaló que se encontraba “debidamente probado” que el CISEN, en aquel entonces adscrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), “mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”.
La FGR precisó que el video que prueba el primer disparo, y al cual el juez le pretendía dar valor frente a todas las pruebas aportadas, “estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse”.
La institución de procuración de justicia abundó que no existía ningún video dirigido hacia el área donde estaba el supuesto segundo tirador, motivo por el cual dicha prueba no podía favorecer, en modo alguno, al responsable del presunto segundo disparo.
“A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, la Fiscalía irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio”, puntualizó la FGR.
Jesús Alberto Chávez Hernández, titular del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado De México, con sede en Toluca, negó la orden de captura contra el presunto segundo tirador, porque concluyó que la única prueba que tenía la FGR para acreditar una acción concertada entre Aburto Martínez y Sánchez Ortega, era el dicho de una mujer, mismo que no era fiable, debido a que cambió su testimonio 25 años después.
Se trata de Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Aburto Martínez en la fábrica de plástico Camero Magnéticos, en la Mesa de Otay. En 1998, la mujer declaró que el presunto asesino de Colosio Murrieta fue visitado tres veces en su centro de trabajo, por un sujeto al que describió para un retrato hablado.
En 2023, la Fiscalía del Caso Colosio citó a Ortiz para una diligencia en la que le mostraron dos fotografías, una de ellas de Sánchez Ortega, y esta vez aseguró sin duda alguna que fue él quien visitó en la fábrica a Aburto Martínez, días antes del magnicidio.
El presunto segundo tirado ya había sido detenido por el asesinato de Colosio Murrieta. Las autoridades lo capturaron minutos después del homicidio, por dos indicios que lo convirtieron en ese entonces en uno de los principales sospechosos: su chamarra color blanca estaba manchada de sangre y poco después dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio.
Pero la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) nunca procedió en su contra, porque Sánchez Ortega no tenía un arma en el momento de su captura y nunca se halló una distinta a la de Aburto Martínez en el lugar de los hechos.
Aunque el nuevo pliego de consignación constaba de 9 mil 242 fojas y 43 anexos con discos compactos, serían dos las pruebas con las que la FGR pretendería darle un giro al caso y revivir la hipótesis del “segundo tirador”.
La segunda evidencia sería un peritaje del 11 de marzo de 2023, que concluyó que la chamarra de Sánchez tenía una partícula de GSR (plomo, bario o antimonio) en la zona frontal de la manga izquierda, en la franja media, y en la frontal media del lado derecho de la chamarra, lo que supondría que accionó un arma.
En las dos ocasiones en que el juez Chávez Hernández negó la orden de aprehensión, dijo que el dicho de Leticia Ortiz, por la distancia en el tiempo, era inverosímil y presuntamente fue inducido por la FGR.
En el caso del dictamen pericial, el citado juez sostuvo que era una prueba circunstancial, porque no había ningún video ni ninguna prueba científica en la indagatoria que demostra que el inculpado estaba a centímetros de la víctima.
En su informe final del año 2000, la entonces PGR concluyó que Aburto Martínez fue el autor de los dos disparos que mataron a Colosio Murrieta y que en los tres análisis que se le hicieron a la chamarra de Sánchez Ortega, el resultado fue negativo a derivados de nitrado.
“Lo cierto es que [las pruebas] son absolutamente ineficaces para demostrar la coautoría de que se trata”, resolvió el juez Chávez Hernánez, cuando negó la captura, el 5 de enero de 2024.
El 9 de noviembre de 2025, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, acusó que la detención, por segunda vez, de Sánchez Ortega, era “otro distractor” del Gobierno Federal, “para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país”.
“¡Otro distractor de la narcodictadura terrorista y comunista! MORENA revive el caso Colosio como caja china para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país. Tan miserables, que usan la memoria de un priista excepcional para cubrir su ineptitud”, escribió el político campechano, también conocido como “Alito”, en su cuenta de la red social X.
