La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló el 23 de noviembre de 2025, que detrás de los bloqueos carreteros convocados por campesinos y transportistas existen intereses políticos, al afirmar que varios líderes de las organizaciones pertenecen al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD). En un comunicado difundido la víspera del megabloqueo nacional, la dependencia federal subrayó que no comparte ni avala que intereses políticos o agendas ajenas al bienestar del sector productivo pretendan influir o encauzar estas expresiones sociales.
El 24 de noviembre de 2025, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) iniciaron bloqueos en al menos 25 estados del país, comenzando a las ocho de la mañana. Las organizaciones convocaron a un paro total de carreteras, toma de aduanas en la frontera norte y cierre de complejos industriales, advirtiendo a la población que no saliera a las vías porque no habría paso.
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Entre las principales afectaciones reportadas se encontraron los cierres en las autopistas México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y la Vía José López Portillo en el Estado de México. En Sinaloa, los manifestantes bloquearon las casetas de El Pisal, Costa Rica, Cuatro Caminos y San Miguel Zapotitlán. Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, anunció que tomarían las casetas a partir de las diez de la mañana. En Guanajuato se registraron cierres en los accesos carreteros de Pénjamo, Irapuato, Celaya y León, mientras que en Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas y Chihuahua también se reportaron obstrucciones en carreteras federales.
Las organizaciones manifestantes demandaron mayor seguridad en las carreteras federales ante el incremento de asaltos, extorsiones y cobros de derecho de piso que afectan a los transportistas. David Estévez Gamboa, presidente de la ANTAC, confirmó que la protesta se realizaría debido a la falta de soluciones por parte de las autoridades. Los campesinos, liderados por figuras como Valdez Armentia, exigieron precios justos para el maíz y otros productos agrícolas, la exclusión de los granos de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la creación de una banca de desarrollo exclusiva para el campo y la publicación de precios de garantía para toda la producción agrícola.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó el día del bloqueo que su Gobierno había mantenido diálogo constante con los manifestantes y que se habían realizado mesas de trabajo para atender sus demandas. Sheinbaum señaló que algunos grupos incorporaron nuevas exigencias relacionadas con la Ley General de Aguas, actualmente en discusión en el Congreso de la Unión, y destacó que no es que estén bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo.
La Segob convocó el 23 de noviembre de 2025 a una mesa de trabajo programada para el 24 de noviembre a las once de la mañana en sus instalaciones ubicadas en Abraham González número 48, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. A dicha reunión asistirían representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Economía. La dependencia hizo un llamado a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento y la interlocución directa, reiterando que el Gobierno de México mantiene disposición plena para atender sus planteamientos en un marco de legalidad y el bien común.
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Los transportistas y campesinos rechazaron asistir a la mesa de diálogo propuesta por la Segob, argumentando que en ocasiones anteriores las acciones como marchas lentas o tomas parciales de carreteras no generaron resultados. Las organizaciones sostuvieron que las mesas legislativas recientes no tuvieron resultados porque los representantes enviados no estaban facultados para acordar nada, por lo que exigieron un diálogo directo con funcionarios que puedan firmar compromisos verificables.
