Un interno del Centro de Reinserción Social de Ensenada (CERESO) compartió mensajes de texto el sábado 1 de noviembre a través de WhatsApp con un amigo, a quien de manera regular le pide asesoría legal, a pesar de que existe un sistema para inhibir la señal.
Según el recluso, un compañero de celda le renta el equipo celular por hora o por minutos, un negocio importante que permite a los internos mantenerse en comunicación con el exterior.
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“A mí me llama cada semana el recluso, y cuando puedo le mando dinero para que siga comunicándose conmigo. Le hace bien, aunque ahora los tienen más vigilados desde lo que pasó en Tijuana”, dijo el interno en referencia al hallazgo de un video que se filtró el pasado mes de octubre sobre un grupo de reclusas del penal de Tijuana que realizó una transmisión en vivo para redes sociales.
“Ahí todo es negocio, desde el que vende cigarros hasta el que renta celulares”, agregó.
Las imágenes del video de las mujeres dentro de su celda pidiendo dinero, dejó ver el problema de inseguridad que existe en el CERESO de Tijuana, y de otros municipios.
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Al respecto, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda confirmó la autenticidad del video y anunció el inicio de una investigación por parte de la Secretaría Anticorrupción. Asimismo, se informó sobre la destitución del director del penal.
“Esos aparatos con los que contaban… digamos que la tecnología ha ido avanzando. El 5G ya no inhibe el equipo que se tenía”, afirmó Ávila Olmeda.
Desde el 2011, Baja California implementó un sistema de tecnología israelí para inhibir la señal celular dentro de los centros penitenciarios, con el objetivo de evitar extorsiones telefónicas originadas desde el interior.
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Los sistemas fueron instalados por el entonces secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, cuando estos equipos operaban mediante una medición controlada hacia el perímetro de las bardas, lo que impedía que las señales de telefonía móvil salieran o ingresaran sin afectar las zonas habitacionales cercanas.
El sistema comenzó a implementarse con tecnología 4G en 2017. Han pasado nueve años y aún no se ha actualizado a redes 5G. Este modelo se replicó, en ese entonces, en entidades como Tamaulipas, Nuevo León, Altamira y Estado de México.
Las irregularidades dentro de las cárceles bajacalifornianas, han dejado ver otras condenas que enfrentan en especial las reclusas, y de acuerdo con el último análisis, los penales de Baja California recibieron una calificación reprobatoria en 2024, con un promedio de apenas 5.97, según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria.
MUJERES, SIN ESPACIOS ESPECIALIZADOS
Los resultados del informe estuvieron basados en entrevistas a un porcentaje de reclusas en Ensenada, Tijuana y Mexicali, y en 12 de 32 entidades federativas, entre ellas Baja California, donde no existen centros específicos para mujeres privadas de la libertad (PdL).
El no tener espacios para cada género, provoca que continúen recluidas en instalaciones mixtas, lo cual representa una vulneración directa a los estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad y no discriminación.
Esta práctica limita el acceso a programas de reinserción social diferenciados y expone a las internas a riesgos de violencia y tratos indignos, señala el estudio.
“Estos resultados reflejan una crisis estructural prolongada en el sistema penitenciario de Baja California, que continúa operando con infraestructura insuficiente y políticas de reinserción desactualizadas”.
El diagnóstico señala problemas de hacinamiento y sobrepoblación, además de deficientes condiciones materiales e higiénicas en los espacios de alojamiento.
También se observó falta de instalaciones adecuadas para la comunicación con el exterior, así como carencias en la atención a mujeres, y a las niñas y niños que viven con ellas dentro del penal.
EL HACINAMIENTO, ES LA DOBLE CONDENA
El penal de Ensenada está diseñado para albergar máximo mil 197 internos, sin embargo, hay una población de varonil de mil 148 y femenil 120, en total suman mil 268 con una densidad total de 106%, de acuerdo con cifras del 2024.
“La sobrepoblación crítica puede poner en riesgo la seguridad tanto de las personas como del personal que labora en los centros penitenciarios, puesto que la capacidad del personal para atender eventos fortuitos, ya sea violentos o naturales, se ve superada”, explicó el organismo.
Caso similar es Mexicali, donde las instalaciones tienen una capacidad de mil 560 personas pero tenían recluidos a mil 807 hombres y 163 mujeres; es decir, mil 940 con una densidad de 126.28%.
El mismo hacinamiento se refleja Tijuana donde la capacidad es para dos mil 563, pero hay internado dos mil 607 hombres y 366 mujeres; es decir, dos mil 973 con densidad de 116%.
“El hacinamiento no sólo constituye un trato inhumano o degradante, sino también un factor desencadenante de violencia y los conflictos que genera entre las PdL; que acarrea al estado parte de una responsabilidad, incluso de carácter internacional, por los hechos violentos contra la integridad física y psíquica de las personas, aun cuando esas violaciones sean cometidas”, concluyó el organismo sobre esta medida.
Una de las consecuencias que enfrentan, sobre todo las mujeres, en materia de salud es la inatención de servicios ginecológicos.
Al estar rebasados en capacidad, los servicios se hacen más precarios, ya que ninguno de los tres centros penitenciarios tiene personal especializado en ginecología y obstetricia, por lo que las mujeres que requieren de esta atención deben ser ingresadas a los hospitales generales.
Pero esto no es inmediato, sino que cada detenida debe tramitar agotar los procedimientos administrativos para su egreso temporal, situación que incrementa el riesgo de que no sean atendidas con oportunidad.
Adicional, muchas no tienen una defensa para enfrentar tanto sus casos penales como los trámites administrativos. Las cifras indican que, en el caso de Ensenada, el 74% de las personas entrevistadas respondieron tener contaron con acceso a una persona defensora; en Tijuana el 52%; mientras en Mexicali, sólo el 36%.
“El acceso a la comunicación con representantes legales deberá de ser garantizada en todo momento, toda vez podrá favorecer que las personas PdL sean menos susceptibles a maltrato dentro de los centros de reclusión”.
