Arturo Rodríguez Pérez laboraba en la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) en el puerto de Ensenada, Baja California, pero fue cesado tres meses atrás; a él y a otro hombre no identificado, los despidieron tras el aseguramiento de 307.75 kilos de cocaína, el 27 de julio del 2025, pero sus nombres no se incluyeron en la investigación ministerial.
Los paquetes conteniendo la cocaína, y tres de los presuntos implicados en el tráfico de la droga, fueron reportados ese domingo a las autoridades porque quedaron flotando sobre el mar frente al Mercado Negro, después de un enfrentamiento a balazos.
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En la escena, muerto en el agua, estaba Ricardo Humberto Balbuena Placier -hermano de un abogado ensenadense, exdefensor de oficio, que intentó ser juez federal en la pasada elección, pero no fue seleccionado-, mientras Raúl Alejandro Arena Real, de 58 años, y Daniel Kruk González, de 60 años, fueron rescatados, heridos; este último quedó vinculado a proceso, por delitos contra la salud, la segunda semana de agosto.
La información y el contexto del despido de Rodríguez Pérez fue informado por el organismo federal a las autoridades estatales, apenas esta semana, después que el joven de 38 años fuera acribillado a las 07:50 horas del lunes 10 de noviembre, en la calle Carabelas de la Colonia Ensenada, a bordo de un Jeep Rubicón amarillo; en el lugar quedaron percutidos más de 21 casquillos.
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A la escena llegó una mujer, quien informó el nombre de la víctima, dijo que vivía solo y no tenía familia en el puerto. Se identificó como su exnovia, y aseguró desconocer donde vivía, sin embargo, más tarde, cuando los investigadores dieron con el domicilio, la supuesta expareja de Rodríguez estada dentro del departamento con una amiga, así que los agentes las aseguraron por el delito de allanamiento (estaban en posesión de dos mil dólares).
Previo al decomiso de los 307 kilos de coca el 27 de julio, el día 3 del mismo mes la Marina aseguró 284 kilos en 188 paquetes contenidos en cuatro maletas dentro de un contenedor.
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Droga que presuntamente pertenecía a un grupo del Cártel Arellano que en el pasado tenía acuerdos con algunas facciones del Cártel de Sinaloa (CDS) en el puerto, representados por Ricardo Bozada Álvarez, el Bozadas -preso desde el 2020-, y César Quintero Beltrán, alias el Lico. A este mismo grupo le aseguraron otros 350 kilos de cocaína el 15 de noviembre del 2024. Pero una de las mayores evidencias de que una buena parte del alcaloide de Sudamérica pasa por el recinto porteño bajacaliforniano, fueron las 39.8 toneladas de coca incautadas en tres contenedores en septiembre del 2023, que procedían de Ecuador rumbo a China.
CÁRTEL JALISCO VA POR COCAÍNA DE ENSENADA
Con 97 homicidios en Ensenada cometidos entre el 1 de enero y el 11 de noviembre, el total de muertes violentas en el año 2025 están un 18.8 por ciento por debajo de las privaciones de la vida consumadas del 2024. Sin embargo, las 17 ejecuciones perpetradas en julio y los 19 homicidios de octubre del presente año, están muy por encima de los siete decesos mensuales que se estaban promediando actualmente en Ensenada. Además, apenas a mitad del mes noviembre, el puerto ya suma nueve asesinatos. 
Un investigador de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad destacó que varias de las muertes en Ensenada, como la del exagente de Aduanas, Ricardo Rodríguez, están relacionadas con el trasiego de cocaína – los aseguramientos- y con la venta al menudeo del alcaloide en el puerto.
“Lo que llama la atención, es que se trata de gente que, previo a su homicidio, no había sido detectada por las autoridades”, por lo que las corporaciones consideran que operadores del Cártel de Sinaloa, encabezado por Leopoldo Lizárraga Ochoa, alias el Polo y/o el Pantera, y Carlos Adrián Casas Reyes, apodado el Mercenario, “…se integraron al grupo que formaron la alianza CJNG-CAF-Chapitos, y están entregando/asesinando a estos personajes en puntos clave”.
Los principales operadores de Jalisco radicados Ensenada, no han podido ser identificados porque en cada operativo criminales se cambian los apodos, “repiten mucho, el de Apá y el Patrón, pero el resto usa números que se intercambian”.
Pero saben que Jalisco ya tiene tomados algunos puntos, y un elemento de prueba es la privación de la vida de uno de sus presuntos operadores, ocurrida el 16 de octubre pasado; el sujeto fue identificado como Omar Alejandro Peralta, asesinado en un domicilio del fraccionamiento Costa Azul (clase media alta). Al ser cateado, en el lugar encontraron 24.26 kilos de marihuana, 720 gomitas con droga y 58 gramos de wax (forma concentrada de cannabis).
De acuerdo a la referido por elementos de la corporaciones bajacalifornianas, uno de los distribuidores de cocaína del lado de Sinaloa, fue asesinado el pasado 8 de noviembre; a Guillermo Reyes García, con antecedentes por fraude, robo de vehículo y lesiones, lo balearon mientras conversaba con una mujer- Cecilia- en el estacionamiento de un negocio de comida en la calle Alisos y Constituyentes de la colonia Luis Echeverría, cuando dos hombres armados y encapuchados descendieron de un sedán blanco sin placas, lo acribillaron y huyeron.
Una de las armas (calibre .45) usadas contra Reyes, fue utilizada al día siguiente el 9 de noviembre para quitarle la vida a otro presunto distribuidor del alcaloide, Carlos Enrique Valtierra, en los patios de un negocio de saldos de su propiedad, en la calle Emilio Abreu de la colonia Aeropuerto; la víctima tenía antecedentes por narcomenudeo, robo de vehículo y abuso de confianza. Con un móvil similar, registraron la muerte de Adrián García, a quien le dispararon el 6 de noviembre dentro de su auto, mientras estaba estacionado frente al Oxxo en la calle Yumanos en el fraccionamiento Villa de Cedros.
LAS NARCOMANTAS
El homicidio más reciente en Ensenada, ocurrió pasadas las siete de la mañana del jueves 13 de noviembre, donde el joven de 36 años, Edgar Gabriel Ramos Rodríguez fue privado de la vida a balazos, mientras estaba en el patio de su domicilio ubicado en la calle Mármol del fraccionamiento Costa Azul (clase media alta); ingresó a su cochera y estaba a punto de abordar su Jeep Rubicón, cuando los homicidas arribaron y le dispararon.
Del modo de vivir de la víctima su pareja dio varias versiones: comentó que el joven laboraba en Estados Unidos, aunque sólo tenía visa de turista; y también dijo que no tenía empleo fijo, que trabajaba trayendo mercancía de Estados Unidos a México, pero desde hace rato que no lo hacía.
Ramos Rodríguez no tenía ninguna propiedad registrada en los registros oficiales, pero gozaba de un buen nivel de vida, y de acuerdo a los primeros testimoniales, acudía a reuniones con jóvenes empresarios del municipio en el valle de Ensenada.
NARCOMANTAS EN EL PUERTO
En el caso de Omar Cisneros la Fiscalía General de la República (FGE) no reportó mayores avances, sólo la continuidad de la investigación de las diversas líneas de investigación, mientras abundan en una cuarta hipótesis posiblemente relacionado con acciones delictivas ligadas al despojo de importantes extensiones de terrenos en el que no han referido como se relaciona la víctima.
En ese contexto, la semana pasada se informó que hombres armados y encapuchados guindaron varias mantas. Fueron tres el 7 de noviembre, y una más el 8 de noviembre de 2025: una en el Parque Revolución, otra en las inmediaciones del centro de Gobierno; la tercera en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 198 de Maneadero. La cuarta la dejaron afuera de la farmacia Roma en la delegación Francisco Zarco.
En los mensajes, acusaron al agente de la Fuerza Estatal de Seguridad, Gerardo Monreal Curiel, quien recientemente fue designado coordinador Operativo de la Plaza Ensenada, y lo señalaron de, apoyar y brindar información a sus “amigos de la Birriería Guadalajara, Manuel Cisneros”, padre de Omar Cisneros, y cuyo crimen es materia de investigación ministerial.
El narcomensaje en la manta también aseguraba la complicidad de Monreal con “su compañero Guzmán”, refiriéndose a Manuel Guzmán, exagente de la FESC, dado de baja en 2019 por presuntos vínculos con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y con Héctor Manuel Gil García, alias el Kado y/o Ka2ador, del Cártel Arellano, mencionado también por elementos de la FESC, como un conocido de la víctima Omar Cisneros, tras su muerte.
Investigadores de la FGE comentaron a ZETA que el caso de las mantas amenazantes no ha sido sumado a la carpeta de investigación del asesinato de Omar Cisneros porque no han encontrado relación, además que el padre de la víctima, Manuel Cisneros, ha cortado comunicación con la FGE.
HOMICIDAS DE TIJUANA EN ATAQUES A PESCADERÍAS DE ENSENADA
La Fiscalía regional de Ensenada ha registrado en el año, 67 denuncias de extorsiones en general y 27 carpetas por cobro de piso (los delincuentes que piden una cantidad mensual por dejar trabajar a los comerciantes). De estos últimos, seis casos han sido resueltos con detenidos, gracias a que las víctimas han denunciado, informó el fiscal regional de Ensenada, Miguel Ángel Pérez Rojas.
La primera fue la extorsión a los dueños de una carreta de mariscos el 21 de mayo, a quien le pusieron medidas de protección, permitiendo la captura de un delincuente involucrado en delitos mayores en Mexicali y dos incendiarios que atacaron su domicilio con bombas molotov; otras dos víctimas en las que dos choferes de DiDi cobraban las cuotas; otro extorsionador de un lugar de renta de maquinaria; y al extorsionador de un abogado.
También están los incendios de dos empresas pesqueras y un tractocamión en enero; el restaurante La Pescadería en febrero; una lancha ribereña en julio; la Casa de la Piña Colada en agosto y el restaurante de mariscos Muelle Viejo en septiembre. Cuyas investigaciones no han tenido avances y, por miedo, los propietarios se han negado a cooperar.
Así como los detenidos por los ataques a las instalaciones de la Fiscalía del Estado en Ensenada y Tijuana, los días 20 y 21 de septiembre.
Además de las víctimas mortales o lesionadas en los ataques armados en restaurantes y pescaderías, o balaceras contra propietarios de estos negocios, presuntamente asociados a la extorsión en la que restauranteros y puesteros son obligados por el operador del Cártel de Sinaloa, Alejandro Hernández Medina, alias El Tury, a comprar los peces y mariscos en determinadas empresas.
De acuerdo a los investigadores, los afectados son comerciantes conocidos que durante mucho tiempo trabajaron de manera honesta, pero al final sucumbieron a los ataques y las presiones del CDS, y terminaron apoyándolos en el proceso extorsivo, como:
*Pescadería Mares del Pacífico (antes Casita del Camarón) del fraccionamiento Acapulco, negocio en el que la mayoría de los comerciantes son obligados por el CDS a comprar. Y donde el 18 de agosto un cliente resulto muerto y tres empleados heridos.
*Pescadería “Joelito”, ubicada sobre la calle Argenta, en el fraccionamiento Lomas de Valle Verde, que el 4 de octubre fue escena de una balacera que resultó con un homicidio y dos lesionados.
*Y las lesiones por bala, sufridas por Rafael “N’” y su pareja, propietarios de la pescadería Los Faylos, ubicada en la avenida Esmeralda, mientras la pareja repartía comida en las inmediaciones de la Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la avenida Reforma.
“El Joelito y el Faylo, el propietario de pescadería Erick, dos distribuidores uno de apellidos Sarmiento y Ortiz, otros tres sujetos sólo identificados por nombre que son Rolando, Miguelito y Luisillo, todos están siendo investigados por su relación con el Tury y sus operadores”, expuso un elemento del área de inteligencia.
Mientras un investigador completó: “Algunos de los atacantes en el Joelitos y en Mares del Pacífico ya están identificados y los estamos buscando; son del Cártel Jalisco, y en la mayoría de los casos operan en Tijuana y Tecate, pero se han trasladado a Ensenada. No creemos que se trate del CJNG intentando quitarle el negocio al CDS y de extorsionar a los vendedores; parece que les quieren calentar el terreno, identificarlos, y atraer la atención de las autoridades para obligar a que los investiguen”.
