El 19 de noviembre de 2025, el Pleno del Senado de la República aprobó, de manera unánime, con 110 votos a favor, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece un tipo penal único para todo el país y sanciones que van de 15 hasta 42 años de prisión.
El dictamen, que fue enviado de regreso a la Cámara de Diputados, para su aprobación, modificó 25 artículos respecto a la minuta enviada por San Lázaro y elevó el tipo penal básico de 15 hasta 25 años de prisión. A estos se sumarán otros puntos con base en 34 agravantes referidas al impacto de las diversas modalidades de ese ilícito.
Publicidad
La mayor penalidad será de 42 años de prisión y se aplicará a los extorsionadores que operan desde los centros penitenciarios, se ostenten como miembros de un grupo criminal o recurran a la violencia física o moral. Esta sanción máxima incluye a quienes realicen el cobro de daño derivado de un accidente vehicular provocado o intencional, conocidos como “montachoques”.
La ley establece sanciones de hasta 37 años a quien extorsione a grupos de migrantes o utilice información privada de las víctimas, y hasta 33 años por cobro de piso a quienes realizan actividades empresariales, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras. La misma sanción se impondrá a quien exija pagos a candidatos o funcionarios electos.
Publicidad
Durante la discusión del dictamen, senadores de todos los partidos reconocieron que este delito es el que menos se denuncia debido al temor que provoca en las víctimas. El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, de Morena, sostuvo que el proceso legislativo consolida un mejor instrumento para cerrar las rendijas a los extorsionadores y acotar la impunidad de este delito, el tercero de mayor incidencia en el país.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, de Morena, señaló que la extorsión afecta las actividades económicas y vulnera la tranquilidad de las personas. Destacó que la expansión actual se ha potenciado con el uso de tecnologías de la comunicación y fenomenologías vinculadas al control territorial de los grupos delictivos, así como la corrupción que ha permitido que las cárceles y centros penitenciarios se hayan convertido en centros de operación de este delito.
Publicidad
La senadora Mayuli Latifa, de la bancada del PAN, consideró que la ley no debe quedarse solo en buenas intenciones y esto ocurrirá si no se dota de recursos para la investigación de los casos de extorsión.
La ley incorpora el establecimiento de que el actuar de las autoridades se debe realizar con pleno respeto de los derechos humanos y señala el deber de contar con unidades, ministerios públicos, policías y analistas capacitados, evaluados, certificados y especializados en materia de extorsión.
Se establece la imposibilidad de obtener beneficios como libertad anticipada, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena en el delito de extorsión. Sin embargo, se abre la posibilidad de otorgar dichos beneficios en casos de colaboración proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción a la autoridad en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada dedicadas a la comisión del delito de extorsión. El dictamen fue aprobado en comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el 18 de noviembre de 2025.
La extorsión alcanzó cifras récord en 2025, con 9,436 víctimas registradas entre enero y octubre, la cifra más alta en una década. Entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 8,585 víctimas, lo que implica un aumento de 5.2 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. En 2023, la extorsión fue el tercer delito más frecuente a nivel nacional, con una tasa de 5,213 hechos por cada 100 mil habitantes. La cifra negra de la extorsión alcanzó 96.7 por ciento en 2023.
El Gobierno Federal ha detectado que 12 centros penitenciarios del país concentran el 56 por ciento de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión al número 089. Desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en julio de 2025, se han realizado 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios del país. Las autoridades han bloqueado el 33 por ciento de los 2,389 números telefónicos reportados desde los que se trata de extorsionar a la ciudadanía.
