El Poder Judicial de Perú emitió, el 21 de noviembre de 2025, una orden de captura internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva contra Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo. Chávez se encuentra refugiada desde hace 18 días en la Embajada de México en Lima, donde espera un salvoconducto para salir del país.
La resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley establece que existe peligro de fuga palpable y riesgo de frustración del juicio oral. La Fiscalía Suprema Anticorrupción procesa a Chávez por los delitos de rebelión y conspiración relacionados con el intento de disolución del Congreso por parte de Castillo en diciembre de 2022. La pena solicitada es de 25 años de prisión.
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El gobierno peruano, a través del canciller Hugo de Zela, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México el 2 de noviembre de 2025. La decisión se basa en la consideración de que el asilo otorgado a Chávez constituye injerencia en asuntos internos. Perú mantiene servicios consulares pero retiró a su embajador, al igual que México.
La crisis diplomática entre ambos países se intensificó tras la destitución de Castillo, cuando México otorgó asilo a su esposa e hijos. El gobierno peruano informó el 7 de noviembre de 2025, que solicitará a la Organización de Estados Americanos una revisión a las normas sobre asilo diplomático en la región, argumentando que la Convención de Caracas de 1954 ha sido desnaturalizada. La encargada de la embajada mexicana en Lima, Karla Ornela, fue notificada para abandonar el país en un plazo perentorio.
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Betssy Chávez fue detenida en junio de 2023 y estuvo en prisión preventiva hasta septiembre de 2025, cuando un juez la liberó para asumir su defensa. La orden de captura actual se emitió después de que incumplió con controles biométricos y faltó a audiencias judiciales. La Policía Nacional del Perú e Interpol recibieron los oficios correspondientes para ejecutar la ubicación y captura.
