Increíble, pero una muerte derivada de un padecimiento por tuberculosis causó gran enredo en instituciones de seguridad y procuración de justicia. Nadie sabía su causa de muerte, pero todos especulaban
Es curioso cómo el fallecimiento de una persona puede causar tanto conflicto político mediático, en especial cuando se trata de un individuo cuyo deceso se originó por una enfermedad.
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Esta semana en Mexicali se documentó el fallecimiento de una persona en los alrededores de la colonia Guajardo y San Marcos, al Poniente de la ciudad y muy cerca de oficinas gubernamentales. La víctima, que no ha sido identificada, estaba envuelta en una cobija blanca y tenía ataduras para mantener retenidas las piernas.
En una primera impresión parecería que se trata de un asesinato, y así fue consignado por los medios de comunicación. Pero la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez dijo se trataba de un fallecimiento por sobredosis. Minutos después, reculó e informó que se trataba de una muerte por cirrosis, pero al final remarcó: fue una sobredosis.
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El tema fue cuestionado al día siguiente en la mañanera, ante la incredulidad de los medios de comunicación; la gobernadora Marina Avila Olmeda, extrañada, dijo que se había enterado mediante redes sociales del hecho y aseguró que no tenía mayores datos. El general Laureano Carrillo externó toda una narrativa de seguridad y de que, ante este tipo de hechos, sus agentes acuden a las comunidades con vecinos y los cuestionan sobre la situación de inseguridad; agregó que este tema le compete a su institución y que ya se habían iniciado investigaciones al respecto.
La realidad es que nadie, en el gobierno o en la fiscalía, sabía lo que estaba ocurriendo.
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Mientras que la fiscal aseguraba una sobredosis, luego una cirrosis y una sobredosis nuevamente, el general ya afirmaba que se estaba atendiendo como un tema de criminalidad; ninguno de los dos le había informado a la gobernadora en las mesas de seguridad durante los dos días.
La situación de desinformación llegó a tal grado que la propia gobernadora pidió explicación para saber la causa de la muerte de esa persona, pero nadie le brindó respuestas.
Por increíble que parezca, un día después, el Poder Judicial del Estado le levantó el “veto” que tenía el director del Servicio Médico Forense (Semefo), César Raúl González Vaca, a quien explícitamente le tenían prohibido brindar atención a medios de comunicación sobre las muertes de cualquier índole.
Fue entonces que el Semefo confirmó que el deceso de la persona no era sobredosis, ni cirrosis, tampoco una muerte violenta; sino por tuberculosis, un padecimiento que tenía desde tiempo atrás y que si bien no puede imputarse legalmente su deceso a otra persona, sí podría existir un delito vinculado al traslado de cadáveres, dado que -evidentemente- la víctima no se trasladó por sus medios después de muerto.
Imagínense usted, estimado lector, que hace meses, la Guardia Narconal -digo, Nacional- le pidió a la gobernadora que se silenciara al Semefo debido a que brindaba información delicada sobre fentanilo; que la fiscal general secundara la petición bajo el argumento de que afectaba las investigaciones; y en la primera de cambio se vean obligados a que el Semefo brinde información sobre una muerte que para efectos de seguridad era irrelevante.
Todo este conflicto que exhibe la falta de coordinación de las instituciones de seguridad, queda evidenciado por lo absurdo. Si no se ponen de acuerdo en temas tan pequeños y si no le informan correctamente a la gobernadora, pues mejor que se sigan enterando mediante redes sociales o medios de comunicación.
