Empleados del casino Skampa, en Ensenada, fueron sorprendidos por autoridades federales luego de que el Gabinete de Seguridad informara sobre la presunta relación de diversos casinos de Baja California con actividades de lavado de dinero vinculadas a grupos del crimen organizado. Por ello, este miércoles fueron suspendidas las operaciones del mencionado establecimiento, ubicado en la zona centro de la ciudad.
La Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, ordenó el cese total de las actividades de la empresa Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V., operadora del establecimiento.
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El operativo ocurrió la tarde del miércoles 12 de noviembre, cuando funcionarios federales arribaron al inmueble situado en avenida Adolfo López Mateos (Costero) y avenida Alvarado, donde notificaron la resolución oficial y procedieron al desalojo de clientes y trabajadores.
De acuerdo con testigos, durante la diligencia se permitió a algunas personas retirar objetos personales y alimentos, mientras que personal de la Segob extrajo documentos del interior del casino.
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El Casino Skampa opera bajo el permiso federal DGAJS/SCEVF/P-08/2005. En las puertas del establecimiento fue colocado el oficio de suspensión, en el que la Segob argumenta que la determinación responde a hechos “de notorio interés público” y a la posible contravención de disposiciones legales, señalando:
“Dado que es un hecho notorio la posible contravención a las disposiciones de interés público, que no pueden ni deben escapar del escrutinio de esta Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, se determina la suspensión antes mencionada en concordancia con el combate a las actividades prohibidas, cuya obligación corre a cargo de las autoridades de la administración pública federal”.
El documento también precisa que la medida tiene carácter preventivo y transitorio, con el objetivo de evitar la continuidad de posibles actividades prohibidas y garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, además de brindar certeza jurídica a los usuarios.
