Angela Zamorano Herrera, juez de Ejecución Penal del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, aplazó, el 11 de noviembre de 2025, para las 09:45 horas del día 19 del mismo mes y año, la continuación de la diligencia para conceder o no la libertad condicional a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016, ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Duarte de Ochoa y su defensa comparecieron en una diligencia que duró más de diez horas, en la que comparecieron cinco testigos presentados por los abogados del político veracruzano, para acreditar su supuesta buena conducta.
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Los cinco testigos fueron trabajadores de dicha prisión: Leticia Garnica González, directora jurídica; Francisco Javier Morales Salud, subdirector de Apoyo Técnico; Osvaldo González Rojas, subdirector de Seguridad; y Daniel de Nazareth Espinoza Espinoza, Subdirector de Custodia y Seguridad.
También, Diego Quiroz Rodríguez, director General de Control Jurídico de Sentenciados, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadadan (SSPC) Federal.
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Sin embargo, faltó un testigo presentados por la defensa de Duarte de Ochoa, entre ellos Luis Ángel Hernández Salas, director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, así como seis testigos de la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales comparecerían respecto a la conducta del ex gobernador, al interior de dicho centro penitenciario.
A Duarte de Ochoa le restaban sólo cinco meses para cumplir su condena de 9 años de prisión, misma que le impusieron tras negociar un criterio de oportunidad con la FGR, es decir, se declaró culpable para obtener a cambio la pena mínima y un descuento adicional a la misma.
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La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la libertad anticipada para los sentenciados que han cumplido con cuando menos el 70 por ciento de su condena en el caso de delitos dolosos, haber tenido buena conducta, cumplir con el plan de actividades de reinserción de los internos y no contar con otra sentencia o proceso con prisión preventiva de oficio.
Los abogados del ex mandatario estatal manifestaron que su cliente tenía cumplidos todos los requisitos, incluso en exceso, debido a que había compurgado el 95.04 por ciento de la condena, debido a que tenía 3 mil 133 días preso en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, de los 3 mil 285 de su castigo.
Los defensores del ex gobernador también dijeron que las autoridades penitenciarias habían certificado su buena conducta, ya que había cumplido con el plan de actividades de los internos para su reinserción, había tomado cursos e impartido clases en dicho centro penitenciario. Además había logrado cancelar o sobreseer los otros cuatro procesos que le iniciaron, tres del fuero común y uno federal.
A nivel local, Duarte de Ochoa logró que su proceso por el delito de peculado fuera anulado, el 13 de abril de 2023. Asimismo, en el iniciado por desaparición forzada, le dictaron la no vinculación a proceso el 14 de noviembre de 2024; y la causa penal por incumplimiento del deber legal, fue anulada el 23 de abril de 2025, porque el delito ya estaba prescrito.
En el fuero federal, el político veracruzano tenía una orden de aprehensión pendiente por delito electoral, pero nunca le fue ejecutada, porque el Gobierno de Guatemala no lo autorizó. En la audiencia del lunes 10 de noviembre de 2025, Zamorano Herrera informó que este mandamiento de captura quedó sin efecto desde el 30 de septiembre de 2021, porque también se declaró prescrito el ilícito. Es decir, ya no tendría ningún proceso pendiente y sólo estaba preso para compurgar su condena.
