En siete meses, en tres ocasiones, en marzo, en septiembre y en noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la OFAC (oficina de activos en el extranjero por sus siglas en inglés) y la FinCEN (Red de control de delitos financieros por sus siglas en inglés), ha emitido tres sanciones a organizaciones criminales con base e infraestructura en Baja California, pero que en México no son investigadas.
La primera alerta, la de marzo, la tituló el Gobierno de los Estados Unidos como “La Red de Lavado de Dinero del Cártel de Sinaloa”; señalaba a 11 personas encabezadas por los cuatro hermanos Guzmán: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio, hijos todos de Joaquín Guzmán Loera. Así como seis personas encargadas del lavado de dinero y por lo menos siete empresas. Un documento complementario de la red de lavado de dinero señaló directamente a Christopher Ortega Lomelí y a otras personas de delitos de conspiración para importar sustancias controladas, para distribuir esas sustancias, así como para lavar dinero.
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La cuestión es que Ortega Lomelí, aparecía en la Plataforma Nacional de Transparencia como funcionario de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California hasta abril de este 2025, pues renunció a su cargo de analista en la comisión que presidió la fiscal Elena Andrade, a raíz de su mención en la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, por parte del Departamento del Tesoro.
En septiembre de 2025, el día 18, el mismo Departamento del Tesoro emitió sanciones y congelamiento de activos a quienes integran lo que llamaron “El Imperio del Contrabando: la red de Playas de Rosarito”, donde incluyeron al ala de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, encabezada por Juan José Ponce Félix, el Ruso, y los hermanos Alfonso y René Arzate García, así como a seis personas más, entre las que destacaron dos empresarios, Candelario Arcega y Jesús González Lomelí, así como la exalcaldesa morenista de Rosarito, Araceli Brown. Sin embargo, en México ni la FGR ni autoridades locales los investigan, aunque la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) sí congelo los activos y bienes de las 15 empresas que la OFAC incluyó en su sanción, y algunas de las cuales son propiedad de Arcega y González Lomelí, en compañía de otros socios de Baja California.
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Arcega, González y Brown no tienen investigaciones en México, como tampoco las tiene Ortega Lomelí, y realizan actividades comerciales, políticas o legislativas a pesar del congelamiento de sus cuentas. De hecho, la diputada federal Araceli Brown acudió al informe de la gobernadora Marina del Pilar Avila, y se tomó fotografías con otros actores políticos de la localidad, en total libertad.
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En este noviembre, el 12, una vez más el Departamento del Tesoro, a través de la FinCEN, emitió nuevas sanciones y medidas especiales contra diez establecimientos de apuestas de México, dos de los cuales están ubicados en Baja California: uno en Ensenada y otro en Rosarito.
A saber, en coordinación con el Gobierno de México, el Departamento del Tesoro emitió las medidas especiales contra el que identificó como “Grupo de Delincuencia Organizada Hysa” (GDOH), que “ha utilizado su influencia, a través de inversiones o control sobre diversos negocios en México -incluidos casinos y restaurantes-, para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Se cree que el GDOH opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo lleva a cabo sus actividades”.
Fueron 27 personas sancionadas por la OFAC, y 10 casinos con medida especial por la FinCEN, para limitarles el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. Los casinos sancionados fueron, de acuerdo a la lista dada a conocer el 13 de noviembre, Emine Casino, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora: Casino Mirage, en Culiacán, Sinaloa; Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora; Midas Casino, en Los Mochis, Sinaloa; Midas Casino, en Guamúchil, Sinaloa; Midas Casino, en Mazatlán, Sinaloa; Midas Casino, en Rosarito, Baja California; Casino Palermo, en Nogales, Sonora; Casino Skampa, en Ensenada, Baja California; y, Casino Skampa, ubicado en Villahermosa, Tabasco.
A su vez, el Gobierno de México anunció “la suspensión de operaciones de trece casinos físicos y virtuales”, por presuntas actividades en el lavado de dinero y evasión fiscal.
Para el Cártel de Sinaloa, en cualquiera de sus flancos, sean Los Chapitos, Los Mayos o las células intermedias, Baja California ha sido tierra fértil para la expansión de su ilícito negocio de las drogas, para su cártel inmobiliario y para el lavado de dinero, cuestiones que ni en el Estado ni en la Federación son debidamente investigadas, o medianamente lo hacen cuando, como en marzo, en septiembre y en noviembre, el Departamento del Tesoro emite sanciones, alertas o medidas especiales.
De hecho, sólo en los dos últimos casos, el Gobierno de la República ha actuado en el mismo sentido: primero congeló las cuentas de Araceli Brown, Candelario Arcega y Jesús González Lomelí, así como de sus empresas y sociedades, como ahora lo hace con trece casinos, limitando sus actividades financieras y aparentemente iniciando un proceso de investigación por lavado de dinero y evasión fiscal.
Los protagonistas señalados, sin embargo, siguen gozando de total impunidad, departiendo, haciendo política, negocios, nuevas sociedades, apoyando gobiernos y campañas, en un ambiente político, gubernamental y criminal que huele a podrido; aunque el tufo sólo se percibe al norte de la frontera.
