Fuentes ministeriales federales confirmaron a ZETA que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-BC/0000556/2025 en la cual investiga como imputados al alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño; a su secretario de Economía, Pedro Montejo Peterson, y al empresario Fernando Salgado Chávez.
En el caso del exmunícipe de Ensenada, y actual senador, Armando Ayala, aunque está en la misma lista, la carpeta de investigación tiene un número diferente, FED/FEMDO/ FEIDMHDARV-BC/0009656/2025; este mismo número contiene los citatorios con los que requirieron a Luis Alfonso Torres Torres y Carlos Torres Torres, recién divorciado de la Gobernadora Marina Ávila.
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La, o las indagatorias, incluyen otros 15 nombres como el del secretario de Gobierno de Tijuana, Arnulfo Guerrero, quien aseguró a ZETA que al cierre de esta edición aún no había sido requerido por la autoridad federal. Se trata de funcionarios y exfuncionarios del Ayuntamiento de Ensenada, uno de Mexicali y dos del Poder Judicial.
En los citatorios, el Ministerio Público federal solicita la presencia de los políticos, empresarios, exfuncionarios, a “… fin de recabarle su entrevista en calidad de imputado”, para que declaren “en relación de los hechos que se investigan en la carpeta de investigación al rubro citada”.
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Ni la FGR ni el alcalde Burgueño –quien envió a sus abogados para atender la cita que tenía con la FEMDO la mañana del martes 18 de noviembre–, han informaron el motivo de la indagatoria. Por los citatorios, oficialmente, se sabe que la célula de investigación está integrada por personal de dos unidades: Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la Fiscalía; y en Materia de Hidrocarburos, de Asaltos y Robo de Vehículos.
Extraoficialmente, las indicaciones son que la FEMDO estaría investigando las alianzas fraguadas entre empresarios, políticos y funcionarios, que haya hechos posibles, delitos cometidos en detrimento del erario en los tres órdenes de gobierno.
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Entrevistado, el alcalde de Tijuana Ismael Burgueño desestimó la investigación por ser anónima, lo que no hicieron con otra indagatoria federal en contra de su antecesora, Montserrat Caballero.
“Una vacilada…imagínense ser producto de una denuncia anónima, anónima sin elemento alguno para ser citado y ser presuntamente vinculado con temas de lavado de dinero”, dijo el alcalde Burgueño, y reclamó, “una carpeta donde se presume que hay más de 20 personas, este, y que se filtran documentos”, solicitando que la FGR haga una investigación por la publicidad de su citatorio.
El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, también lanzó una advertencia de que tomará acciones jurídicas contra los medios de comunicación que, según él, “se estén dedicando a difamarme…esos medios de comunicación, que se estén dedicando a difamarme, pues, también voy a tomar medidas jurídicas, porque más allá de la libertad de expresión están poniendo en juego mi imagen. Ya estoy con un grupo de abogados para esos medios que se están atreviendo a difamarme, también voy a tomar acción jurídica a quienes manchen mi imagen, mi reputación y que yo esté vulnerable a este tipo de situaciones…Dan por un hecho que yo tengo algo que ver con una situación de lavado de dinero o una acción de algún delito de índole federal, lo cual confunde a la ciudadanía”.
El otro citado, Fernando Salgado Chávez, es públicamente identificado porque invirtió recursos de sus empresas en las campañas políticas de candidatos morenistas, como la Gobernadora Marina del Pilar Ávila; el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño y los ex alcaldes, de Ensenada, Armando Ayala y Aracely Brown de Rosarito, entre otros.
Y también porque en mayo de 2025, después de que circuló públicamente la versión de que la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda era propietaria de una mansión de tres millones 995 mil dólares, localizada en Rancho Santa Fe, San Diego, después de una publicación en redes sociales, Salgado Chávez publicó un comunicado reportando que el inmueble era de su propiedad, a través de la empresa INTL Builders Inc donde la directora financiera es Anakaren Sánchez, la esposa del exfiscal general Ricardo Carpio, también amigo del empresario desde hace 15 años.
Esa relación generó una revisión de los asociados de Salgado, lo que permitió detectar alianzas que abarcaban más de 20 empresas, y la cercanía del empresario con funcionarios de Tijuana, como Pedro Montejo Peterson, secretario de Economía; con Juan Diego Mascareño López en el IMPLAN; Nelly del Carmen Pabellón Vega, en Oficialía Mayor; y Fran Ochoa Chávez, en la Dirección de Obras e Infraestructura.
A partir de la indagatoria de la FGR, esta vez se rastrearon las alianzas del investigado Salgado con los funcionarios los también citados, Ismael Burgueño y los hermanos Torres Torres.
EMPRESAS TORRES- SALGADO
Por dos terceras vías, los Torres Torres también fueron incluidos en las sociedades comerciales de La Familia; sucedió a través del cuñado y el hijo de Luis Alfonso, hermano de Carlos, hoy exesposo de la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda
Ambos hermanos están siendo investigados en los dos lados de la frontera por la posible comisión de delitos relacionados con el huachicoleo fiscal –tráfico y robo de hidrocarburos–, motivo por el cual a Carlos y a su entonces esposa Ávila, les retiraron en mayo pasado las visas para cruzar a los Estados Unidos.
Las empresas que alían a las familias son:
* Operadora de Alimentos Dace Sociedad Anónima de Capital Variable, registrada el 21 de julio de 2021, tiene como objeto “la propiedad, administración, manejo, operación, representación, agencia, franquicia o mediante otra clase o especie de contrato; sea con recursos propios o de terceros, del giro de restaurantes, bares, cantinas, cabarets, discotecas, salones de bailes, clubes sociales, cafés, cafeterías, cafés cantantes, fondas, hosterías, o de negocios similares, anexos y conexos”, y más. Los socios son el chef David Adrián Salgado Chávez, hermano de Fernando Salgado; y René Torrez Terrazas, hijo de Luis Alfonso Torres; tienen como tercer asociado a César Moisés Pérez.
-Clara Restaurante S. de R.L. de C.V. se constituyó el 15 de julio de 2024, para “administración y operación de restaurantes y bares, así como la prestación de los servicios inherentes a los mismos, tales como la preparación, distribución, compra y venta de toda clase de alimentos y bebidas con o sin graduación alcohólica”, en un establecimiento. Aquí Moisés Pérez Mejorado y el chef David Adrián Salgado Chávez se aliaron con René Torres Terrazas, cuñado de Luis Alfonso.
GOBERNADORA: “NO HAN SIDO CITADOS”
Entrevistada en la conferencia semanal el 20 de noviembre, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que, de acuerdo a la información en su poder, ninguno de la lista mencionada en la indagatoria de la FEMDO ha sido notificado por parte de la autoridad y que, actualmente, su conciencia está tranquila pese a la filtración:
“Según lo que comentó Carlos (Carlos Torres Torres) y otras personas que se han, en redes sociales, mencionado con esos citatorios, no han recibido ninguna notificación, ningún citatorio, lo cual es muy extraño que se estén compartiendo este tipo de documentos antes de que hayan sido notificadas las personas que están siendo ahí señaladas; a lo que yo sé, la información que se me ha proporcionado en relación a este tema es que se trata de denuncias anónimas, incluso creo que por vía electrónica y en donde se menciona a una lista de más de 20 personas”, puntualizó.
CONTRATO DE LUMINARIAS LIGA A LA OFICIAL MAYOR, LOS SALGADO Y LOS RIGUERO
A inicios de septiembre pasado, se hizo público que el comité de adquisiciones del Ayuntamiento de Tijuana le había otorgado a la empresa Power and Sinergia S.A. de C.V. un contrato por poco más de 108 millones de pesos: 38 millones 118 mil 296 pesos por la compra de 7 mil 642 luminarias LED; y 69 millones 971 mil 548 pesos por la compra de 10 mil 811 luminarias LED.
En el Registro Público de la Propiedad, la empresa Power and Sinergia S.A. de C.V, aparece como un corporativo también llamado Fortius Power, integrado por: Power Iluminare SAPI C.V. y Fortius Electromecanic S.A. de C.V.
En esta empresa aparecen como dueños Silvia Íñiguez y Eduardo Miguel Riguero Escoto; y Luis Jorge Mancillas González como administrador único.
Esta familia de Jalisco también es propietaria de Construobras de Occidente registrada a nombre de Rodolfo Leónidas Riguero Guerrero y Mercedes Margarita Riguero Escoto.
La relación de los Riguero con el empresario Fernando Salgado Chávez y la Oficial Mayor de Tijuana, Nelly del Carmen Pabello Vega, también se pudo corroborar a través de otros documentos inscritos en el Registro Público.
Está la asamblea de Construobras, con el folio mercantil 87703 del 21 de enero de 2021, solicitada por Jairo Jauregui para la revocación y renuncia de siete apoderados o funcionarios, en la cual los padres del mencionado inversionista ensenadense Fernando Salgado Díaz y Julia Graciela Chávez García, aparecen con nuevos nombramientos: el primero como Administrador General Único; la segunda, como apoderada.
En ese oficio del año 2021, el tercer y último nombramiento es para Nelly del Carmen Pabello Vega, actual oficial Mayor del Ayuntamiento de Tijuana, la designan comisario de la constructora jalisciense. En el currículum de la oficial también se indica que fue directora de Estrategia y Cumplimiento Fiscal de la empresa Manufactura Alpaso S.A. de C.V. de 2013 a 2015, este negocio se registró en Ensenada en 2016, como propiedad de la familia del actual secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Pedro Alejandro Montejo Peterson con participación de quien también es su socio o administrador en la mayoría de sus empresas, Ángel Martín Peña Lucero.
En otra asamblea registrada con folio mercantil electrónico 87703, de fecha 18 de octubre de 2022, para un trámite solicitado por Eduardo Ordoñez Martínez, como representantes de Construobras, aparece de nuevo la madre de Salgado, la señora Julia Graciela Chávez García, ahora administradora general.
La esposa de Salgado Chávez, Iveth Arámbula García, una de dos propietarios de Grupo Ripresa e Hijos, negocio registrado en Jalisco en 2015, también resulta vinculada con los Riguero, pero en un negocio distinto que quedó acreditado en una Licencia de Edificación en Zapopan, Jalisco, autorizada el primero de marzo de 2021 –presumiblemente de una gasolinera–, la cual fue solicitada por Ripresa y el Grupo R. Punto Clave, en el que se registraron como propietarios y funcionarios los hermanos Lucía Alejandra y Eduardo Miguel Riguero Escoto, el mismo de las luminarias, y de nuevo como administrador, Luis Jorge Mancilla González.
AGEM Y LA RECUPERACIÓN DE ISR,
SOCIOS Y EMPLEADOS DEL SECRETARIO DE ECONOMÍA
En enero de 2025, el comité de adquisiciones del XXV Ayuntamiento encabezado por Burgueño Ruiz, otorgó por adjudicación directa un contrato de servicios de asesoría fiscal, numerado ADQ-2025-AD-003-XXV AGEM Asistencia en Gestión para las Empresas, S.C., con vigencia de enero a marzo del presente año, ya habían sido favorecidos en proyectos similares previamente en Tijuana y Mexicali, pero en aquel momento, los socios de la mencionada empresa no eran funcionarios.
La misión dada a AGEM en este contrato fue recuperar el importe del Impuesto Sobre la Renta de la nómina municipal para la administración centralizada y paramunicipal y supervisar la correcta emisión de comprobantes fiscales.
“La Contratación de Servicios Profesionales fue aprobada mediante Dictamen de
Adjudicación Directa ADQ-2025-AD-003-XXV, de fecha 15 de enero de 2025 emitida
por el Comité de Adquisiciones del H. XXV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California,
considerando a la excepción contemplada en el artículo 34 fracciones V y XIII del
Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamiento para el
Municipio de Tijuana, Baja California, para la contratación con “EL PROVEEDOR” de
nombre AGEM, ASISTENCIA EN GESTIÓN PARA LAS EMPRESAS, S.C. CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO HASTA SU CONCLUSIÓN, CON EL OBJETIVO DE CORREGIR LA SITUACIÓN FISCAL DE ESE H. AYUNTAMIENTO Y POR SOLICITUD EXPRESA DE SUS PARAMUNICIPALES A TRAVÉS DEL AYUNTAMIENTO, ESPECÍFICAMENTE CON OBJETO DE LOGRAR LA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN ADELANTE ISR) ENTERADO, PAGADO Y RETENIDO POR PAGOS DE SUELDOS Y SALARIOS, ASÍ COMO ASIMILADOS A SALARIOS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 3-B DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL PARA LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, servicio por el cual el Ayuntamiento pagará el 24% (Veinticuatro por ciento) más el Impuesto al Valor Agregado tasa 16%, respecto de los montos determinados en el proceso de validación del ISR, contenidos en las emisiones y periodos correspondientes, mismo que tendrá una vigencia a partir de la fecha de autorización por parte del Comité de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de Tijuana y hasta el 31 de enero del 2025”, se lee en el contrato.
Especialistas refirieron que ese 24 por ciento le dejaría a AGEM un promedio de 500 millones de pesos. Pero la cifra la tiene la Tesorería.
En el Registro Público, AGEM aparece como propiedad del socio principal del secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Pedro Alejandro Montejo Peterson, el señor Ángel Martín Peña Lucero y del director administrativo de la Oficialía Mayor de Tijuana, Adrián Altamirano Uribe.
Pero los hechos indican que sus nombramientos son cambiados y las acciones vendidas, de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Por ejemplo, el 24 de enero, días después que AGEM recibió el contrato de 2025, registraron que el ya funcionario municipal de Tijuana, Adrián Altamirano, se separaba de la empresa favorecida, y entregaba sus acciones a Javier Carbajal.
En otro momento de la vida de AGEM Asistencia en Gestión para las Empresas, S.C., el 30 de marzo de 2024, en las actas de asamblea, Xarelli Maxim Mercado –quien se desempeña como la secretaria particular del mismo secretario de Economía–, también aparece como adquirente de acciones de la misma empresa.
Además, el nombre de Maxim Mercado, como el del socio de Montejo, Ángel Martín Peña Lucero se repite con diversas asignaciones en las diferentes empresas favorecidas en el gobierno de Marina del Pilar Ávila; del secretario de economía de Tijuana, y en otras de los inversionistas cercanos a la familia Salgado.
Por ejemplo, en junio de 2023, la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California (CESISPE) entonces encabezada por la actual fiscal, Ma. Elena Andrade, informó que continuaba “…impulsando acciones y programas para la transformación de la vida penitenciaria, a través del acceso al trabajo de la población privada de la libertad, la apertura de una área de maquila en el Centro Penitenciario de Ensenada, en trabajo conjunto con la empresa Manufacturas Alpaso, S.A., de C.V., establecida en este municipio, que se dedica a la fabricación y comercialización de productos textiles”.
“En el evento estuvieron presentes…el consejero Nacional de INDEX, Zona Costa, Adrián Altamirano Uribe; y Maxim Mercado García, representante de la empresa Manufacturas Alpaso”.
MONTEJO-SALGADO
Otra de las alianzas comerciales de los Salgado con el secretario de Economía de Tijuana, también quedó acreditada en el registro de la empresa Pugsong, S. de R.L. de C.V. en 2019, en donde la hija y la esposa de Montejo Peterson aparecen como propietarias.
La compañía tiene por objeto “la compra, venta, construcción, administración, y arrendamiento de inmuebles y de casas habitación, el fraccionamiento y urbanización de terrenos, así como el proporcionar el servicio de fraccionamiento, construcción y venta de inmuebles, pudiendo realizar todos los actos y contratos, sean civiles o mercantiles, que fueren necesarios para la consecución de los fines. La construcción y edificación de obras públicas y privadas, incluyendo la planeación, desarrollo”.
Los nombres de los hoy funcionarios municipales de Tijuana, Maxim Mercado García, y Adrián Altamirano, se repiten en las asambleas y trámites de este negocio.
Pero destaca la asamblea con folio mercantil electrónico N-2020001208, fechada el 8 de marzo de 2024, donde además de Altamirano, Fernando Salgado Díaz –padre de Salgado Chávez– aparece designado como uno de los apoderados de la empresa.
LA FERIA TIJUANA Y LA ARENA VALLE
En marzo de 2025, el Ayuntamiento de Tijuana le retiró la concesión de las Fiestas Patrias al Museo Interactivo Tijuana El Trompo A.C. y sin terminar una investigación ni una negociación, le entregaron el evento al grupo de inversionistas conocido como La Familia, encabezado por las familias Chávez y Ampudia de Ensenada.
El 4 de julio, Facundo Gámez, productor de la feria, Francisco Rodríguez, director de operaciones, ambos del grupo La Familia Presenta, anunciaron que se les había adjudicado la organización; al final el Ayuntamiento les entregó lo más rentable: las dos áreas de espectáculos.
Gámez tiene registradas dos empresas: Brandena y Wermak Publired; en esta última está asociado con Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, quien tiene 13 empresas inscritas ante el Registro Público de la Propiedad, cuyo presunto fracaso y cancelación en agosto de 2024 de un concierto de Carín León, permitieron que otro integrante del grupo la Familia, Aaron Ampudia, tomara la administración en septiembre del mismo 2024, del centro de espectáculos Arena Valle, un espacio con capacidad de hasta 10 mil espectadores, construido por otros inversionistas diversos a La Familia, cuyo representante legal, Ubaldo Bayón Sánchez, debió entregar.
EL CANDE Y ENRIQUE DÍAZ PÉREZ
En el caso de otro de los exfuncionarios presuntamente cercanos a Fernando Salgado, Enrique Díaz Pérez –a quién en octubre pasado le pidieron su renuncia como director de Administración Urbana de la ciudad de Tijuana–, tiene registrada una empresa con Candelario Arcega alias El Cande, quien lo apadrinó en su anterior gestión en el Ayuntamiento de Rosarito, encabezado por la exalcaldesa Araceli Brown.
Se llama Grupo K. Agrícola S.P.R. de R.L. registrada el 31 de marzo de 2014, dedicada al “cultivo, siembra, producción, cosecha, compra, venta, acopio, almacenamiento, transformación, mejora, distribución, transporte, mercadeo, exhibición, empaque, conservación”, y más acciones relacionadas con frutas y verduras.
Además de Candelario Arcega y Enrique Díaz, la empresa tiene otros ocho socios: Armando Ávila, Sergio Sagrero, Claudio Noriega, José Arcega, Mario Alberto Ocampo, Julio César Martínez Arcega, Juan Adrián Esparza y Gabriel T. Ibarra.
El nombre de Candelario Arcega –empresario detenido en 2009 por presuntas alianzas con el crimen organizado y liberado sin cargos–, al igual que la expresidenta municipal rosaritense, Araceli Brown Figueredo, fue incluido el 18 de septiembre en una lista de sanciones a 15 empresas y nueve personas publicada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).
En el mismo grupo presuntamente investigado por alianzas con delincuentes del Cártel de Sinaloa, también enlistaron a Jesús González Lomelí, socio de Manuel Cisneros Romero, comerciante birriero, quien el 31 de octubre de 2025, frente a las oficinas de ZETA, acompañado de hombres armados a para exigir que la codirectora de ZETA le diera cuentas del reportaje titulado titulada “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, donde se replicaron las tres hipótesis –sujetas a comprobación– que la FGE manejaba respecto a la privación de la vida a balazos de su hijo, ocurrida el 18 de octubre de 2025.
González Lomelí y Cisneros también estaban inscritos como socios de los padres de Fernando Salgado en la empresa Alimentos CISGO, la cual aseguran nunca operó, sin embargo, el trámite para su retiro del Registro Público se inició después de las investigaciones periodísticas.
La mencionada dupla tiene otra sociedad destacada con Gerónimo Vera Ayala, hijo de Antonio Vera Palestina, quien purgó pena por el homicidio de Héctor Félix Miranda, codirector de ZETA, cometido el 20 de abril de 1988; y con Jorge Alberto Hank Inzunza, heredero de Jorge Hank. Son dos empresas dedicadas a la hotelería.
