La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) afirmó, el 26 de noviembre de 2025, que es falso que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales prohíba heredar derechos de agua y sostuvo que los cambios únicamente impedirían la transferencia de concesiones entre particulares para evitar el acaparamiento. Ese día, Efraín Morales López, director de CONAGUA, declaró que “es totalmente falso” que se elimine la herencia de concesiones y aseguró que “el binomio tierra-agua está garantizado”, al precisar que se mantendrían los derechos para heredar a los hijos y que en operaciones de compra-venta de propiedades se otorgaría un nuevo título de concesión a nombre del nuevo propietario. El funcionario pidió a los usuarios “tener totalmente certeza” de que estos derechos se respetarían y señaló que los cuestionamientos respecto a la herencia de concesiones han sido utilizados como “especulación”.
Morales López explicó, el 26 de noviembre de 2025, que con la reforma que se discute en el Congreso de la Unión, el Estado sería la única autoridad facultada para otorgar concesiones de agua y se eliminaría la transmisión de títulos entre particulares, mecanismo que, según el funcionario, permitió que personas con mayor capacidad económica concentraran grandes volúmenes del recurso. Detalló que la propuesta también eliminaría los cambios de uso en concesiones, al señalar que permisos agrícolas se han utilizado en parques industriales, campos de golf y desarrollos inmobiliarios. Indicó además que se prevé un nuevo registro público de aguas para identificar beneficiarios, volúmenes y condiciones de cada concesión, así como procedimientos fortalecidos para combatir el robo de agua, mayores sanciones y un fondo de reserva destinado a garantizar el derecho al agua para comunidades indígenas y zonas sin concesiones.
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El Gobierno de Estados Unidos remarcó, el 26 de noviembre de 2025, mediante un comunicado del Departamento de Estado, que México debía cumplir las obligaciones fijadas en el Tratado de Aguas de 1944 y cubrir el déficit de entrega de agua de la cuenca del río Bravo correspondiente al ciclo quinquenal 2020-2025, concluido el 24 de octubre de 2025. Altos funcionarios de los Departamentos de Estado y de Agricultura, así como de la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), se reunieron con sus homólogos mexicanos para analizar los recursos hídricos disponibles y acordar medidas inmediatas para el cumplimiento de las entregas; en ese contexto, Estados Unidos presionó para que se suministraran los volúmenes máximos posibles a los usuarios de Texas.
El comunicado estadounidense reconoció, el 26 de noviembre de 2025, que México entregó más agua de la cuenca del río Bravo durante el último año del ciclo quinquenal que en los cuatro años previos en conjunto. Sin embargo, advirtió que el déficit en las entregas ha acentuado la escasez en Texas y contribuido a pérdidas estimadas en cientos de millones de dólares en cultivos. En ese documento se asentó que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio “han sido claros” en que México debe cumplir con sus obligaciones en el marco del Tratado de Aguas de 1944, incluida la compensación del déficit de aproximadamente 865 mil acres-pie, equivalentes a 1,066 millones de metros cúbicos, durante el ciclo 2020-2025 y el cumplimiento de los requisitos de suministro en el ciclo 2025-2030, mediante un plan que considere las necesidades de los usuarios de Texas.
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En días previos, en el contexto de bloqueos carreteros y protestas de campesinos y transportistas respecto a la reforma hídrica, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó que cuando las demandas se relacionan con la defensa de algún privilegio “no se pueden resolver”. La mandataria federal sostuvo que, aun así, “se abre una mesa para platicar” con los inconformes y planteó que algunas manifestaciones buscan mantener privilegios vinculados al acaparamiento del recurso hídrico. Según Sheinbaum Pardo, la iniciativa de Ley General de Aguas pretende garantizar el derecho humano al agua, dejar de tratarla como mercancía y recuperar para la nación el control respecto a su uso, apoyada en programas de tecnificación de riego agrícola condicionados a que los concesionarios devuelvan a CONAGUA los volúmenes que no utilicen para destinarlos al abasto de la población.
