Washington impulsó un golpe coordinado contra una de las redes criminales más sofisticadas que operan a nivel internacional. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Ryan James Wedding, un ex atleta olímpico canadiense de snowboard, junto con 18 personas y nueve entidades a él vinculadas, acusados de dirigir una organización criminal dedicada al tráfico transnacional de cocaína, asesinatos sistemáticos y lavado de dinero de alcance transatlántico.
Wedding, identificado como uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, permanece prófugo en México, donde opera bajo protección de contactos del crimen organizado. Las autoridades lo señalan como responsable de decenas de homicidios en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, ordenados con métodos altamente coordinados y crueles. Su red ha traficado toneladas de cocaína proveniente de Colombia a través de México hacia mercados de distribución en Norteamérica, utilizando criptomonedas para blanquear las ganancias ilícitas.
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La operación de Washington expone una red de complicidades transnacionales donde ex agentes de la ley mexicana brindan protección en territorio nacional. Edgar Aaron Vázquez Alvarado, apodado “El General”, considerado ex miembro de corporaciones policíacas mexicanas, actúa como gestor de seguridad de Wedding en México y utiliza contactos en instituciones de seguridad para localizar objetivos para eliminación. Vázquez es propietario de empresas energéticas y de combustibles utilizadas como fachada.
La red también incluye al abogado canadiense Deepak Balwant Paradkar, quien trasladó la confidencialidad abogado-cliente para permitir que Wedding interceptara comunicaciones de rivales destinados al asesinato. En Italia, el exintegrante de fuerzas especiales Gianluca Tiepolo y su socio rolan Sokolovski, un joyero canadiense, supervisaron el blanqueo de capitales mediante negocios de joyería de lujo y criptomonedas, adquiriendo bienes como vehículos de alta gama mantenidos a sus nombres para ocultarlos de autoridades.
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El Departamento de Estado elevó la recompensa por información sobre Wedding de 10 a 15 millones de dólares. En paralelo, la Fiscalía del Distrito Central de California presentó acusaciones formales contra Wedding y su red, mientras la OFAC coordinó acciones con la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México. Las sanciones estadounidenses congelan activos ubicados en jurisdicción norteamericana y prohíben transacciones con personas designadas, imposibilitando a estas figuras acceder al sistema financiero global.
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