El Gobierno de Perú confirmó, el domingo 10 de noviembre de 2025, que la encargada de negocios de la Embajada de México en Lima, Karla Tatiana Ornelas Loera, abandonó dicho país sudamericano, en medio del conflicto diplomático suscitado después de que el Gobierno mexicano asiló en su Embajada en Lima, Betssy Chávez, ex primera ministra durante la Administración de José Pedro Castillo Terrones, que se desempeñó como presidente del Perú desde el 28 de julio de 2021, hasta su vacancia, luego de su fallido autogolpe de Estado, llevado a cabo el 7 de diciembre de 2022.
“En la fecha y según lo dispuesto por el Gobierno de Perú, la encargada de negocios de México realizó su control migratorio de salida y abandonó el país”, anunció en un escueto mensaje en la red social X, la Superintendencia Nacional de Migraciones.
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Por su parte, el Ministerio de Exteriores peruano señaló que analizó la solicitud de salvoconducto para la ex funcionaria del país andino y determinó que “se ha producido una evolución negativa en (la) práctica internacional” de la Convención de Caracas, que rige el asilo político.
“En los últimos años se ha hecho un uso indebido de esta norma, calificando a delitos comunes como casos de persecución política. El Gobierno de Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención concebida para proteger a nacionales de los Estados miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas”, agregó la Cancillería peruana, antes de anunciar que “planteará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta de modificación” del texto adoptado en 1954 “para evitar que esta tergiversación […] continúe ocurriendo”.
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Pablo Monroy Conesa, titular de la Embajada de México en Perú, fue expulsado de dicho país sudamericano, el martes 20 de diciembre de 2022, después de ser declarado “persona non grata”. El Gobierno encabezado en ese entonces por Dina Boluarte Zegarra, le dio 72 horas para que abandonara el territorio peruano.
“Informo que el Gobierno de Perú ha declarado persona non grata al embajador de México en Perú, Pablo Monroy, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país […] que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y son violatorias del principio de no intervención”, dijo la entonces canciller Ana Cecilia Gervasi, en conferencia de prensa.
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Por su parte la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, informó, a través de un comunicado de prensa, que habían instruido al embajador Monroy Conesa a regresar a México, con el fin de resguardar su seguridad e integridad física.
“La Embajada de México en Perú quedará a cargo de la primera secretaria Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la Misión. Nuestra Representación continuará operando con normalidad tras este movimiento”, apuntó la SRE, que, además, reiteró que la República Mexicana “cree firmemente en el diálogo” y seguiría manteniendo los canales de comunicación abiertos, para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en territorio peruano.
A lo largo de su carrera, Ornelas Loera ha ocupado cargos estratégicos dentro del Servicio Exterior Mexicano: fue cónsul en la Embajada de México en Honduras (2018-2021), directora de área en la Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos (2012-2018), representante alterna de México ante la OEA (2008-2012), cónsul adscrita en el Consulado de Raleigh en Estados Unidos (2004-2008) y representante en la misión de México ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra (1999-2004).
El 4 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la ruptura de relaciones diplomáticas del Gobierno de Perú con su homólogo de México. Señaló que se trató de una decisión unilateral que estaba, según ella, “fuera de toda proporción”.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional- la titular del Poder Ejecutivo explicó que el actual presidente de Perú, José Enrique Jerí Oré, fue quien indicó al canciller de ese país, Hugo Claudio de Zela Martínez, que se rompiera esta relación. No obstante, continuaban en materia consular y económica.
“Toma la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, que desde nuestra perspectiva, está fuera de toda proporción, pero es una decisión que ellos toman. Ayer, el responsable de la embajada allá preguntó a la cancillería y le dijeron que no se rompía la relación consular, solo la diplomática. Vamos a esperar a recibir la notificación, porque solamente ya conocemos por las declaraciones”, declaró la mandataria nacional.
“Y también de una visión de mucha discriminación, de mucha parte de lo que era la clase política de Perú. Siempre lo manifestamos, aquí asilamos a su familia, y cuando esta canciller, que estuvo presa, la liberan, y decide pedir asilo a México, se evalúa aquí en México, como se evalúan todas esas peticiones y entra en la embajada de México en Perú, donde hasta el momento permanece”, destacó la presidenta.
Por su parte, Roberto Velasco Álvarez, titular de la Subsecretaría para América del Norte de la SRE, en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente Ramírezz, expuso la postura del Gobierno mexicano de reprobar el rompimiento de las relaciones diplomáticas de Perú con México.
El funcionario federal explicó que la decisión de brindar asilo política se basaba en el Artículo IV de la Convención de Caracas, el Artículo 11 de la Constitución y la resolución de la Asamblea General de la ONU, de 1967.
“Rechazamos la decisión que toma el Gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así relaciones consulares, porque nosotros estamos actuando de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apega al derecho internacional”, dijo el subsecretario.
“Nosotros vamos a seguir con la instrucción de la Presidenta y del Canciller defendiendo esta tradición humanista, actuando conforme al derecho internacional y que naturalmente esto es una decisión del Gobierno de Perú que no compartimos, pero la amistad entre los pueblos de México y Perú continúa”, agregó Velasco Álvarez.
Además, el funcionario federal aclaró que el rompimiento de relaciones diplomáticas no implicaba dejar las relaciones consulares, las cuales se mantendrían para prestar atención a connacionales en Perú.
“El Gobierno de Perú ha decidido romper relaciones con México, entonces no se van a mantener las relaciones diplomáticas, sin embargo, sí se van a mantener las relaciones consulares para poder seguir prestando atención a nuestros ciudadanos en Perú, y que el Gobierno de Perú pueda prestar atención a sus ciudadanos en México, eso es lo que se mantendría por el momento. Se mantiene la relación con el pueblo peruano, que es un pueblo con el que tenemos una relación de amistad histórica”, destacó Velasco Álvarez.
Por su parte, Raquel Serur Smeke, titular de la Subsecretaría para América Latina y El Caribe de la SRE, apuntó que el asilo político era un derecho humano y que su otorgamiento era una facultad del Gobierno mexicano como Estado soberano.
“Para México el asilo político y el refugio son figuras que buscan proteger a personas, es decir, son figuras humanistas. Además, solicitar asilo político y refugio es un derecho humano de cualquier persona, y su otorgamiento es un derecho de México como Estado soberano que debe ser respetado por otros países”, señaló Serur Smeke.
“Al ser derechos humanos estas figuras se guían por principios universales como el principio pro persona y las leyes deben ser interpretadas y aplicadas de forma que otorguen la protección más amplia a las personas y el de presunción de inocencia. El asilo político es un acto pacífico, no puede ser considerado como un acto inamistoso por ningún estado”, añadió la subsecretaria.
Asimismo, Pablo Monroy Conesa, director general para América del Sur de la SRE y ex embajador mexicano en Perú, precisó la decisión del asilo político a la ex funcionaria peruana era una posición de principio, y descartó que las acciones o declaraciones previas fueran intervenciones a asuntos internos del país sudamericano, ya que no obligaba ni coercionaba a esa nación a modificar sus decisiones.
“A Betssy Chávez se le acusa de rebelión como al presidente Castillo y otras personas, se le suman otros delitos como conspiración para la rebelión, que no se ajusta necesariamente a lo que pasó, también los procedimientos legales en contra de ella han estado llenos de irregularidades, y como ella ha manifestado que durante el tiempo que estuvo en prisión sufrió de reiterados abusos, al grado que un tribunal peruano le otorgó un amparo para ser liberada con libertad condicional en lo que termina el juicio”, explicó Monroy Conesa.
“Solicita asilo diplomático a México, México estudia su solicitud y encuentra que existen elementos suficientes para otorgar el asilo, actuando en estricto apego al derecho internacional y nacional. Vale la pena decir, que el delito de rebelión en muchas legislaciones de muchos países, es considerado un delito político, ni siquiera es un delito común, por lo cual no se podría alegar que el asilo no procede”, explicó el funcionario federal.
“Dejar muy en claro que México no interviene ni ha intervenido en asuntos internos del Perú y tampoco ha actuado en reciprocidad contra medidas extremas y desproporcionadas que se han tomado desde el Gobierno peruano. No hemos intervenido indebidamente en los asuntos internos porque ninguna de las acciones o declaraciones obliga al Perú a modificar sus decisiones. La de México es una posición de principio y es congruente con su sólida historia de política exterior y de asilo y refugio”, apuntó Monroy Conesa.
“El otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado. México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú”, dijo, un día antes, la Cancillería mexicana.
