El senador Adán Augusto López Hernández es un cadáver político en la era de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero aun genera abundancia a sus allegados en los Estados. El coordinador de la bancada de Morena, no sale de un escándalo de corrupción o tráfico de influencias para entrar en otro; los golpes mediáticos se originan siempre en documentos oficiales o investigaciones gubernamentales. Los casos se distribuyen en sus notarías, su desempeño en el servicio público y a través de las entidades federativas en las que tuvo gran influencia, una de ellas, Baja California.
A mediados del mes de octubre, la senadora Lilly Téllez exhibió un video donde se expone a un empresario ligado al líder del Grupo Tabasco, presumiendo el poder y el manejo de dinero de corrupción, proveniente de proyectos que se vendieron a gobiernos afines a Morena, entre los que señala al Poder Ejecutivo local, afirma beneficios millonarios para la empresa y sugiere el pago de sobornos a cambio de los proyectos ejecutados por el Consorcio Cocei, conformado por las empresas Línea Médica del Sur, F Medical, Consorcio Inmobiliario ASPEN, Cocei Oil & Gas; Thebe (taxi aéreo); Servicios para la salud Abies; Líder México; Erillan Healthcare; Lastre Construcciones; Pensiv; y Amatrifer, Jardín de Eventos.
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De las 11 empresas, el Gobierno de Baja California hizo acuerdos con tres de ellas y una cuarta acaba de enlistarse en el padrón de proveedores de la Secretaría de Salud, aunque aún no recibe contratos (Lastre Construcciones).
Hasta el momento, las empresas Línea Médica del Sur, Consorcio Inmobiliario Aspen y Servicios Para la Salud Abies han recibido un total de mil 817 millones 184 mil 616.13 pesos, con la expectativa que, para el cierre de la administración, superen los dos mil 800 millones de pesos.
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El contrato más jugoso es el proyecto de las caravanas de la salud presentadas como uno de los proyectos insignia de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, el cual representa un compromiso de más de 350 millones de pesos por año, sin que se tenga certeza del impacto que tiene el proyecto en beneficio de la ciudadanía, más allá de la detección de padecimientos.
Si bien es cierto que Baja California (cuyo titular de la Secretaría del Bienestar, Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán fue el coordinador de la precampaña de Adán Augusto López Hernández, además de otros perfiles allegados como el regidor César Castro Ponce y los diputados, Alejandra Ang Hernández y Juan Manuel Molina) no fue la única entidad que se enroló con las empresas del consorcio Cocei, dirigidas por el empresario poblano radicado en Veracruz, Fernando Padilla Farfán, y Carlo Alberto Padilla Casares, este último videograbado de forma secreta haciendo referencia a supuestos actos de corrupción y acuerdos políticos y económicos vinculados al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
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Tabasco y Chiapas son las entidades donde mayores beneficios recibieron; destaca que la primera entidad es la que gobernó Adán Augusto por los primeros tres años de la gestión de Andrés Manuel López Obrador; mientras que en la segunda, el exgobernador Rutilio Escandón era esposo de Rutilia López Hernández, hermana de Adán, quien falleció en 2024 a causa de una trombosis.
EN BC, SERÁN CASI DE 3 MIL MILLONES DE PESOS PARA COCEI
Hasta este momento, los dos servicios y la construcción que ha llevado a cabo Grupo Cocei ha costado al erario bajacaliforniano mil 817 millones 184 mil 616.13 pesos, según las cifras oficiales de los contratos en poder de ZETA que comprenden las caravanas de la salud (arrendadas desde el 2022), ofertado por la empresa Línea Médica del Sur; las Clínicas del Bienestar (también arrendadas desde el 2024 para ofrecer servicios en Mexicali, Tijuana y San Quintín), ofertados por la empresa Servicios para la Salud Abies; y los 468 millones de pesos de la construcción del hospital La Morita, en la Zona Este de Tijuana (construida por la empresa Consorcio Inmobiliario Aspen), cuyo presupuesto inicial de construcción era de poco menos de 240 millones de pesos.
Y se estima que, de continuar con los contratos, el monto que obtendrá el cúmulo de empresas alcanzaría los dos mil 842 millones 624 mil 616.13 pesos, lo cual resulta contradictorio cuando en este 2025 se padece una severa crisis en materia de salud derivada de la conversión del servicio de salud estatal al IMSS-Bienestar, cuya consecuencia directa fue el desabasto de insumos y medicamentos elementales para funcionar.
El último contrato celebrado por la Secretaría de Salud con Grupo Cocei fue a través de la empresa Servicios para la Salud Abies, signado el 3 de enero del 2025, según consta en el contrato ISESALUD-ADQ-BOMBAS-INFUSION-DAD-10-OC-UT-007/2025, en poder de ZETA, para abastecer de bombas de infusión a la Secretaría de Salud, lo cual sería entregados a los diversos hospitales generales y materno infantil del Estado.
El monto de dicho contrato fue de 18 millones 067 mil 814.13 pesos, y tuvo una vigencia de tres meses con una garantía de un año.
La empresa Abies presenta un documento donde da a conocer la adquisición de Equipo de venoclisis fotosensible, FOTOMAT modelo VLON90, con precio unitario de 238.42 pesos; otro lote de VLON70, para lo que se pagó 262.27 por pieza; y otro de venoclisis macrogotero, modelo VLST02, con un valor unitario de 220.48 pesos.
También incluyó equipo para la aplicación de soluciones de volúmenes medido con macrogotero, Kindermat modelo VLPA92, con un precio unitario de 238.42 pesos; bolsas para alimentación enteral Amika SET BAG, con un valor por pieza de 254.53 pesos; y equipo para la aplicación de componentes sanguíneos y hemoderivados, modelo VLTR00, con un costo de 243.10 pesos.
Dicha empresa explica en el documento que todos los costos derivados a la importación y traslado correrán por cuenta de la Secretaría de Salud. Sin embargo, también refiere que dicho producto será comprado a la empresa Fresenius Kabi México S.A. de C.V., radicada en Guadalajara Jalisco, el cual -según dice- es el fabricante del producto.
El contrato se entregó mediante adjudicación directa, con la excepción de licitación debido a que -según el artículo 41- se trata de un producto biodegradable, pero no se expresan los motivos por los que no se adquirió directamente al fabricante.
Las tres empresas referidas forman parte del Grupo Cocei, ente que dice haberse fundado hace más de 20 años, pero cuya página de internet, construida en 2022, no precisa detalles de su fundación.
“El futuro es mejor cuando lo compartimos, por eso en Grupo Cocei pensamos que es momento de actuar globalmente partiendo desde nuestra casa México a través de la innovación, pasión y liderazgo, buscando un aprendizaje continuo en cada una de las áreas de negocio para mejorar nuestros procedimientos, habilidades y así fortalecer aún más nuestro Grupo”, refiere el mensaje de su página de internet, donde además se vincula a todas las empresas que pertenecen al grupo, de las cuales, las tres tienen contratos con Baja California:
*Línea Médica del Sur fue fundada -según el Registro Público de Comercio- el 12 de diciembre del 2018, es decir, 11 días del ascenso del hoy expresidente Andrés Manuel López Obrador.
*Servicios para la Salud Abies, fundada el 28 de agosto del 2018, dos meses después de resultar electo AMLO.
*Y Consorcio Inmobiliario y Constructor Aspen en 2013, aunque la participación de Fernando Padilla Farfán se suscitó en el año 2020.
Todas son propiedad de los mismos dueños o tienen representación legal en algunas de ellas
Padilla Farfán, empresario poblano radicado en Veracruz, se volvió uno de los perfiles financieros más cercanos a Adán Augusto López Hernández, con quien presumía fotografías y hasta cierto activismo político, como lo es la promoción de la imagen del exsecretario de Gobernación en la revista llamada Líder México (parte de Consorcio Cocei), que usó López Hernández para promover su imagen durante el periodo de precampaña, en 2023 y 2024.
A Padilla Farfán se le suman Manuel Guerra Mabarak, Carlo Alberto Padilla Casares, Pedro Santiago Salas y Óscar Gabriel Cruz Santiago; además de María Cristina Domínguez Ortiz, Diego Nicolás Galguera Arellano, Jorge Ernesto Alba Jiménez, Mauricio René Ocampo Mora, Norberto Lastre Aguilar y Eliel de Jesús Corona Callejas, quienes están asociados al resto de las empresas de Grupo Cocei y que eventualmente aparecen como administradores o representantes legales en diversos contratos.
Fue precisamente Carlos Alberto Padilla Casares quien fue videograbado y expuesto en medios de comunicación mediante grabaciones de la senadora Lilly Téllez, donde el empresario asegura que:
“En Baja California tenemos una cercana y muy buena relación con la gobernadora. Ella es muy joven y es nuestra amiga; su esposo es amigo nuestro, un amigo muy cercano y ellos nos pidieron un proyecto, un hospital”, para después rematar con otra frase aún más comprometedora: “16 horas de la Ciudad de México a Baja California, un poco más de 18 horas. Yo solo. Yo iba manejando… traigo aquí 10 millones de pesos; 500 mil dólares”.
Baja California tiene contratadas tres caravanas de salud que se desplazan por toda la entidad para brindar atención preventiva -principalmente- en zonas alejadas, pero también tienen compromiso de entregar sillas de ruedas, lentes, además de brindar atenciones psicológicas, odontológicas y hasta de detección de cáncer.
La gran crítica a estos centros es que no siempre se desplazan a zonas con alta marginación, además de que con el costo bien pudieron construirse centros de salud en zonas de complicado acceso. Esto, sin mencionar que existen riesgos severos de que se describen los equipos montados en los vehículos que, dicho sea de paso, son arrendados por la misma empresa.
Respecto a las clínicas del Bienestar fueron contratadas por la Secretaría del Bienestar y se distribuyeron en siete puntos del Estado, donde brindan medicinas y una atención similar a la de los centros de salud. Sin embargo, cuesta 116 millones de pesos al año.
NO HAY INVESTIGACIÓN: ANTICORRUPCIÓN
Gabriela Monge, secretaria Anticorrupción, comentó que se encuentran revisando el caso, pero aseguró que no existe una investigación directamente relacionada con los dichos del empresario Carlo Padilla, socio de Grupo Cocei. Esto pese a que la funcionaria aseveró que bastaba una denuncia pública en medios de comunicación para activar a la dependencia.
La funcionaria comentó que la Auditoría Superior de la Federación estaba en proceso de revisión del proceso de arrendamiento de las caravanas de salud, y hasta donde tenía conocimiento, autoridades federales no veían problema en el proceso.
“Estamos viendo porque ese tema tengo información de que Auditoría Superior de la Federación lo está revisando; entonces voy a ver los resultados de la Auditoría, y hasta donde tengo información no encontró observaciones”, refirió la funcionaria, quien aseguró que se encuentra revisando los procesos de la Secretaría de Salud, por lo que revisaría So hay irregularidades en el Hospital la Morita y las Clínicas del Bienestar, de los cuales éste último proyecto se ejerce con dinero de la secretaría dirigida por Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán.
“ESTÁ FANFARRONEÁNDO”: MARINA DEL PILAR
Al respecto, la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, aseguró que el sujeto “está fanfarroneando” y negó que se recibieran sobornos por los contratos ofertados a las empresas cercanas a Adán Augusto.
Comentó que era mentira tal afirmación y aseguró que los servicios de las caravanas de la salud son un beneficio enorme para la ciudadanía, además de que el proceso de selección fue transparente, abierto y apegado a la Ley. Sin embargo, la realidad es que en todas las obras y servicios de los consorcios se omitió el procedimiento de licitación pública nacional o local.
Avila Olmeda agregó que sólo hay una o dos empresas que ofrecen ese servicio.
