El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE) y la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial (SIDURT) emplearon esquemas de licitaciones a modo, pero legales, para beneficiar empresas de contratistas de obra, en multimillonarios contratos, mediante la invitación restringida para contratos de construcción educativa, y, sobre todo, para rehabilitar las instalaciones del Nido de los Águilas de Mexicali.
Mediante la competencia de empresas que muestran relaciones de amistad e incluso hasta familiares, un grupo de constructores -que, dicho sea de paso, no cuentan con cédula profesional para ninguna carrera vinculada con la construcción- obtuvieron jugosos contratos donde no tuvieron competencia; o al menos, en la mayoría de los casos, pareciera que hubo una competencia simulada.
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El epicentro de estos negocios descansa en un sujeto llamado Salvado Alejandro Díaz Gutiérrez, quien se ha hecho de jugosos contratos desde la administración de Jaime Bonilla Valdez, pero que encontró mayores beneficios durante la gestión de Marina del Pilar Avila Olmeda, cuando Javier Urbalejo Cinco, dirigía la dirección del INIFE. Tras su salida, el consorcio de empresas redujo su obra pública de manera sustancial.
En algunos casos, incluso, Salvador Alejandro y sus allegados han competido directamente por obtener obras mediante una invitación restringida, sin importar que algunas de las empresas tengan el mismo domicilio o similar.
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Desde que este grupo de empresas familiares y de amigos fue detectado en el año 2020, las empresas han obtenido alrededor de 50 millones de pesos en contratos de diversos tipos: algunos pequeños y mediante adjudicaciones directas, mientras que otros han requerido simular licitaciones restringidas a tres personas; pero no existe un periodo de tres meses en los que las empresas se beneficien de la obra pública, ya sea construyendo escuelas, instalando elevadores, rehabilitando baños, o bien, construyendo explanadas para estadios de béisbol.
SIMULAN COMPETENCIA
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Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez tiene ascendencia en el ramo de la construcción, pero a diferencia de su familia, él nunca cumplió con las credenciales académicas para dedicarse a este ramo, pues aunque en los contratos públicos se identifica como arquitecto, según el Registro Nacional de Profesionistas, carece de alguna certificación vinculada a la construcción. De hecho, en ninguna profesión. Aun así, tanto en INIFE como en SIDURT les ha dado por invitarlo a competir por obras de diversa índole.
Residente del fraccionamiento Sevilla Residencial, Díaz Gutiérrez se ha dedicado desde hace varios años a la construcción, donde también se ha involucrado su cuñada, de nombre Mónica; pero con el arribo de los gobiernos de Morena, tanto con Jaime Bonilla Valdez como con Marina del Pilar Avila Olmeda, han obtenido contratos millonarios en los que se han beneficiados de invitaciones y adjudicaciones directas.
Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez participa compitiendo en obra pública como persona física, pero también como persona moral, dado que, según el Registro Público de Comercio (RPC), igualmente es propietario de una empresa llamada Grupo Constructor SEA, con quien durante el 2020 y 2021, se hizo de tres contratos, junto con sus socios José Alberto Valenzuela Carrillo y Pedro Esteban Casillas Enríquez.
Durante esos dos primeros años, la empresa se hizo de tres contratos para la construcción de infraestructura educativa, como lo son el Jardín de Niños “Fernando Montes de Oca”, en Islas Agrarias; la construcción de un Aula de Usos Múltiples y Cubierta Metálica para el kínder “Abiú Zamudio Luviano”; y la construcción de la escuela primaria “Francisco González Bocanegra”, para lo cual recibió un monto de poco más de ocho millones de pesos, en un periodo que -dicho sea de paso- correspondió a la pandemia por el COVID-19, por lo que no había una necesidad de construcción de escuelas, dado que todo se ofertaba mediante educación virtual.
Aunque en menor índole, desde ese momento empezaron las irregularidades, toda vez que, en la licitación, mediante la invitación a tres personas, Grupo Constructor SEA (con domicilio en Río Cuéncame #1075, del fraccionamiento Villa Verde) compitió nada menos que con su cuñada, de nombre Mónica León Meza, quien, sin experiencia profesional en materia de construcción, fue invitada para concursar por dicha obra.
El domicilio que Mónica León ofreció como domicilio fiscal es Río Cuéncame #1009, en fraccionamiento Villa Verde, propiedad de su padre, Julián León Piña; mientras que el domicilio de Grupo Constructor SEA es propiedad de un hombre llamado Martín de Jesús Salas Corrales, del que sólo se tiene referencia que fue reconocido por el apoyo en una tesis vinculada a temas veterinarios.
El otro competidor, Soluciones Integrales California, cuyo representante es Ramón Alfonso Castañón, fue desechado del proyecto, por lo que el ganador fue Grupo Constructor SEA, quien en esa obra colocó como representante legal al de nombre Jorge Armando Cortes Sánchez.
En ese mismo año, 2021, la empresa Grupo Constructor SEA, propiedad de Díaz Gutiérrez, compitió para obtener la “construcción de cubierta metálica y adecuación de pórtico de aula didáctica para la Escuela Secundaria General #16”, ubicada en Mexicali, donde fue invitada junto a otras dos empresas para presentar sus proyectos.
Los otros dos participantes fueron Península Doce y Jesús Amarillas Partida, quienes presentaron proyectos que rondaban en el millón y medio de pesos para hacerse de dicha obra de pequeña escala.
La empresa ganadora fue Península Doce, cuyos propietarios son -según el RPC- Kenya León Meza y Francisco Jesús Rodríguez Rodríguez, de los cuales la primera es esposa de Salvador Díaz Gutiérrez. No conforme con ello, según la misma plataforma federal, los representantes legales de dicha empresa son Carlos Iván Zamora Pérez y Salvador Alejandro Díaz Gutiérrez. Es decir, la empresa de Salvador compitió contra la de su pareja, quien -dicho sea de paso- lo tiene como representante legal de Península Doce.
Como si no fuera suficiente, Jesús Amarillas Partida (quien, cabe señalar, es militante del PAN) fue representante legal de Salvador Díaz en varios contratos obtenidos con el Poder Ejecutivo en obras.
Península Doce colocó como domicilio fiscal el número 820-A de la avenida Ayuntamiento, en la colonia Maestros Estatales, inmueble que a partir del 2022 colocó Salvador Díaz Gutiérrez como la misma propiedad para recibir notificaciones.
Mientras su empresa y la persona física que es su cuñada, competían por algunas obras en común, Salvador compitió por otros 12 millones de pesos en contratos de diversos tipos, donde destaca que dos fueron mediante licitación pública y los otros dos mediante invitación restringida.
LOS GRANDES CONTRATOS
A partir del año 2022, Salvador Díaz Gutiérrez, su esposa Kenya León Meza y la cuñada Mónica se hicieron de grandes contratos de adjudicación directa y por medio de invitación restringida, donde se hicieron en conjunto un total estimado de 30 millones de pesos durante los siguientes tres años, sólo en INIFE y un poco en la Secretaría del Bienestar, con obras de pequeño nivel.
Ahí, la mecánica cambió porque fueron pocas las competencias entre la familia, pero, curiosamente, la dirección, en ese entonces a cargo de Javier Urbalejo Cinco, les ofreció varios contratos de rehabilitación de escuelas, donde compitió con las mismas empresas.
Se trata de Alejandro Bañuelos Quintero y la empresa Desarrollos y Construcciones Mure, con la cual contendió en al menos siete ocasiones, donde en todas resultó airoso Díaz Gutiérrez. También compitió en varias ocasiones con el profesionista del ramo de la construcción, Francisco Coronado, quien en su página de redes sociales presume una imagen con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, además de múltiples viajes alrededor del mundo. Cabe señalar que Salvador y Francisco son amigos.
Bañuelos Quintero es un conocido constructor proveniente del calderonismo, al grado de ser exdirección general de Coordinación Operativa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando su titular era Óscar Vega Marín, actual síndico de Mexicali, dependencia donde trabajó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, en 2012, como coordinadora de Subsemun.
Bañuelos recibió importantes contratos durante el kikismo de INIFE. Fundó dos empresas llamadas Comercializadora Banuba, aunque con frecuencia lleva a cabo obras como persona física, la mayoría de las veces en el INIFE; también creó la empresa Arrendamiento y Servicios Integrales a Edificios Públicos y Privados.
No es descabellado pensar que la mayoría -si no es que todos- los involucrados pudieran formar parte de un clan de la construcción de INIFE, toda vez que prácticamente trabajaron juntos en el proyecto más grande: la rehabilitación del Nido de los Águilas.
En 2024, con el anuncio de que Mexicali sería el anfitrión de la Serie del Caribe para el 2025, el Poder Ejecutivo destinó más de 100 millones de pesos para la rehabilitación de varias áreas del estadio, que es la casa del equipo capitalino de la Liga Mexicana del Pacífico.
No hubo tiempo para licitación, por lo visto, dado que prácticamente todos los contratos para la rehabilitación se entregaron mediante invitación restringida o adjudicación directa. Lo interesante es que la mayoría de estos proyectos recayeron en el clan constructor de INIFE.
Como, por ejemplo, la empresa Península Doce, fundada en 2019, propiedad de Kenya León Meza, se encargó de llevar a cabo la rehabilitación de la explanada del Nido de los Águilas, por lo que se le pagó dos millones 261 mil pesos.
Para esa adjudicación se invitó a otras dos empresas, de nombres Alejandro Bañuelos Quintero y Francisco Rosas Coronado. Sin embargo, se le otorgó la obra por ser la más barata.
Pese a que Península Doce cuenta con su domicilio en el número 820-A de la avenida Ayuntamiento, de la colonia Maestros Estatales, dio como domicilio el 1009 de la avenida Cuencamé, en Villa Verde. Es decir, Kenya dio la propiedad de su hermana Mónica León, para recibir notificaciones.
En ese mismo proyecto de rehabilitación del Nido de los Águilas, Mónica recibió mediante adjudicación directa otro contrato para la rehabilitación de baños, por el que cobró dos millones 523 mil 467 pesos.
Pero Alejandro Bañuelos Quintero no se quedó sin obra en ese proyecto, dado que mediante una de sus empresas llamada Arrendamiento y Servicios Integrales a Edificios Públicos y Privados, recibió 11 millones 707 mil pesos, para la rehabilitación de la Sección B de los baños del mismo inmueble.
Curiosamente, para obtener el proyecto, la empresa compitió nada menos que contra Salvador Díaz Gutiérrez, junto con otra empresa llamada Construcciones, Servicios y Rentas Irico, de las cuales la última fue desechada porque no entregó dos cartas compromiso.
Según la plataforma de transparencia, las empresas en total habrían ganado un estimado de 50 millones de pesos tan sólo en estos últimos años de la “transformación”.
ZETA solicitó una entrevista a la Secretaría de Educación para conversar con el titular de INIFE, pero tras varias semanas de espera no se concretó la cita por parte de la dependencia.
