El cantante estadounidense de narcocorridos César Gerardo Ortiz Medina -más conocido como Gerardo Ortiz- fue sentenciado, el miércoles 19 de noviembre de 2025, a 36 meses de libertad condicional y al pago de una multa de 1.5 millones de dólares, por haber admitido su participación en transacciones comerciales con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. La jueza Maame Ewusi Frimpong dictó la resolución en una corte federal de California, en la que destacó la cooperación sustancial del artista con el Buró Federal de Investigación durante la investigación contra su ex mánager, Ángel del Villar.
El intérprete de música regional mexicana, nacido en Pasadena, California, reconoció haber participado en varios conciertos organizados en 2018 por la empresa Gallística Diamante, propiedad de Jesús Pérez Alvear, quien fue identificado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como operador financiero del CJNG y fue incluido en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros desde abril de 2018. Pérez Alvear fue asesinado el 4 de diciembre de 2024 en un restaurante de Plaza Miyana, en la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México.
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Mark Werksman, abogado de Ortiz, explicó que su cliente realizó dichas presentaciones únicamente porque estaban bajo el control de Del Villar, quien entonces fungía como su representante. El artista se declaró culpable el 28 de mayo de 2024 de un cargo de conspiración para violar la Ley Kingpin, legislación promulgada en 1999 que prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con personas o entidades designadas como narcotraficantes por el gobierno de Estados Unidos.
La sentencia se produjo luego de que Ortiz testificara en el proceso contra Del Villar, quien fue declarado culpable en marzo de 2025 de 11 cargos, entre ellos conspiración para violar la Ley Kingpin. El productor musical y director ejecutivo de Del Records fue sentenciado en agosto a cuatro años de prisión.
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Werksman señaló en conferencia de prensa que Ortiz asumió un riesgo significativo al colaborar con las autoridades federales y testificar contra su exrepresentante, quien mantenía intereses alineados con el CJNG. El abogado añadió que el cantante ha enfrentado dificultades para programar conciertos en México debido a su cooperación con el FBI y se ha convertido en un posible objetivo del crimen organizado.
El caso involucró a varios actores clave de la industria musical regional mexicana. Jesús Pérez Alvear, también conocido como Chucho Pérez, había sido sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense en 2018 por presuntamente lavar dinero del CJNG y Los Cuinis a través de su empresa de promoción de eventos. El asesinato de Pérez Alvear llevó a las autoridades capitalinas a desarticular en octubre de 2025 una célula criminal vinculada al homicidio, con la detención de seis personas identificadas como integrantes de una facción del crimen organizado que opera en la zona occidente del país.
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La Ley Kingpin, bajo la cual fue procesado Ortiz, fue promulgada durante la Administración del presidente Bill Clinton con el objetivo de combatir el narcotráfico bloqueando el acceso a recursos financieros de organizaciones criminales. Esta legislación permite al Departamento del Tesoro sancionar a individuos y empresas relacionadas con el tráfico de drogas, congelando sus activos y prohibiendo transacciones comerciales con ciudadanos o entidades estadounidenses.
Ortiz pagó una fianza de 10 mil dólares para enfrentar su proceso legal en libertad. Los fiscales del caso señalaron que la cooperación del cantante sería tomada en cuenta al momento de su sentencia. La resolución judicial excluye la pena de prisión, limitándose a la libertad supervisada y la sanción económica de aproximadamente 28 millones de pesos.
