El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, lanzó una advertencia de que tomará acciones jurídicas contra los medios de comunicación que, según él, “se estén dedicando a difamarme”, ello en referencia a la denuncia anónima interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), que se dio a conocer por distintos medios el pasado 18 de noviembre.
“Esos medios de comunicación, que se estén dedicando a difamarme, pues también voy a tomar medidas jurídicas, porque más allá de la libertad de expresión están poniendo en juego mi imagen. Ya estoy con un grupo de abogados para esos medios que se están atreviendo a difamarme, también voy a tomar acción jurídica a quienes manchen mi imagen, mi reputación y que yo esté vulnerable a este tipo de situaciones”, manifestó Burgueño Ruiz en atención a medios este jueves 20 de noviembre, previo al desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.
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Y añadió Burgueño: “Dan por un hecho que yo tengo algo que ver con una situación de lavado de dinero o una acción de algún delito de índole federal, lo cual confunde a la ciudadanía, precisamente darle a entender como que ya somos parte de un problema, y que estamos nosotros ya casi, casi, procesados. Yo creo que los medios de comunicación tienen que ser muy responsables en lo que comunican. La filtración de esos documentos traían dolo, quisieron intentar dañar mi imagen, no lo pudieron lograr, entonces yo actuaré jurídicamente. No me voy a quedar callado ante una situación de campaña negra que trataron de emprender en mi contra”.
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Sobre la investigación iniciada tras la denuncia anónima en su contra, Burgueño aseguró que “no nos preocupa absolutamente nada”, reiterando que se le hizo una “vacilada”, pues la que ella fue interpuesta “sin ningún elemento”.
“En todo momento estoy llevando este tema con los abogados, no nos preocupa absolutamente nada, se los digo de fondo y con el debido respeto, se me hizo una vacilada la acción que implementaron de una denuncia anónima, sin ningún elemento, y que estemos como más de 20 personas en una situación como esa”, mencionó el alcalde de Tijuana.
Respecto a la razón de fondo de la denuncia, aludió a que se trata de un tema político, por lo que se irá hasta las últimas consecuencias jurídicas.
“Es un tema político y al mismo tiempo, se los dejó muy claro, me voy a ir hasta las últimas consecuencias jurídicas, porque también necesito dejar muy en claro que nosotros no tenemos nada que ver con lo que sucedió y tampoco me voy a dejar que manchen mi imagen, mi reputación, y que quieran hacer ver como que estoy inmiscuido en situaciones negativas”, zanjó el presidente municipal.
El citatorio al alcalde de Tijuana
El oficio de citatorio al alcalde de Tijuana de la FGR fechado el 29 de octubre de 2025, de acuerdo a fuentes ministeriales, es legítimo. Este fue redactado junto con otro de la misma fecha, dirigido al empresario ensenadense, Fernando Rafael Salgado Chávez, ambos fueron redactados en las oficinas de la FGR direccionadas en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, y están firmados por el agente del Ministerio Público de la Federación, Rebeca Rojo como titular, y Humberto Escobar como subcoordinador de la célula de Investigación de la E-I-1 FEIORPIFAMF, acrónimo que hace referencia a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, de la FEMDO.
En ambos casos el ministerio público federal solicitó la presencia del político y el comerciante, a “… fin de recabarle su entrevista en calidad de imputado”.
Para Salgado Chávez emitieron el oficio FEIDMHDARV. E-1-I-220/2025; en el caso del presidente municipal tijuanense, el comunicado oficial está numerado FEIDMHDARV. E-1-I-221/2025.
Las dos entrevistas, se programaron en la FEMDO con el fin que declaren “en relación de los hechos que se investigan en la carpeta de investigación al rubro citada”, la cual está identificada como FED/FEMDO/ FEIDMHDARV-BC/0000556/2025.
El documento no ofrece mayores detalles de los presuntos delitos que están indagando, únicamente que la FEMDO lo está haciendo a través de sus unidades de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda, y la que hace investigaciones de hidrocarburos y robo de vehículos.
Sin embargo, se sabe que el alcalde de Tijuana decidió no acudir a la cita para declarar, sino que envió a sus abogados a atender el citatorio, en el caso de Salgado Chávez, quien ha celebrado múltiples contratos con el Ayuntamiento encabezado por Burgueño Ruiz, y que en mayo de 2025 emitió un comunicado aclarando que él era propietario de la mansión de tres millones 995 mil dólares, ubicada en Rancho Santa Fe, San Diego, California, donde la gobernadora bajacaliforniana, Marina del Pilar Ávila Olmeda, posó junto a su familia para una foto publicada en sus redes sociales, se desconoce si éste sí se presentó a declarar.
Salgado y los políticos de Morena en BC
De Fernando Salgado Chávez, lo que se conoce públicamente en Baja California, es que invirtió recursos de sus empresas en las campañas políticas de candidatos morenistas, como la gobernadora Marina del Pilar Ávila, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño y los ex alcaldes, de Ensenada, Armando Ayala y Aracely Brown de Rosarito, entre otros. Y esto le permitió influir en la toma de decisiones en el gobierno del estado y municipios como Tijuana y Ensenada, de acuerdo a lo reportado por algunos políticos incorporados en los gobiernos locales.
Pese a las intervenciones, se mantuvo con perfil bajo hasta mayo del 2025, cuando debió emitir un comunicado declarando que él era propietario de la mansión de tres millones 995 mil dólares, ubicada en Rancho Santa Fe, San Diego, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda posó junto a su familia para una foto que posteriormente publicó en redes sociales, y de la cual públicamente, se presumía, era dueña.
En el seguimiento a INTL Builders Inc, la empresa de Salgado que era dueña de la mencionada casa, se pudo conocer que la directora financiera, Anakaren Sánchez, es la esposa del exfiscal general, Ricardo Carpio, también amigo del empresario durante 15 años.
Menos de dos meses después, en julio 2025, las propiedades de Salgado y sus relaciones con el poder volvieron a ser tema público, cuando el ayuntamiento de Tijuana a cargo de Ismael Burgueño, le retiró la concesión de las Fiestas Patrias al Museo del Trompo y entregó la organización – de los espectáculos- al grupo La Familia, encabezado por los Salgado Chávez y los hermanos Ampudia González.
La revisión de estas relaciones, permitió también conocer de la cercanía de Salgado con Enrique Díaz Pérez, quien pasó del Ayuntamiento de Rosarito, a ser el encargado de Desarrollo Urbano de Tijuana, puesto del que ya fue removido. También sus relaciones en Tijuana con Pedro Montejo Peterson, secretario de Economía; con Juan Diego Mascareño López en el IMPLAN; Nelly del Carmen Pabellón Vega en Oficialía Mayor; y Fran Ochoa Chávez, en la Dirección de Obras e Infraestructura.
Además, mediante una revisión de la información en el registro público de la propiedad de las empresas a nombre de los Salgado, de los Ampudia, al igual que de Facundo Gámez, quien en conferencia de prensa se presentó como productor de la feria de Tijuana, y de Francisco Rodríguez quien dijo ser director de operaciones de La Familia Presenta en el mismo acto público en el que se anunciaron los festejos patrios, se pudieron ubicar otros socios comerciales afines.
Como Marco Antonio Moreno Gómez Santelices dueño de empresas de seguridad favorecido con contratos en diversos gobiernos; y Jesús González Lomelí, cuyo nombre fue incluido el 18 de septiembre, en una lista de sanciones a 15 empresas y 9 personas publicada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), en la cual también incluyeron al empresario Candelario Arcega Aguirre y la ex alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo.
González Lomelí también es socio de Manuel Cisneros Romero, y ambos están asociados con Gerónimo Vera Ayala, hijo de Antonio Vera Palestina, quien purgó pena por el homicidio de Héctor Félix Miranda, codirector de ZETA, cometido el 20 de abril de 1988; y con Jorge Alberto Hank Inzunza, heredero de Jorge Hank.
Cisneros es el comerciante birriero, quien el 31 de octubre de 2025, acudió a las instalaciones de ZETA acompañado de hombres armados a para exigir su derecho de réplica- el cual no ha ejercido a pesar de ser informado de los medios disponibles para hacerlo-, del reportaje titulado “Crimen de Cisneros: pleito, extorsión y narco”, donde se replicaron las tres hipótesis -sujetas a comprobación-que la FGE manejaba respecto a la privación de la vida a balazos de su hijo, Omar Cisneros Salcedo, ocurrido el 18 de octubre del 2025.
