La organización no gubernamental internacional Artículo 19 exigió, el 1 de noviembre de 2025, a los gobiernos estatal bajacaliforniano y al federal, garantizar la seguridad de los periodistas del Semanario ZETA de Tijuana, incluyendo a su codirectora, Adela Navarro Bello, ante las amenazas, advertidas un día antes, por Manuel Cisneros Romero, el dueño de la birriería Guadalajara, ubicada en Ensenada.
La ONG internacional exigió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas -dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Federal-, así como a la Fiscalía General del Estado (FGE) bajacaliforniana, además, del Gobierno de Baja California, a proteger la integridad de los periodistas y trabajadores del medio local, ya que recordó que durante el último año, había sido objeto de al menos tres amenazas en su contra.
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“📢 Exigimos a las autoridades @Mecanismo_MX, @FGEBC, @BCGobierno, que protejan la integridad de @adelanavarro y de las personas que integran el semanario @ZETATijuana ante los actos intimidatorios realizados ayer en su contra. 🔴 Recordamos que en el último año el semanario ha sido blanco de tres amenazas”, escribió, en su cuenta de la red social X, Artículo 19, cuyo director regional para México y Centroamérica, es Leopoldo Maldonado Gutiérrez.
Manuel Cisneros Romero, dueño de la Birriería Guadalajara, se apersonó, el viernes 31 de octubre de 2025, frente a las oficinas del Semanario ZETA en una improvisada conferencia de prensa, donde lanzó amenazas contra la codirectora de dicho medio local.
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El empresario, acompañado por su abogado, escolta armada y “blogueros”, exigió que Navarro Bello le presentara pruebas sobre la investigación publicada en el citado medio, respecto al asesinato de su hijo Omar Cisneros Salcedo, ocurrido el 18 de octubre de 2025, al interior del restaurante familiar, ubicado en la zona centro del municipio de Ensenada.
“Quiero verla a ella, vengo a buscarla, porque la nota salió hoy, vengo a buscarla porque me va a dar la cara”, declaró Cisneros Romero, en tono agresivo. El empresario también confrontó al periódico local por lo que denominó publicación sin sustento, acusándolo de recibir dinero para difamar a la familia.
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Sin embargo, la nota que molestaba al empresario contenía únicamente las tres hipótesis que la Fiscalía General estatal bajacaliforniana manejaba sobre el crimen de su hijo: una disputa judicial por un terreno, el posible cobro de piso y/o vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El enfurecimiento del empresario cobró dimensiones inquietantes cuando uno de los blogueros que lo acompañaba le proporcionó la dirección domiciliaria de Navarro Bello, exhortándolo a buscarla en su casa. Ante estas amenazas, múltiples instituciones -incluyendo los Mecanismos de Protección Federal y Estatal, la Fiscalía, y autoridades municipales- realizaron llamadas de alerta a ZETA.
Los reportes citados por el Semanario revelaron que Cisneros Romero figuraba como socio en empresas donde también participaba Jesús González Lomelí, personaje sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), por supuestos nexos con el crimen organizado. Asimismo, ZETA subrayó que basó su investigación en documentos públicos y declaraciones oficiales de autoridades, no en acusaciones infundadas.
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