Uno extorsiona, otro protege

Entre mayo y julio, yonkeros de Tijuana denunciaron ser víctimas de extorsiones. Los presionaron con amenazas, incendios, incluso homicidios, pero lejos de impedir el cobro de piso de los criminales, sus declaraciones públicas sólo atrajeron a más delincuentes: los oficiales. Representantes de los vendedores de partes de autos usados en Tijuana, los establecidos (130 negocios), al igual que los informales (250 aproximadamente), comentaron a ZETA que, además de ser extorsionados por los cárteles, empezaron a recibir las visitas periódicas de personal de Reglamentos Municipales, quienes a nombre del director José Antonio Olivas Heredia, alias el Tomate, les cobran tres mil pesos mensuales por “dejarlos trabajar”. La tirada de corrupción les funciona muy bien con los yonkeros informales, dado que no cumplen con la reglamentación, pero con quienes sí están dentro de la legalidad, “llegan y buscan cualquier falla, desde el tamaño del anunció o la ubicación, lo que sea; y no les importa que lo resuelvas, se limitan a solicitar su extorsión mensual”. Y si alguno se niega a darles el dinero de la extorsión, los de reglamentos, “presumen el parentesco de Antonio Olivas, el director de Reglamentos, con su primo Manuel Arturo Villarreal Heredia, el Nalgón -jefe del Cártel Arellano (CAF) detenido en 2006-, y si eso no funciona, entonces les recuerdan la influencia y amistad que sostiene con el alcalde Ismael Burgueño, dado que Antonio Olivas es hermano del secretario particular del presidente municipal, un tal José Iván Olivas Heredia, del mismo clan de los Heredia del CAF. La cuestión es que los yonkeros han intentado denunciarle esta situación al alcalde Burgueño, pero nada más no pueden porque, dicen, el secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero León, “lo protege”. Ahora sí que los yonkeros no ven una; todos los sangran económicamente, los criminales y los oficiales municipales. Pues a pesar que la FGE ha informado de detenciones de extorsionadores, a unos 370 negocios del sector, entre establecidos y piratas, miembros de cárteles les siguen exigiendo 650 dólares mensuales por “cobro de piso”, lo que le ha generado al crimen organizado alrededor de un millón 250 mil dólares en los últimos cinco meses. La burla llega al extremo cuando las llamadas de amenazas, las reciben del mismo número celular de Jalisco que reportaron a la FGE en mayo y en julio, el (333) 972-20-21. Y encima, aguantar las extorsiones de los de reglamentos.