Por lo menos 12 elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), presuntamente implicados en el robo de cocaína a un grupo criminal y suspendidos de sus labores, han presentado demandas de amparo en busca de no ser privados de la libertad, tanto para no ser detenidos y llevados a proceso penal en México, como para no ser detenidos provisionalmente con fines de extradición internacional a los Estados Unidos de América.
Además, se han interpuesto acciones legales en contra de la suspensión de labores de fecha 10 de octubre de 2025 reclamando: “El ilegal y absurdo acuerdo de fecha 10 de octubre del año 2025 a través del cual, dentro de la investigación administrativa IAT/065/2025, se decreta la suspensión de manera provisional de los suscritos quejosos en el cargo que ostentamos, así como la orden de cancelar los servicios médicos de seguridad social”.
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Cada uno de los quejosos ha promovido por lo menos dos juicios de amparo, uno contra la posible captura con fines de ser sometidos a un procedimiento de extradición y otro en contra de la eventual aprehensión emitida por el acto de haber participado en el apoderamiento de la droga. Ellos son: Misael Morales Chávez, Oscar Esquivel Ruiz, Christian Noé Orozco Garay, Myrcko Ángel González Murguía, Nahúm Martínez Cárdenas, Jorge Iván Morúa Soriano, Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal, Susana Andrea Zavala Álvarez, Marcelo Jorge Osuna, Jorge Gaynor Munguía, Eduardo Sánchez Sánchez, Hugo Leonardo Muñoz Galván y Brandon Alejandro Peralta Bocardo.
Las primeras demandas de amparo ante el temor de ser juzgados en la Unión Americana por alguna conducta ilícita fueron presentadas el 15 de octubre, mientras que las interpuestas contra órdenes de captura por hechos cometidos en México fueron presentadas un día después. Y el juicio de garantías en contra de las acciones del 10 de octubre de la Contraloría Interna de la secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California fue tramitado el martes 21 de octubre reciente.
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En el caso de Joel Héctor Manuel Valenzuela Bernal, el Princeso, quien fue removido el 7 de agosto pasado de la titularidad de la Dirección de Investigación de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) tras poco más de un mes en el cargo, y enviado como agente a un área operativa relacionada a temas de análisis de datos y estrategias, ha tramitado cuatro juicios de amparo; el primero de ellos, el 8 de septiembre ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito, en contra de una orden de aprehensión, mucho antes de que ocurriera el robo de cocaína, pues ya se le señalaba por presuntos actos de corrupción y narcotráfico.
A raíz del robo de cocaína ocurrido la mañana del 4 de octubre de 2025 en la colonia Ojo de Agua, y enterarse que sus compañeros de la FESC fueron suspendidos de sus funciones –puesto que él se encuentra de vacaciones y no fue notificado-, el Princeso, cuñado del exgobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, presentó otra demanda de amparo el día 15 próximo pasado a través de su abogado Manuel Alejandro Acosta Alexander ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito con residencia en Tijuana, reclamando la detención provisional con fines de extradición. Al día siguiente presentó otra demanda de garantías contra orden de aprehensión.
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En el caso de la supuesta extradición, señala como autoridades responsables, al igual que en las demandas de sus compañeros, al juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal Tijuana; al similar en funciones de administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México; al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO); al fiscal general de la República; juez de control del Partido Judicial Tijuana; comandante de la Policía Federal Ministerial en Tijuana; comandante de la Agencia de Investigación Criminal en B.C.; agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado; director general de Mandamientos Ministeriales y Judiciales de la FGR; comisionado de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado; y el comandante de la Segunda Zona y Región Militar en Tijuana.
En el escrito del Princeso se lee: “De las autoridades señaladas como responsables en carácter de ordenadoras (jueces) reclamo la inconstitucional orden de aprehensión dictada en contra del suscrito, que según las personas que pretendieron ejecutar la orden, se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa y conlleva la orden de traslado del Estado de Baja California a la Ciudad de México con fines de una supuesta extradición. De las demás autoridades en carácter de ejecutoras (fiscalías, ministerio público y policías) reclamo la fundada presunción de que se ejecute orden de aprehensión en mi contra (…) violentando mis derechos humanos, pues jamás he cometido delito alguno”.
En los juicios de amparo de Valenzuela Bernal y los demás elementos se les concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, como procede en la mayoría de los casos; en tanto se rinden los informes previo y justificado, para posteriormente resolverse la suspensión definitiva, cuando el juzgador ya conoce de la existencia o inexistencia de los actos que reclaman los quejosos.
En cuanto al amparo promovido en contra de la suspensión de labores, el Juzgado Décimo de Distrito con sede en Tijuana se concedió a Joel Héctor Manuel y los quejosos adheridos la suspensión de plano para que no les sean suspendidos los derechos a atención médica y de seguridad social que reclaman. La suspensión de sus funciones fue confirmada el 22 de octubre por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez; sin embargo, no se refirió a las prestaciones de seguridad social de los agentes presuntamente infractores de la disciplina policial.
De acuerdo con Investigaciones ZETA, y el contenido de la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002996/2025 de la delegación Tijuana de la FGR, el Órgano Interno de la SSCBC entregó la investigación administrativa y un video a la dependencia federal para esclarecer el robo de 180 kilos de cocaína que se registró en un domicilio de la calle California, en la colonia Ojo de Agua, en esta ciudad, donde una cámara de videovigilancia captó el arribo de un vehículo Kia color claro (gris o blanco) y tres camionetas pick up de color blanco, presuntamente tripulados por elementos de la FESC, quienes se habrían llevado la droga en uno de los llamados “bajes”.
La droga de las pesquisas habría sido hurtada en contubernio o por instrucciones de una célula del Cártel Arellano Félix aliada con Crescencio Beltrán Murillo, el Chencho, y César Quintero Beltrán, el Lico, así como el operador del grupo criminal, Bryan Corona, el Apache; hechos en los que también se identificó la intermediación de los agentes de la FESC, Dionisio Rendón Campos y Karla Noemí Guerrero Sánchez, encabezados en la parte operativa por “Orozco” (posiblemente Christian Noé Orozco Garay, según reportes anónimos).
En el caso del agente Jorge Marcelo Osuna, apenas en marzo de 2025 libró un proceso penal al que estaba vinculado junto con otros agentes, al obtener un amparo del Tribunal Colegiado de Apelación, en Baja California, que dejó sin efecto el auto de vinculación que se dictó tanto a él como a sus compañeros agentes (antes de la Policía Estatal Preventiva), Fermín Martínez Romero y José Jesús García García, el 11 de julio de 2023 en un juzgado federal por el delito de tortura cometido en contra del presunto delincuente Miguel Valle Beltrán, el Bóxer.
