La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promulgó, el jueves 16 de octubre de 2025, el decreto que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación (CFF) y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), redefinió el concepto de “interés legítimo”, al exigir que el quejoso acreditara una lesión jurídica real y diferenciada. Además, restringió la suspensión del acto reclamado en casos vinculados con créditos fiscales firmes, operaciones financieras irregulares o lavado de dinero.
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En dichas materias, a partir de ahora la medida cautelar no detendría la ejecución de los actos de autoridad. Asimismo, el artículo transitorio que permitiría aplicar las nuevas disposiciones a las actuaciones futuras de juicios ya iniciados. Sin embargo, el texto justificó que no habría retroactividad.
El decreto también incorporó nuevas fracciones al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, para declarar improcedentes los recursos contra actos administrativos, que exigieran el pago de créditos fiscales confirmados o resolvieran solicitudes de prescripción.
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El decreto entraría en vigor viernes 17 de octubre de 2025 y el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) dispondría de 360 días para adecuar el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación (PJF) y emitir los acuerdos generales que regulen la operación de la firma electrónica y los expedientes digitales.
Además, el nuevo marco normativo modificó más de 30 artículos. También adicionó disposiciones sobre el uso obligatorio de medios electrónicos para las autoridades que intervenían en los juicios, el registro digital de expedientes, así como la regulación de la suspensión en casos fiscales y financieros.
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Según se determinó en el decreto, todas las autoridades deberían generar un usuario dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para realizar notificaciones electrónicas y consultas de expedientes. Para los particulares, esto sería opcional, aunque se mantuvo la posibilidad de hacerlo por escrito.
El mismo día, Sheinbaum Pardo acusó a ex magistrados y críticos de la reforma a la Ley de Amparo de mentir deliberadamente y de actuar por consigna, para desacreditar los cambios aprobados por el Congreso de la Unión.
“La entrevista que hoy sale en el periódico Reforma es del juez que dio los amparos para que no pudieran pasar las leyes del sector eléctrico con el presidente [Andrés Manuel] López Obrador. Antes se decía juez por consigna, son comentócratas de consigna”, expresó la titular del Poder Ejecutivo Federal.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional sostuvo que quienes cuestionaban los cambios legales, lo hacían sin conocer su contenido o con la intención de engañar a la ciudadanía.
“El objetivo, ¿cuál es?, porque estoy segura de que, o no han leído la reforma, o ya la leyeron y mienten deliberadamente para decirle a la gente ‘fíjense qué autoritaria es la Presidenta, ahora está modificando el derecho fundamental que teníamos los mexicanos’. Falso. Al revés, el juicio de amparo hoy va a ser más expedito y va a haber más acceso a la justicia”, afirmó la presidenta.
La titular del Poder Ejecutivo Federal insistió que los derechos constitucionales permanecían intactos y que la reforma buscaba proteger a los ciudadanos frente a actos injustos de la autoridad.
“Entonces, quien habla en contra de la Ley de Amparo y miente diciendo que no se está respetando la retroactividad, ese derecho constitucional, es mentiroso. Mienten, deliberadamente, o de plano no han leído y actúan por consigna. La verdad, así de sencillo”, enfatizó Sheinbaum Pardo.
La mandataria nacional señaló que las modificaciones a la Ley de Amparo fortalecían la protección de los derechos de las personas y limitaban los abusos de quienes usaban la figura de la suspensión, para favorecer intereses particulares.
“A los lavadores de dinero, pues -eso sí- no hay suspensión; a los deudores alimentarios, a los deudores del fisco, bueno, tienen todo el derecho a todos los procesos de amparo, todos”, aseveró la titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Cuando se está planteando que no pueden tener la suspensión provisional cuando ya decidió la [Suprema] Corte [de Justicia de la Nación], imagínense. O sea, cuando el Poder Judicial ha hecho su trabajo y ya la Corte toma una decisión, ahí no tiene acceso a la suspensión provisional”, finalizó la presidenta.
Por su parte, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, rechazó que la reforma a la Ley de Amparo tuviera efectos retroactivos y acusó a ex magistrados de mentir deliberadamente, al afirmar que el artículo transitorio abría la puerta para aplicar las nuevas reglas en juicios en curso.
“Mienten quienes dicen que hay retroactividad. Todas las etapas de los juicios de amparo en trámite que hayan concluido se rigen por la ley vigente en el momento en que iniciaron; las reformas aplican sólo a etapas futuras”, dijo el ex ministro de la SCJN, quien también aseguró que el artículo transitorio de la reforma era claro y respetaba los derechos adquiridos.
“No hay ninguna retroactividad, no se afecta ningún derecho de los justiciables. Cuando se dice que hay retroactividad a medias o un amaño, se está mintiendo a la gente”, expresó el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también afirmó que tales interpretaciones eran falsas y respondían a intereses de quienes se oponían a la reforma judicial.
“Quizás deberíamos ver a qué intereses responden quienes hoy critican esta reforma, que lo único que buscan es hacer un juicio de amparo más ágil, más cercano, más claro y corregir algunos excesos”, expresó Zaldívar Lelo de Larrea, quien además explicó que las modificaciones aprobadas modernizaban el juicio de amparo con justicia digital, acortaban plazos y evitaban abusos en la figura de la suspensión.
“Una institución tan noble como el amparo no puede servir para proteger a gente que se dedica a lavar dinero y ser parte de la delincuencia organizada”, subrayó el ex ministró, quien aseveró que las críticas provenían de “comentócratas” aliados al viejo sistema del PRIAN, abogados de deudores fiscales o jueces y magistrados afectados por la reforma judicial, que buscaban desacreditar los cambios impulsados por el Gobierno Federal.
El 15 de octubre de 2025, Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), advirtió que la aprobación de la reforma a la Ley de Amparo era un paso atrás para la competitividad y envíaba un mensaje negativo a inversionistas nacionales y extranjeros.
A través de un comunicado, manifestó que los cambios debilitaban la certeza jurídica y la legalidad. Además, consideró que dicha reforma no podría verse de manera aislada, ya que formaba parte de una serie de cambios judiciales y electorales que, en su conjunto, concentraban poder, reducían la independencia judicial y ponían en riesgo la división de poderes.
“México envía un mensaje negativo a los inversionistas nacionales y extranjeros, al mostrar que las reglas pueden cambiar sin consenso, que las instituciones pierden independencia y que la justicia deja de ser confiable […] En un contexto donde México compite por aprovechar el potencial del T-MEC y del nearshoring, debilita la certeza jurídica y la legalidad, y es dar un paso atrás en competitividad”, afirmó Sierra Álvarez.
“El Estado de derecho no puede sostenerse si el ciudadano pierde la posibilidad de defender sus derechos y libertades frente al poder público […] El impacto no es solo jurídico; es también económico. Cuando la ley deja de proteger con certeza y legalidad, la inversión se retrasa, el empleo se estanca y la confianza se erosiona”, manifestó el presidente nacional de la COPARMEX, quien añadió que la certeza jurídica la requerían no sólo los inversionistas extranjeros, sino también los nacionales.
“Es importante tener esta certeza jurídica que necesita no solo el inversionista de Inversión Extranjera Directa (IED), que es muy buena, pero hay un mercado interno que también requiere certeza jurídica, seguridad y energía. Ese mercado interno es 13 veces mayor que esos […] Hay una preocupación real de lo que se está legislando en políticas públicas en México, que es un retroceso en términos de certeza jurídica, en términos democráticos, que afecta esta confianza”, destacó Sierra Álvarez, quien finalizó insistiendo que empresarios de Alemania, Canadá y Estados Unidos estaban observando las sentencias de los jueces y magistrados que fueron electos por voto directo, el 1 de junio de 2025.
