Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) informó, el 7 de octubre de 2024, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó la creación de un grupo especial para investigar y frenar el “huachicol fiscal”.
Según el funcionario, la instrucción presidencial fue girada tras detectarse operaciones de contrabando de combustibles vinculadas con redes criminales, en los puertos de Altamira, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California.
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Durante la conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular de la FGR indicó que en dicho grupo participaban elementos de las secretarías de Defensa Nacional (DEFENSA), de Marina (SEMAR), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y Unidades de Protección de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
“La señora presidenta ordenó que se generara un grupo de trabajo en esta especialidad. Ha estado trabajando prácticamente a diario desde esos meses, y en ese grupo participan el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad, Aduanas y las unidades de Protección de PEMEX”, explicó Gertz Manero.
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El titular de la FGR aseguró que, desde la conformación de este grupo interinstitucional, no se había vuelto a registrar un solo caso de contrabando de combustibles en el país. Asimismo, detalló que la decisión surgió luego de dos investigaciones recientes.
“A partir de ese momento no hemos vuelto a tener un solo caso, ese ha sido hasta el día de hoy un resultado de este trabajo de coordinación”, indicó Gertz Manero, quien también reveló que en el puerto de Altamira, la SEMAR aseguró un buque cargado con hidrocarburos y se obtuvieron ocho órdenes de aprehensión, de las cuales tres ya fueron cumplimentadas. El barco, el combustible y los vehículos involucrados quedaron bajo resguardo federal.
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“Ahí se encontró la relación con los grupos delictivos del Cártel de Jalisco Nueva Generación [CJNG]”, señaló el titular de la FGR, quien también comentó que en el caso de Ensenada, el buque partió antes de la revisión, pero las autoridades localizaron en un almacén más de dos millones de litros de combustible ilegal.
“Se aseguraron el local y el combustible, se emitieron ocho órdenes de aprehensión y se han cumplido cuatro”, precisó Gertz Manero, quien respecto al caso más reciente, en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, destacó que el buque detenido transportaba material químico y que no se había confirmado que se tratara de hidrocarburos robados.
El titular de la FGR añadió que las investigaciones seguían abiertas para determinar la posible participación de empresarios, agentes aduanales y mandos militares.
“Todos los elementos de prueba que se han ido obteniendo han permitido procesos que son públicos, tanto con personal de aduanas como con personal de las instituciones que hayan participado”, afirmó Gertz Manero, quien consultado respecto a si aún faltaban órdenes de aprehensión por ejecutar, respondió: “Imagínese”.
El mismo día, Sheinbaum Pardo desconoció las declaraciones atribuidas a la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), Grisel Galeano García, en las que se estimaba que el daño al erario por “huachicol fiscal” alcanzaría 600 mil millones de pesos.
La mandataria nacional sostuvo que la funcionaria federal no realizó tal afirmación y que el monto fue mencionado por un legislador durante una comparecencia en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
“Ella no lo declaró, fue un diputado quien hizo esta pregunta”, respondió Sheinbaum Pardo, ante los reportes sobre el presunto monto del contrabando de combustibles. Un reportero insistió sobre el tema y le explicó a la presidenta que la titular de la PFF reveló el dato durante una entrevista. “Ella no lo declara”, reiteró la titular del Poder Ejecutivo Federal.
Cuestionada respecto al tamaño real del daño a las finanzas públicas, la mandataria nacional advirtió que el cálculo aún estaba en proceso. “Bueno, hay que estimarlo”, dijo. El 23 de septiembre de 2025, Galeano García compareció ante la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Aunque se negó a reconocerlo ante los legisladores, la funcionaria federal dijo en entrevista que los daños al erario público por “huachicol fiscal” ascendía a 600 mil millones de pesos. Indicó que, de esa cantidad, menos del 3 por ciento, formaba parte de las 102 querellas vinculadas con hidrocarburos presentadas por la institución a su cargo, en los dos últimos años.
“Estimado de cuánto afecta, tenemos cifras: son 600 mil millones reportados, 16 mil millones querellados. Tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones y las carpetas para saber exactamente, caso por caso, cuánto nos puede reportar la recuperación o posible recuperación después de lo denunciado ante la Fiscalía General de la República”, sostuvo la titular de la PFF.
