La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, el 23 de octubre de 2025, que las secretarías de Economía (SE), así como la de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ajustarían el decreto que permitía la regularización de automóviles de procedencia extranjera, también conocidos como “chocolate”, ante los abusos detectados en su aplicación.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde la Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal indicó que su Administración podría prorrogarlo o modificarlo, según las condiciones del mercado automotriz y del comercio internacional.
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“Sí va a haber ajustes, sí va a haber ajustes por los años, va a haber ajustes y ya lo podemos presentar con Secretaría de Economía y Hacienda, porque se ha abusado mucho de este decreto, entonces sí va a haber ajustes y ya los presentamos. Y seguir apoyando a los paisanos”, dijo la mandataria nacional.
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó varios decretos en el Diario Oficial de la Federación (DOF) -el primero el 29 de diciembre de 2022-, para extender el plazo para regularizar los automóviles de procedencia extranjera, también conocidos como “chocolate”.
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El último fue publicado en el DOF, el 26 de septiembre de 2024, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para prorrogar hasta el 30 de septiembre de 2026, la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentran en territorio mexicano de manera irregular.
Según lo indicó la SHCP, los decretos de regularización y sus subsecuentes prórrogas habían permitido regularizar alrededor de 2 millones 559 mil 256 vehículos, con lo cual, “se otorgó certeza jurídica y protección al patrimonio de la ciudadanía y contribuyó a garantizar la seguridad pública, al contar con los medios para identificar a los propietarios de dichos vehículos para evitar que estos se ocupen en la comisión de actos ilícitos”.
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Por dicha regularización, detalló la SHCP, se había logrado recaudar aproximadamente 6 mil 398 millones 140 mil pesos, “lo que ha permitido llevar a cabo acciones de pavimentación en los municipios de las entidades federativas participantes, en beneficio de sus habitantes y vecinos de zonas cercanas”.
El programa para registrar automóviles importados se aplicó en 16 estados, entre ellos Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
No obstante, el 15 de enero de 2025, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) denunció que la introducción de automóviles “chocolate” había generado una merma en la recaudación fiscal y pérdida de control sobre la identificación de los importadores de estos vehículos, lo que favorecía el lavado de dinero y la actividad del crimen organizado.
“No hay ninguna necesidad de mantener el decreto de regularización del contrabando. Es decir, de vehículos que son introducidos sin cumplir con disposición regulatoria alguna y que tienen un impacto no sólo en materia de mercado, sino también en lo que toca a las emisiones contaminantes”, declaró Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, entrevistado por el diario Reforma.
El decreto presidencial, vigente desde noviembre de 2024, regula la importación definitiva de vehículos usados provenientes de México, Estados Unidos o Canadá bajo el marco del T-MEC. Su objetivo era establecer las condiciones para que estos automóviles ingresaran de manera legal al territorio nacional, cumpliendo con normas ambientales, de seguridad y de origen.
Entre sus disposiciones estableció que sólo podrían importarse vehículos que acreditaran su fabricación o ensamble en alguno de los tres países de América del Norte y que cumplieran con los rangos de modelo y fracción arancelaria fijados por la autoridad.
También se prohibió la importación de unidades reportadas como robadas o restringidas para circular en su país de procedencia. Para validar la legalidad del proceso, los importadores deberían presentar un certificado o documento de origen ante la autoridad aduanera, a través de un agente o apoderado autorizado.
Los automóviles que no cumplieran con estos requisitos quedarían excluidos de la importación definitiva. El decreto fijó un arancel ‘ad valorem’ de 10 por ciento para los vehículos que calificaron bajo el T-MEC y estableció una vigencia de un año, hasta el 5 de noviembre de 2025.
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