Después de un par de audiencias públicas, con 76 votos a favor y 39 sufragios en contra, el Pleno del Senado de la República avaló, en lo general, la noche del 1 de octubre de 2025, con algunas modificaciones, la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que reformó la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Los sufragios a favor fueron emitidos por los senadores de la autodenominada “cuarta transformación”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).
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Mientras que los votos en contra, fueron emitidos por los senadores de los grupos parlamentarios de oposición, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
Durante un debate de más de cinco horas, la mayoría oficialista aseguró que la reforma otorgaba mayor certeza jurídica, homologaba plazos y garantizaba un acceso efectivo a la justicia para las personas. Mientras que los grupos parlamentarios del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano afirmaron que se debilitaba el juicio de amparo y se dejaba en la indefensión a la ciudadanía, frente a los abusos de poder.
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Entre los cambios más relevantes a la propuesta de la titular del Poder Ejecutivo Federal destacó la precisión del concepto de interés legítimo, que podría ser de carácter individual o colectivo, sin que fuera necesario que la lesión fuera “actual”, ni que el beneficio derivado del amparo fuera “directo”, con lo que se buscaba facilitar la defensa de derechos colectivos o difusos, sin confundirlo con el interés jurídico.
En materia fiscal, la iniciativa definió con mayor claridad los medios de garantía para obtener la suspensión en juicios de amparo, contra actos de cobro de créditos fiscales firmes. La senadora priista Alma Carolina Viggiano Austria reveló en tribuna que había presiones sobre el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado -de Morena-, para que devolviera al dictamen un transitorio que favorecería el carácter retroactivo de la reforma a la Ley de Amparo.
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“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones que establece este Decreto”, indicaba el transitorio, que, al mediodía, en comisiones, Corral Jurado había propuesto retirar.
Durante el debate, el coordinador y el vicecoordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández y Moisés Ignacio Mier Velazco, respectivamente, se acercaron al escaño de Corral Jurado, quien, después, en tribuna, afirmó que la reforma era producto de un proceso plural y transparente, con audiencias públicas y la participación de especialistas y sociedad civil.
“Este dictamen es fruto de un trabajo legislativo serio, informado y plural. Fortalece al juicio de amparo sin desnaturalizarlo. Lo moderniza sin excluir a nadie. Lo hace más eficiente sin sacrificar garantías”, enfatizó el legislador chihuahuense.
Corral Jurado explicó que modernizaba el juicio de amparo, mediante herramientas digitales, lo hacía más ágil y eficiente, reforzaba su carácter garantista y establecía plazos claros y sanciones para evitar dilaciones, sin afectar los derechos esenciales.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado destacó que la reforma precisaba conceptos como el interés legítimo, limitaba suspensiones en casos sensibles y garantizaba que el juicio digital fuera opcional, protegiendo la inclusión de quienes no contaran con acceso tecnológico.
El 15 de septiembre de 2025, la presidenta Sheinbaum Pardo envió al Senado la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reformarían y adicionarían diversas disposiciones de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La titular del Poder Ejecutivo Federal sostuvo que esta reforma buscaba mejorar y perfeccionar el juicio de amparo, para que lo volviera más ágil, sencillo y de pronta tramitación, así como más social y accesible a la población. Asimismo, consolidarlo como el recurso para la defensa efectiva de los derechos humanos, así como medio de control legal y constitucional.
