Con 76 votos a favor y 39 en contra, el Senado de la República aprobó una reforma sustancial a la Ley de Amparo, iniciativa impulsada por el Ejecutivo federal. Aunque el gobierno la presenta como una modernización del sistema judicial, diversos sectores advierten que la medida podría debilitar la defensa ciudadana frente a actos arbitrarios de autoridad.
La reforma modifica artículos clave de la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entre los cambios más relevantes destacan:
Publicidad
*Redefinición del interés legítimo: Ahora, para interponer un amparo, el ciudadano deberá demostrar una lesión jurídica real, actual y diferenciada. Se excluyen las expectativas hipotéticas, lo que podría limitar el acceso al recurso en casos preventivos.
*Restricciones a la suspensión del acto reclamado: En casos de bloqueo de cuentas bancarias, deudas fiscales o medidas cautelares de prisión, la suspensión provisional ya no será automática. El quejoso deberá acreditar el origen lícito de sus recursos o enfrentar la ejecución del acto mientras se resuelve el juicio.
Publicidad
*Garantías fiscales obligatorias: Para suspender el cobro de deudas firmes, los contribuyentes deberán ofrecer garantías líquidas, como depósitos en efectivo o cartas de crédito. Esto excluye el uso de inmuebles o negocios en marcha, afectando especialmente a pequeñas empresas.
*Juicio de amparo digital: Se incorpora la figura del expediente electrónico con validez legal, lo que busca agilizar trámites. Sin embargo, organizaciones civiles advierten que podría excluir a sectores sin acceso a internet o habilidades digitales.
Publicidad
*Sanciones por incumplimiento de sentencias: Las autoridades que ignoren resoluciones judiciales enfrentarán sanciones; aunque persiste la cláusula de “imposibilidad jurídica o material”, que permite alegar falta de presupuesto para no cumplir.
Uno de los puntos más controvertidos es el artículo transitorio que permite aplicar la reforma a juicios de amparo ya en trámite. Aunque legisladores oficialistas niegan que se trate de retroactividad, juristas y opositores consideran que vulnera el principio constitucional de certeza jurídica.
Según el gobierno, la reforma busca evitar abusos del sistema judicial, agilizar procesos y fortalecer la lucha contra delitos financieros. La Presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que “el derecho al amparo no desaparece” y que los cambios buscan “mayor certeza y justicia expedita”.
Sin embargo, empresarios, abogados y legisladores de oposición alertan sobre los riesgos. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la reforma “limita derechos fundamentales, pone en riesgo la certeza jurídica y puede frenar la inversión y el empleo”. El PAN llamó incluso a los ciudadanos a promover amparos contra la propia reforma.
La diputada Kenia López Rabadán propuso abrir un parlamento abierto para discutir la iniciativa, mientras que Movimiento Ciudadano calificó la retroactividad como “una violación a principios elementales del derecho”.
Al respecto, Sheinbaum explicó que su iniciativa no tenía ese agregado ni tampoco solicitó que se incluyera: “Hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución; y en ese cambio en la Constitución establezca las condiciones para contratos previos o para otras acciones”.
“Pero en las leyes pues no puede haber retroactividad. Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio; lo que dice es que a partir de que se apruebe la ley, pues lo nuevo ya tiene que ir con ese decreto. Desde mi punto de vista, no era necesario poner ese transitorio”, concluyó la primera mandataria.
La reforma aún deberá ser revisada por la Cámara de Diputados, donde se espera un intenso debate y múltiples reservas. Mientras tanto, el país se divide entre quienes ven en ella una modernización necesaria y quienes la consideran un golpe a las garantías constitucionales.
