El Paquete Económico 2026, que forma parte de la Ley de Ingresos, fue aprobado, la noche del 28 de octubre de 2025, por el Pleno del Senado de la República, en lo general y en lo particular, durante una sesión en la que la mayor parte de los 128 escaños de la Cámara Alta del Congreso de la Unión permanecieron vacíos, y en la que se impusieron más impuestos a los refrescos, al tabaco y a los videojuegos violentos.
Con reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), los sufragios a favor fueron emitidos por los senadores de la autodenominada “cuarta transformación”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT). Mientras que los votos en contra, fueron emitidos por los senadores de los grupos parlamentarios de oposición, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
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Con 76 votos a favor y 38 sufragios en contra, se aprobó, en lo general y los artículos no reservados, el dictamen que reformó el Código Fiscal de la Federación. Luego, con 76 votos a favor y 37 sufragios en contra, se avaló, en lo general y los artículos no reservados, el dictamen que reformó la Ley Federal de Derechos. Por último, con 75 votos a favor y 37 sufragios en contra, se aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen, que reformó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
“La carga de las enfermedades prevenibles nos ahoga”, argumentó en tribuna, el senador Manuel Rafal Huerta Ladrón de Guevara. El legislador dijo que la bancada de Morena estaba allí “para poner orden y para que quienes generan riesgos, asuman también parte del costo, para que no sea siempre el pueblo quien pague”.
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El senador veracruzano aseguró que las medidas tributarias no obedecían a “un capricho”, sino que eran “recomendaciones internacionales y una herramienta para proteger la salud pública, así como para fortalecer la recaudación y destinar más recursos a programas de salud”.
Por su parte, la senadora sinaloense Imelda Castro Castro, de Moran, reconoció que debían “fortalecer la transparencia” en el manejo de los recursos, “mejorar su aplicación y garantizar que se destinen para los fines por los cuales fueron concebidos”.
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En tanto que el senador Raymundo Bolaños Azocar, de la bancada del PAN, advirtió que el Paquete Económico “apretará” aún más a los contribuyentes. “Todos los incrementos de impuestos, el modelo espía de la legislación fiscal y la deuda que tienen con el país son su responsabilidad absoluta, en esta cerrazón que no escucha, que no admite observaciones y que aprueba todas las propuestas del Ejecutivo sin tocar una sola coma”, protestó.
“Este paquete fiscal aprieta a los contribuyentes, pero hasta hoy no hay una sola acción efectiva para combatir el huachicol fiscal que, de forma permanente, merma el ingreso de recursos y con ello lastima las finanzas públicas”, enfatizó Bolaños Azocar.
El senador panista censuró la tolerancia del Gobierno para con “el hoyo negro más grande de corrupción de la historia moderna de México y que ha exhibido que el morenato ha pasado de la pobreza franciscana a la opulencia virreinal”.
Después de compartir con el Pleno que había crecido “con un control en la mano”, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, reprobó la imposición del impuesto de 8 por ciento que se aplicaría a los videojuegos violentos.
“He jugado videojuegos toda mi vida y hoy, además, disfruto mucho hacerlo con mi hijo Luis Donaldo. Por eso, cuando veo que quieren imponer un gravamen a los videojuegos bajo la falsa premisa de que generan violencia, pienso en dos cosas”, subrayó el senador neoleonés.
“La primera, que es un prejuicio que no resuelve nada. La segunda, que es un error político que nos cuesta futuro¿No es más bien este impuesto una señal de una irresponsabilidad financiera del Estado mexicano, esperando que los mexicanos paguen por ella?”, cuestionó Colosio Riojas.
La senadora priista Claudia Edith Anaya Mota hizo notar que en el Código Fiscal de la Federación asomaban “varias inconstitucionalidades”, que podrían propiciar que Estados Unidos abriera a México “algunos paneles en el Tratado de Libre Comercio”.
“Eviten que nos lleven a un panel internacional por este abuso que están haciendo en el control, en estas medidas de espionaje que le están dando al Estado mexicano. Sean cuidadosos, sean respetuosos de la legalidad”, advirtió la legisladora priista.
La senadora Alma Carolina Viggiano Austria, también de la bancada del PRI, afirmó que las reformas a las tres leyes fiscales “revelan que el Gobierno está quebrado, así que disfrazan de recaudación el terrorismo fiscal, engañan con aumento de impuestos diciendo que están desincentivando el consumo de bebidas azucaradas y tabaco”.
Con 335 votos a favor y 122 sufragios en contra, la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, con cambios, el 16 de octubre de 2025, las reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), en el marco de la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación 2026. El documento fue enviado al Senado para continuar su trámite legislativo.
Los sufragios a favor fueron emitidos por los diputados federales de la autodenominada “cuarta transformación”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).
Mientras que los votos en contra, fueron emitidos por los diputados federales de los grupos parlamentarios de oposición, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
Entre las reformas más relevantes se encuentra la adición del artículo 30-B, que obliga a las plataformas digitales que prestan servicios en México a permitir a las autoridades fiscales el acceso permanente, en línea y en tiempo real, a la información necesaria para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Esto significa operaciones en plataformas digitales de streaming, compras o servicios de transporte, entre otras. En caso de incumplimiento, se contempla el bloqueo temporal del acceso al servicio digital. Además, se modificó el artículo primero transitorio, para que las nuevas obligaciones para plataformas digitales entren en vigor el 1 de abril de 2026.
Asimismo, se eliminó la fracción X del artículo 124, que establecía como causal de improcedencia del recurso de revocación, cuando el contribuyente manifestara desconocer el acto fiscal en su contra.
La diputada del grupo parlamentario de Morena, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, señaló que la fracción eliminada no fortalecía la actuación de la autoridad fiscal, además de que debilitaba la garantía de defensa y la certeza jurídica de la ciudadanía.
Además, la reforma refuerza las atribuciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para combatir la evasión fiscal, mediante el uso de facturas falsas y otras prácticas indebidas.
Uno de los principales cambios otorga al SAT la facultad de negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a personas morales cuyos representantes, socios o integrantes hayan estado vinculados previamente con empresas sancionadas por emitir comprobantes fiscales falsos, participar en esquemas de evasión o tener créditos fiscales firmes sin solventar.
Esta medida busca impedir que contribuyentes con antecedentes problemáticos continúen operando bajo nuevas razones sociales. Además, dota al SAT de facultades para presentar querellas penales contra quienes emitan facturas falsas.
Aunado a lo anterior, la reforma refuerza los requisitos de validez de los comprobantes fiscales digitales (CFDI). A partir de la entrada en vigor, deberán respaldar operaciones reales, existentes y actos jurídicos verdaderos. De no cumplir con este criterio, se considerarán falsos, y las personas involucradas, incluidos representantes legales, podrían enfrentar acciones penales.
El SAT también podrá verificar directamente si un comprobante fiscal digital corresponde a una operación real mediante visitas de verificación, las cuales tendrán un plazo máximo de 24 días hábiles. Estas visitas se enfocarán exclusivamente en comprobar la existencia de las operaciones, sin implicar una auditoría completa ni la determinación de adeudos fiscales.
Durante estas visitas, la autoridad fiscal podrá suspender de inmediato la emisión de facturas digitales, como medida preventiva para evitar que se sigan generando comprobantes falsos, mientras se desarrolla el procedimiento. El proceso incluirá plazos definidos, así como etapas claras para la presentación y valoración de pruebas por parte del contribuyente, en aras de dar celeridad y certeza jurídica.
Además, se otorga la posibilidad de publicar en el portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el nombre y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales que hayan emitido comprobantes fiscales falsos. Los contribuyentes que hayan recibido esas facturas tendrán un plazo de 30 días naturales para corregir su situación mediante una declaración complementaria, a fin de evitar sanciones adicionales.
La diputada de Morena, Freyda Marybel Villegas Canché, explicó que el nuevo artículo 30-B “integra y vincula al marco vigente de obligaciones de las plataformas digitales”, y que su objetivo es que la autoridad fiscal “cuente con toda la información necesaria para comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.
Sin embargo, diputadas y diputados de oposición expresaron fuertes críticas contra las reformas fiscales, al considerar que vulneraban derechos de los contribuyentes y concentran facultades excesivas en el SAT. También hubo reclamos por la prisa legislativa y la falta de revisión detallada del dictamen.
El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, consideró que se trata de un “Código Fiscal Espía”, porque “permite la intromisión directa del SAT, obliga a las plataformas digitales a dar acceso irrestricto a toda la información personal de compradores, vendedores, de usuarios de las plataformas digitales. ¿Para qué? Para husmear en tu vida personal, para conocer tus movimientos personales”.
El legislador panista rechazó que los cambios al Código Fiscal fueran una herramienta eficaz contra la evasión y criticó que el dictamen criminaliza errores fiscales menores: “Este Código Fiscal solo quiere castigar a los contribuyentes por simples errores, criminalizarlos, pero no hay ninguna corresponsabilidad del gobierno”, enfatizó.
En ese sentido, Téllez Hernández calificó las medidas como una estrategia de “terrorismo fiscal”, argumentando que “puede bloquear discrecionalmente los sellos digitales, por algún error humano o por algún retraso justificado en alguna declaración fiscal”. Advirtió que esta facultad equivale a “la muerte operativa de todos los negocios”, ya que impediría a las empresas realizar operaciones comerciales.
El priista Yerico Abramo Masso también cuestionó que el endurecimiento del Código Fiscal se enfoque en los contribuyentes, mientras que los principales responsables de delitos fiscales permanecen impunes. “Esta reforma está fundada en delitos que en su gran mayoría han cometido muchos de ellos servidores públicos”, expresó. Y añadió: “Es más fácil crear una política de terrorismo que limpiar la casa”, insistió.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, consideró que las reformas lesionan derechos fundamentales: “Contiene una sobrecarga de obligaciones a quienes cumplen y concentra un poder desmedido a la autoridad hacendaria”, afirmó.
En tanto que las organizaciones no gubernamentales Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19, alertaron que el artículo 30-B, tal como fue aprobado, representa una seria amenaza al derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.
R3D afirmó que el acceso en línea y en tiempo real por parte de la autoridad fiscal constituye “una interferencia desproporcionada en los derechos de la ciudadanía”. A su juicio, la medida “permite una invasión total y permanente de la información de la ciudadanía sin necesidad de probar que existen razones reales para acceder a ella”.
La ONG también señaló que esta disposición “carece de salvaguardas y control judicial que inhiban o eviten intrusiones arbitrarias”, lo que elimina la protección jurídica del derecho a la privacidad y a los datos personales.
Según R3D, la sanción de bloqueo temporal de plataformas digitales, “es incompatible con el derecho a la libertad de expresión, por ser una forma de censura por medios indirectos”.
En tanto que Artículo 19 calificó la reforma como una medida de “censura previa prohibida expresamente por el artículo 7 de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La organización no gubernamental internacional advirtió que el artículo 30-B puede impactar espacios donde las personas ejercen sus derechos fundamentales: “El acceso a estas plataformas forma parte de un espacio cívico interconectado donde las personas ejercen derechos humanos”, dijo,
Ambas ONG urgieron al Congreso de la Unión a reconsiderar esta disposición y a optar por mecanismos menos lesivos que permitan fiscalizar sin vulnerar derechos fundamentales. “Exigimos que se consideren medidas menos lesivas a fin de lograr efectivamente una tributación justa, equitativa y proporcional […] mientras se garantiza la protección de los derechos de las y los usuarios en línea”, demandó Artículo 19.
El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó, la tarde del 15 de octubre de 2025, modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, con las que se incrementarían, a partir de 2026, el cobro de cuotas y tarifas de algunos servicios públicos.
El dictamen -que se envió al Senado de la República para su discusión-, fue aprobado en lo general y particular, con 352 votos a favor y 133 en contra, argumentando que las reformas a la Ley Federal de Derechos tendría como fin garantizar que la explotación de los bienes del dominio público de la nación se llevara a cabo de manera óptima. Con estas medidas se pretendería recaudar unos 157 mil 082 millones de pesos.
Los sufragios a favor fueron emitidos por los diputados federales de la autodenominada “cuarta transformación”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).
Mientras que los votos en contra, fueron emitidos por los diputados federales de los grupos parlamentarios de oposición, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
Entre los servicios que tendrían un mayor costó en el 2026 estarían los permisos para residentes temporales y permanentes, cuyas cuotas se ajustaron en más del 100 por ciento. Además de un incremento de 14.2 por ciento para los visitantes sin permiso de trabajo; estableciéndose un descuento del 50 por ciento para casos humanitarios como la migración por motivos de reunificación familiar, ofertas de empleo o invitaciones de carácter cultural.
De igual forma, se aumentaron los costos de acceso a ciertos museos, sitios y zonas arqueológicas a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Tal es el caso del Museo Nacional de Antropología, Teotihuacán o Chichén Itzá, que pasaron de tener un costo de entrada de 95.58, a 209.9 pesos en 2026.
No obstante, se agregó un apartado para indicar que las personas nacionales y las extranjeras residentes en el país, que acreditaran su nacionalidad y residencia, tendrían un descuento de hasta 50 por ciento en el costo de las entradas a dichos museos y zonas arqueológicas, por lo que pagarían 104.50 pesos.
Asimismo, se estableció un nuevo cobro de 297.89 pesos por autorizaciones para abordar embarcaciones en navegación de altura, como son los cruceros, así como 294 pesos por la emisión del por el formato SAM (Salida de Menores al Extranjero), que anteriormente era gratuito.
También se elevó en un 4.5 por ciento el cobro por servicios migratorios extraordinarios a vuelos no regulares y el derecho para aeronaves privadas sin fines de lucro, pero quedaron exentas de cobro aquellas destinadas para la protección civil y ambulancias aéreas. Por otro lado, se incrementó en más del 25 por ciento el costo de los certificados fitosanitarios internacionales para la exportación de vegetales y sus productos y subproductos, así como por la exportación de animales vivos, productos y subproductos (certificados para la explotación de animales vivos).
Así como un aumento de más de 27 por ciento en el costo de los permisos para construcción, explotación y ampliación de aeródromos, helipuertos e hidroaeródromos. Aunado a que también se actualizaron los costos de servicios de verificación establecidos en la Ley de Aviación Civil y en la Ley de Aeropuertos y servicios relacionados con la expedición de cada certificado de capacidad, licencia al personal técnico aeronáutico o permiso.
Por otra parte, se incrementó en 16 por ciento el cobro a los servicios de inspección y vigilancia que realiza la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y que pagarían entidades como casas de bolsa y de cambio, almacenes generales de depósito, fondos de inversión, instituciones de banca múltiple y otras instituciones financieras.
También se incrementaron los derechos por el uso o aprovechamiento del espectro radioeléctrico, bajo el argumento de que con estos recursos se podría ampliar la cobertura y acceso a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, en beneficio de la población que aún no contaba con tales servicios.
Sobre este asunto, se planteó un incremento de 4.5 por ciento el cobro de cuotas de solicitud y, en su caso, la autorización para la compartición de bandas de frecuencias entre dependencias y entidades del Ejecutivo Federal, para uso público y para la suscripción o enajenación de acciones o partes sociales que requirieran autorización.
Durante la discusión en el Pleno, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del grupo parlamentario del PAN, sostuvo que era justo que el Estado cobrara por los servicios que prestaba, pero también, dijo, era justo que los recursos regresaran a donde se generaban.
“Hoy, el Gobierno nos presenta una Ley Federal de Derechos llena de incrementos, aumentan los cobros migratorios, pero no hay inversión en seguridad fronteriza. Suben los derechos sanitarios, pero los hospitales siguen sin medicinas. Crean nuevas cuotas en telecomunicaciones, pero las comunidades rurales siguen sin Internet”, comentó Luna Ayala.
“Y ahora aumentan las cuotas de entrada a museos y zonas arqueológicas, nos dicen que es para invertir y proteger a los visitantes nacionales, pero la verdad es que los turistas nacionales, las familias mexicanas también quieren conocer su historia”, expresó la legisladora panista.
Por su parte, el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramídez, de la bancada del PRI, acusó a Morena de asegurar que no subían los impuestos, “pero en los hechos todo sube. Le cambian el nombre, dicen, ajuste, actualización, revisión inflacionaria, pero en la realidad es otra forma de meterle la mano al bolsillo a los mexicanos”.
El legislador priista neoleonés añadió que para 2026 subiría el costo de los pasaportes, los permisos ambientales, las concesiones de agua, los trámites empresariales y hasta los ingresos a las playas. “Todo, todo se encarece, menos el ingreso de los mexicanos. Mientras tanto, la burocracia federal sigue creciendo, los programas se anuncian con bombo y platillo”, dijo.
El también priista Jericó Abramo Masso detalló que entre los incrementos planteados, que incluirían el pago de Derechos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Aduanas y Código Fiscal, el Gobierno Federal obtendría recursos adicionales, por 271 mil millones de pesos.
“El país requiere para estabilizar sus finanzas 1.5 billones de pesos de ingresos adicionales, con estas migajas que están construyendo de una parte y de otra solamente se lograrán dar 271 mil millones de pesos”, señaló el legislador coahuilense.
En tanto que el diputado Eduardo Gaona Domínguez, de MC, criticó que la mayoría oficialista pretendiera calificar como actualizaciones nuevas tarifas e incrementos que tenían un objetivo recaudatorio.
El emecista calificó como discriminatorios los aumentos en materia de derechos migratorios. Agregó que el proyecto buscaba, además, privar de la cultura a personas de bajos recursos, eliminar exenciones en agua, incrementar los cobros a empresas de telecomunicaciones.
“Se planea gastas, fíjense ustedes, 10 billones de pesos, pero solamente se va a ingresar 8.5 billones de pesos, es decir, que traemos un déficit de 1.5 billones de pesos y a través de derechos que quieren cobrar, Morena con esta reforma busca empatar esa deficiencia que tenemos en los derechos, llevándose, déjenme decirlo así, entre las patas a todos los ciudadanos de este país”, subrayó Gaona Domínguez.
La diputada Claudia Rivera Vivanco, del grupo parlamentario de Morena, aseguró que esta Ley buscaba actualizar derechos, eliminar rezagos y fortalecer instituciones, asegurando que quienes pagaran lo hicieran con equidad.
Entre los aspectos centrales de la reforma, dijo la legisladora de Morena, se establecían derechos en materia migratoria, que, según ella, reforzarían la seguridad en las fronteras y mejorarían la atención humanitaria a quienes transitaran por México.
Mientras que el ámbito de las telecomunicaciones, agregó la diputada poblana, la reforma promovía descuentos a concesionarios que ampliaran cobertura, especialmente en zonas rurales, para reducir la brecha digital, asegurando que estos incentivos buscaban la equidad y no privilegios monopólicos.
La diputada Marcela Michel López, también de Morena, subió a tribuna para fundamentar el documento, que, según ella, “moderniza servicios y simplifica trámites en distintos sectores. Y tres, actualizar y armonizar la Ley Federal de Derechos con las reformas realizadas recientemente garantizando la coherencia normativa”.
El mismo día, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro aprobó cambios a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que incluyeron aumentos en los gravámenes a productos como el tabaco, los juegos y sorteos, videojuegos, así como la inclusión de sueros orales que contuvieran ingredientes adicionales a los recomendados por las autoridades de salud.
La minuta fue aprobada con 31 votos a favor y 11 en contra. La propuesta buscaría aumentar la recaudación para el Gobierno Federal y ahora debería ser aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
El proyecto aumentaría el impuesto a cigarros, tabaco y nicotina. La tasa pasaría de 160 a 200 por ciento. Para la enajenación o importación de productos de nicotina, se estableció una tasa de 100 por ciento, además de un impuesto adicional por el contenido de nicotina.
Se aumentó el impuesto de 1.6451 pesos por litro a 3.0818 pesos por litro a las bebidas saborizadas. Según los legisladores de la autodenominada “cuarta transformación”, el objetivo sería disminuir su consumo. Asimismo, se propuso ampliar la aplicación del impuesto a aquellas que contuvieran edulcorantes añadidos.
Se aumentó el impuesto a juegos y sorteos, que pasaría del 30 al 50 por ciento, con el objetivo de desincentivar su uso. Además, se impuso una tasa de 50 por ciento a los juegos con apuestas y sorteos que se realizaran por internet.
Además, se estableció un impuesto del ocho por ciento a los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, no aptos para personas menores de dieciocho años.
Los legisladores previeron establecer el impuesto a los sueros orales que se comercializaban en todo tipo de tiendas, en particular a aquellos que incluyeran ingredientes añadidos adicionales a los recomendados en materia de salud.
Asimismo, el gravamen buscaría aplicar el IEPS a los productos que contuvieran azúcar y otros componentes envasados para el consumo masivo. Según la minuta, se protegía a los sueros orales que respetaran la receta recomendada para los programas de salud.
También se cobraría el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los sueros orales que contuvieran ingredientes extra a la glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico. “Lo anterior evita dar carga fiscal del IEPS a los sueros que se produzcan siguiendo las recomendaciones de la OMS. Por tanto, causarán IEPS los sueros orales que no contengan solamente el total de las sustancias referidas”, expuso el diputado Carol Antonio Altamirano, de Morena.
El 16 de octubre de 2025, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión avaló, en lo general, las modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las cuales constaban de la actualización del IEPS que se cobraba a refrescos, tabacos, así como la creación de uno enfocado a videojuegos de “contenido violento”.
Con 351 votos a favor, 129 sufragios en contra y una abstención, la mayoría de los legisladores aprobaron en lo general las propuestas que eran parte del Paquete Económico 2026, en medio de las quejas de la oposición por el aumento en las tasas de este impuesto y su afectación en las finanzas de las familias mexicanas.
Los sufragios a favor fueron emitidos por los diputados federales de la autodenominada “cuarta transformación”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT).
Mientras que los votos en contra, fueron emitidos por los diputados federales de los grupos parlamentarios de oposición, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
José Elías Lixa Abimerhi, coordinador de los diputados federales del PAN acusó incongruencias en el discurso de Morena, dado que, según él, aunque se acusaba a la oposición de defender a los refresqueros, fue el partido en el poder quien acordó un acuerdo con la industria de las bebidas azucaradas.
“La carga fiscal que le están metiendo a todos los productos [con el IEPS] no es para ninguna sola empresa, es para la gente […] El PAN no ha tenido ninguna reunión con cabilderos, pero si le preocupa quién se reunió con los cabilderos, vea la rueda de prensa del coordinador de la mayoría […] es una farsa simular un acuerdo con las refresqueras, porque a las refresqueras no se les cobra [ese] impuesto”, aseveró el legislador panista.
En respuesta, Monreal Ávila -también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de San Lázaro- justificó el encuentro con empresarios refresqueros, al asegurar que Morena era el partidario del diálogo y los acuerdos, “que a todos conviene por el bien de la salud de México”.
“Nosotros, debo de advertirlo y aceptarlo, en apariencia la cuarta transformación se ha alejado de los grupos económicos del país, incluso de los medios de comunicación y hasta de asociaciones religiosas, y lo que este gesto implica es más allá de una reserva, lo que este gesto político y legislativo implica es que queremos recomponer nuestra relación con el sector económico del país”, dijo el legislador zacatecano.
Además, otras modificaciones contenidas en Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, fueron la de ajustar a 100 por ciento el IEPS a cigarros, puros y otros tabacos labrados, mientras que para los productos hechos a mano la nueva cuota sería de 32 por ciento, así como el aumento gradual de la cuota específica por cigarro.
Respecto a los juegos y sorteos, se pasó de 30 a 50 por ciento, para desincentivar su uso, así como la creación de un IEPS de 8 por ciento a videojuegos de contenido violento. Asimismo, se adicionaron precisiones para aclarar que no se gravarían con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los sueros orales que contengan exclusivamente, glucosa anhidra, cloruro de sodio, cloruro de potasio y citrato trisódico.
“Aquí con esta Ley del IEPS demuestran lo que engañan a la ciudadanía. No sólo van a incrementar impuestos, van a crear nuevos impuestos. Nos dicen que estos son para la salud, pero no nos engañemos, no es para la salud, es por la mala administración de sus gobiernos y la corrupción. A este impuesto de salud hay que etiquetarlo y nombrarlo: este impuesto se le llama el impuesto de la desesperación fiscal de Morena”, aseveró el diputado federal priísta Arturo Yáñez Cuellar.
