Tras más de cuatro horas de discusión, el Pleno del Senado aprobó, en lo general y particular, el 29 de octubre de 2025, con 79 votos a favor y 37 sufragios en contra, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, que estimó ingresos por un total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos.
Con un endeudamiento de 1 billón 472 mil 626.4 millones de pesos, que se podría extender hasta 1.78 billones. La legislación se remitió a Claudia Sheinbaum Pardo, titular del Poder Ejecutivo Federal, para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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Los sufragios a favor fueron emitidos por los senadores de la autodenominada “cuarta transformación”, integrada por los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y del Trabajo (PT). Mientras que los votos en contra, fueron emitidos por los senadores de los grupos parlamentarios de oposición, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
El senador guerrerense Félix Salgado Macedonio, de la bancada de Morena, preguntó, al coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, sobre si la actual deuda era de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum Pardo, “o es la que dejaron los gobiernos priistas y panistas”.
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“De 1824 hasta 2018, la deuda que se acumuló en el país incluyendo no sólo los gobiernos de [Vicente] Fox [Quesada], [Felipe de Jesús] Calderón Hinojosa], todos los anteriores fue de 10.55 billones de pesos con lo que hoy se está probando la deuda va a rebasar los 20.2 billones de pesos”, respondió el ex candidato presidencial.
“Es decir, en sólo siete años, ustedes lograron duplicar una deuda que había tardado casi 200 años en acumularse. Por eso, yo les digo si a esa deuda vieja de 10.55, le quieren llamar la ‘deuda maldita’, pues entonces la deuda nueva de 20.22 es una deuda endemoniada”, insistió el político queretano.
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“Lo que México tardó casi 200 años en endeudarse, Morena lo duplicó en sólo siete. Así nació la deuda endemoniada de Morena: una fiesta con dinero prestado que acabará quebrando al país”, escribió Anaya Cortés, en su cuenta de la red social X.
El senador de Morena, Miguel Pavel Jarero Velázquez, mostró un cartel con la imagen de la portada de un periódico nacional de 1995, con la fotografía de la llamada ‘Roqueseñal’, cuando el entonces diputado y líder del PRI, Humberto Roque Villanueva, y otros legisladores o celebraron el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 10 por ciento al 15 por ciento.
“Sí recuerdan la ‘Roqueseñal’, y aquí no eran los impuestos a los videojuegos, aquí gravaron con impuestos al consumo de todo el pueblo de México. Y sólo digo una cosa, porque son unos “pinochos” en el tema de la deuda, en el caso con el PIB con Estados Unidos, 124 en relación al PIB en México 50”, destacó el legislador nayarita.
“Este mensaje es para los mexicanos. Fíjense bien, en todos los sexenios anteriores, aquí están los nombres de los ex presidentes que han estado, que han tenido una deuda de 10 billones de pesos, se ve que no saben sumar los de Morena, porque en siete años que lleva Morena, van 10 billones de pesos”, respondió la senadora quintanarroense Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, quien también mostró una gráfica.
Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Miguel Ángel Yunes Márquez, aseguró que el dictamen partía de supuestos macroeconómicos prudentes y reflejaba una política de finanzas públicas, orientada a garantizar la estabilidad económica, fortalecer los ingresos del Estado, y permitir el cumplimiento de sus funciones sustantivas.
El legislador veracruzano resaltó que el dictamen estimaba ingresos presupuestarios por 8 billones 721 mil millones de pesos, un incremento de 519 mil millones de pesos al cierre estimado del 2025. Ese aumento, según dijo, obedecía al aumento de la tributación, que, según él, era el pilar central del financiamiento público. En este sentido, precisó que en 2026 los ingresos tributarios alcanzarían 15.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un máximo histórico.
Yunes Márquez subrayó que un punto muy relevante de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026 era que por primera vez dejarían de ser deducibles tres cuartas partes de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario [IPAB].
Ante ello, el senador veracruzano consideró que dicha legislación era una política pública que no solo recaudaba, sino que redistribuía con sentido social, eficiencia y visión de futuro. “Como toda construcción sólida, los cimientos están en las finanzas públicas sanas, pero el propósito está en lo que se edifica sobre ellas”, concluyó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, comentó que los ingresos servirían para continuar con el aumento de los salarios, la creación de empleos, y la apuesta por seguir fortaleciendo la economía interna, para que las familias tuvieran mejores ingresos.
“Esto se hace en un mundo que atraviesa crisis económicas, conflictos bélicos, inflación global y desorden financiero, y aún así México ha alcanzado estabilidad económica, fortaleza del peso, empleo histórico y más de 13 millones que salieron de la pobreza”, expresó el senador de Morena.
Huerta Ladrón de Guevara estimó que había un avance real de la prosperidad compartida y de la inversión nacional y extranjera, que, según él, se había logrado por un gobierno honesto, austero, que iba de la mano del pueblo. “Hoy respondemos con verdades y los de antes, que ahora se dicen guardianes de las finanzas públicas, olvidan que en su momento generaron el peor endeudamiento del país”, agregó.
Durante el debate que duró más de cuatro horas, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, dijo que la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2026, profundizaba desigualdades y castigaba al pequeño contribuyente.
“Esta minuta profundiza desigualdades, encarece el crédito productivo y manda señales de privilegio a los de siempre. Desde Movimiento Ciudadano nos oponemos al presente dictamen”, señaló el senador neoleonés.
Por su parte, Cristina Ruiz Sandoval, legisladora mexiquense del PRI, acusó al Gobierno Federal y a la mayoría de la autodenominada “cuarta transformación”, de usar la Ley de Ingresos con fines electorales y de llevar al país a un endeudamiento histórico.
“Hoy discutimos una ley de ingresos que hipoteca el futuro de nuestro país, una ley que endeuda más a las y los mexicanos, que reduce la confianza de los inversionistas y que usa el gasto público como herramienta electoral, no como un motor de desarrollo”, destacó Ruiz Sandoval.
La senadora mexiquense señaló que cada mexicano debía menos de 80 mil pesos en 2018, pero que al cierre de 2026 esa cifra ascendería a más de 153 mil pesos por persona, lo que implicaba duplicar la deuda pública nacional en ocho años.
Por otra parte, Gustavo Sánchez Vázquez, senador del PAN, advirtió que la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, representaba un grave riesgo para la estabilidad económica del país, al considerar que el paquete fiscal propuesto por el Gobierno Federal, conducía a México “al precipicio financiero”.
“Esta ley de ingresos, este paquete fiscal, lleva a México, lleva a México al precipicio, al precipicio financiero. Quienes conocemos, vaya, quienes tengan dos dedos, dos dedos de cerebro, saben que endeudar a este país va a ser trágico”, aseguró el legislador bajacaliforniano, quien responsabilizó a los senadores de la “4T”, de las posibles repercusiones económicas derivadas de esta aprobación.
“México no se endeuda por inercia ni por capricho. Tiene que cumplir con compromisos contraídos por años. Y el endeudamiento neto interno proyectado es una decisión responsable y estratégica, diseñada para atender las necesidades del Gobierno Federal, sin poner en riesgo la estabilidad social”, indicó, en tanto, Waldo Fernández González, senador neoleonés, del PVEM.
La minuta precisó que, del monto global, cinco billones 838 mil 541.1 millones de pesos corresponden a Impuestos; 641 mil 782.1 millones de pesos a Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social; 39.6 millones de pesos a Contribuciones de Mejoras; 157 mil 081.7 millones de pesos a Derechos; 16 mil 488.3 millones de pesos a Productos; 203 mil 520.5 millones de pesos a Aprovechamientos, y un billón 630 mil 973.6 millones de pesos a Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos.
Además, 232 mil 630.4 millones de pesos provendrían de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones, y un billón 472 mil 626.4 millones de pesos a Ingresos Derivados de Financiamientos. Asimismo, derivado del monto de ingresos fiscales, se tenía la proyección de una recaudación federal participable ,por un monto de 5 billones 339 mil 634 millones de pesos.
Entre los puntos relevantes, el dictamen propuso la autorización al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para contratar créditos o emitir valores únicamente con el objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras y hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras.
Igualmente, planteó la obligación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) de presentar las declaraciones, hacer pagos y cumplir con las obligaciones de retener y enterar las contribuciones a cargo de terceros ante la Tesorería de la Federación (TESOFE), mediante el esquema que para tal efecto estableciera el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Asimismo, se actualizaron las tasas de recargos aplicables a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, con el fin de promover el cumplimiento oportuno de las contribuciones fiscales y en consecuencia obtener los ingresos tributarios necesarios, para cubrir los programas sociales que beneficiarían a la población.
También se ratificaron los convenios celebrados entre la federación y las entidades federativas, sus organismos autónomos y municipios, incluyendo a los organismos descentralizados de los estados, en los cuales se finiquitarían adeudos entre ellos.
De igual manera, se preveía que los recursos remanentes de los procesos de desincorporación de entidades concluidos, que no contaran con un destino específico en las disposiciones aplicables, se concentrarían en la Tesorería de la Federación, para programas que permitieran cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
También estableció la medida que permitiría a las organizaciones civiles y fideicomisos que de forma inmediata realizaran las labores de rescate en la emergencia y contribuyeran en la reconstrucción y restablecimiento de las actividades económicas en el caso de desastres naturales, recibir recursos de donatarias autorizadas que contaran con un buen historial de sus obligaciones fiscales ante el SAT.
Además, se fijó una tasa de retención aplicable a las personas morales que obtuvieran ingresos por la enajenación de bienes y prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares.
Asimismo, se autorizó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a reducir hasta el cien por ciento del monto correspondiente a multas y recargos derivados de adeudos por concepto de cuotas obrero-patronales a cargo de entes públicos, generados hasta el 31 de diciembre de 2025.
También se facultó al SAT para que emitiera reglas de carácter general para la competencia de la FIFA México, que le permitieran la clasificación fiscal de los beneficiarios, así como precisar los alcances y condiciones en que se tendrían por cumplidas las obligaciones fiscales derivadas de las actividades vinculadas con el evento deportivo relativas al pago, traslado, retención, recaudación y entero.
