La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retiró el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que proponía avalar que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobre a las maquiladoras 44 mil millones de pesos por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) no retenido, de 2019 a 2023, según el periódico Reforma.
El medio informó que el proyecto de contradicción de tesis 8/2025 estaba enlistado para ser discutido mañana 2 de octubre, sin embargo, fue retirado y “ya no aparece ni para esta, ni para la siguiente semana”.
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La lista de proyectos fue modificada luego de que la SCJN decidió sesionar en su sede alterna en la colonia Guadalupe Inn, al sur de la Ciudad de México, por las protestas conmemorativas a la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968.
El rotativo refirió que en el proyecto de Yasmín Esquivel se lee: “El adquirente residente en México, por una parte, debe pagar el impuesto por la importación definitiva de las mercancías como sujeto pasivo o causante y, por otra, debe enterar el impuesto por enajenación causado por el residente en el extranjero, en su calidad de retenedor”
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Según Reforma, el 23 de septiembre pasado, la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales del SAT presentó un escrito amicus curiae (opinión del caso) a la ministra, aunque se desconoce el contenido de ese documento.
En el asunto que se retiró para discusión y votación del pleno, la SCJN sólo establecerá la interpretación de la regla del SAT prevista en las Misceláneas Fiscales, sin definir si es Constitucional.
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El 27 de febrero de 2025, los entonces integrantes del pleno de la SCJN aplazaron la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa sobre la contradicción de criterios en torno al pago del IVA en operaciones hechas por maquiladoras que están en el programa IMMEX.
La propuesta de posponer la discusión y votación fue planteada por la ministra Lenia Batres Guadarrama argumentando que en la ponencia Esquivel Mossa faltaba un análisis sobre el impacto económico que tendría una resolución contraria al proyecto, ya que el fisco podría perder 13,500 millones de pesos de multa y recargo. Lo cual, implicaría una “condonación ilegal” que comprometería la continuidad de políticas públicas y programas sociales en perjuicio de la población más vulnerable.
En la sesión, los ministros Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y la propia Esquivel Mossa consideraron que debía aplazarse la discusión, pero por razones “objetivas y jurídicas”, a diferencia de lo esgrimido por Batres Guadarrama.
Laynez Potisek incluso se manifestó en contra de que se requiera un análisis financiero para tomar una decisión adecuada. “Con todo respeto qué significa eso, que si hay un gran impacto la norma es constitucional o si el impacto es menor en otro grado pudiéramos declararla inconstitucional. Con todo respeto yo nunca compartiría como juez constitucional un razonamiento de este tipo”. La única ministra que estuvo en contra de que el asunto se aplazara fue Loretta Ortiz Ahlf. A la postre, el asunto no volvió a enlistarse para que los ministros salientes lo discutieran y lo votaran.
El asunto es considerado por empresarios como un intento de la autoridad por gravar dos veces una misma operación.
“La Regla de Comercio Exterior establece una ficción legal que considera exportadas virtualmente las mercancías y, por ende, su venta se efectúa en el extranjero. No puede sostenerse que la misma mercancía se ubique simultáneamente fuera de México para efectos de importación y dentro del país para efectos de enajenación. Esta contradicción vulnera el principio de neutralidad y proporcionalidad tributaria, generando una carga fiscal indebida”, señaló entonces a ZETA el presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Vega Solís.
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