El empresario Ricardo Salinas Pliego acusó, el 20 de octubre de 2025, que existía una orden dirigida a los gobernadores de la auto denominada “cuarta transformación”, para investigar sus empresas y, en el caso de Sinaloa -cuyo mandatario estatal es Rubén Rocha Moya, militante de Morena-, rescindirle la concesión del estadio que ocupa el equipo de fútbol Mazatlán FC.
“Ya me habían informado sobre la existencia de esa orden. Hace unos días me filtraron, desde el gobierno de Sinaloa, que había instrucciones dirigidas a todos los gobernadores para investigar a mis empresas y, si era necesario, inventar algo en mi contra. En Sinaloa, en particular, están buscando la manera de ir en contra de mi equipo de futbol y de la concesión del estadio otorgada por el anterior gobierno del estado”, denunció el magnate regiomontano, en su cuenta de la red social X.
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“¿Se darán un balazo en el pie los sinaloenses intentando sacar a mi equipo de Mazatlán, justo en este momento tan complicado para ellos con el tema de la violencia? Les recuerdo que mi equipo les aporta publicidad, flujo turístico, económico y proyección positiva para el estado… ademas (sic), la concesión del estadio y llegada del equipo a Sinaloa fue realizada apegada a la ley”, afirmó Salinas Pliego.
El estadio fue cedido al club de fútbol Mazatlán FC, por Quirino Ordaz Coppel -ex gobernador de Sinaloa, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de octubre del 2021-, actual titular de la Embajada de México en España, cargo que el político sinaloense había ocupado desde el 18 de abril del 2022, durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que le valió la expulsión como militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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“Señor Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas): En atención a su mensaje publicado en esta misma red el día de hoy, me permito puntualizarle lo siguiente: En el Gobierno de Sinaloa, que encabezo en mi carácter de titular del Poder Ejecutivo del Estado, tenemos absolutamente claro que la certidumbre jurídica constituye un elemento central del Estado de Derecho, y una condición indispensable para el desarrollo de toda índole, especialmente el desarrollo económico”, respondió Rocha Moya, también en X.
“En esa virtud, considero oportuno aclararle, que no existe por parte de las instituciones del Estado investigación alguna en contra de las empresas de Grupo Salinas, y menos aún con respecto al estadio de futbol, casa y sede del equipo @MazatlanFC, el cual cuenta con una gran afición y multitud de seguidores que visitan nuestro puerto en cada partido”, agregó el gobernador sinaloense.
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“A usted, y a todos los empresarios de México y de otros países que invierten en Sinaloa, les damos garantías plenas de certeza jurídica y de respeto a los actos realizados conforme al derecho vigente en ésta y anteriores administraciones estatales. Pacta sunt servanda. Aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente”, enfatizó Rocha Moya.
“En la 4T el enojo contra Ricardo Salinas Pliego se ha convertido en una auténtica obsesión. Lo que comenzó como una disputa pública entre el expresidente López Obrador y el magnate ha escalado hasta niveles inéditos. Hoy existe, según fuentes de primer nivel en el gobierno federal, un grupo intersecretarial creado expresamente para investigar y, si es posible, destruir al dueño de TV Azteca, Banco Azteca, Elektra y Totalplay”, reveló, el mismo día, el periodista Mario Maldonado Padilla, en su columna de opinión publicada en el diario El Universal.
“La instrucción provino directamente de Palacio Nacional y es ejecutada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien coordina lo que internamente se conoce como el “grupo anti-Salinas”. En él participan también la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Consejería Jurídica de la Presidencia, además de algunas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, aseguró Maldonado Padilla.
“El mandato es configurar todos los posibles delitos contra Salinas Pliego y sus compañías, empezando por los temas fiscales, además de delinear un plan para tomar sus negocios. Las dependencias involucradas revisan simultáneamente auditorías fiscales, regulatorias y administrativas contra las empresas de Grupo Salinas, mientras los servicios de inteligencia financiera rastrean movimientos personales y corporativos. Se trata de una estrategia de desgaste total, una cacería de brujas”, abundó el periodista.
El 10 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que Salinas Pliego, ni su representación legal había hecho alguna afirmación de que sí iban a pagar la deuda fiscal de alrededor de 48 mil millones de pesos.
“No [no se había acercado], se ha dado la información, pero no ha habido, de parte del empresario o de sus representantes legales, algo que diga: ‘sí, sí voy a pagar'”, expuso la mandataria nacional, quien también recordó que Salinas Pliego tenía nueve casos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por una deuda fiscal de alrededor de 48 mil millones de pesos, y apuntó que si el empresaria llegara a pagar, obtendría descuentos establecidos en el Código Fiscal de la Federación (CFF).
“Este empresario tiene nueve casos en la Corte, esos casos como mencionó aquí la Procuradora fiscal tienen un monto de alrededor de 48 mil millones de pesos. Como lo mencionamos, si él, antes de llegar a la resolución de la Corte, decide pagar, puede tener los descuentos que están establecidos en el Código Financiero”, expresó el titular del Poder Ejecutivo Federal de la Federación.
“Tres de esos juicios, ya tienen asignados al ministro que va a hacer la ponencia, los otros todavía no tienen. Los otros casos que mencionó hace varios meses la Procuradora [Fiscal de la Federación] están en juicios en otros niveles, no han llegado a la Corte todavía, están en tribunales colegiales, algunos en tribunal administrativo, entonces todavía requieren su proceso, que con la nueva ley de amparo, serían procesos más cortos de lo que habían antes”, insistió Sheinbaum Pardo, quien también mencionó que aunque la SCJN resolviera que el grupo empresarial de Salinas Pliego debía pagar, todavía habría más procedimientos para realizar los cobros.
“Todavía hay varios procedimientos hacia adelante que están establecidos en el Código Financiero, una vez incluso que la Corte determine, que está revisando la Secretaría de Hacienda [y Crédito Público]. Son varios procesos para poder cobrar las deudas de este empresario o de algún otro empresario o persona que tuviera una deuda con el SAT. No es de un día a otro, sino que también es un proceso que se lleva. Todavía hay proceso que se tienen que seguir”, indicó la presidenta.
